El Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en mayo como una de las principales ayudas para los sectores más desfavorecidos, pero este colectivo tendrá que hacer frente a sus efectos colaterales. Unas consecuencias que se dejarán sentir en la próxima declaración de la renta de los 150.000 hogares perceptores de esta medida, que se corresponden con alrededor de 450.000 personas. 

Además de la escasa implantación del IMV -en diciembre sólo lo habían solicitado un 15% de los hogares previstos por José Luis Escrivá-, la medida presenta nuevos perjuicios para quienes se hayan beneficiado de ella, según denuncia el Colegio de Gestores Administrativos, que pide revisar la norma para evitar que los colectivos más vulnerables sufran sus consecuencias.

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Los receptores del IMV están obligados a presentar el IRPF en la próxima campaña de declaración de la renta, una obligación en la que entran todos los miembros de la unidad de convivencia, según se regula en el artículo 33 del Real Decreto 20/2020 sobre Ingreso Mínimo Vital. Una obligación que tendrán que cumplir los más desfavorecidos pese a no haber llegado al umbral mínimo de renta establecido. 

Además, quienes se hayan acogido a esta medida y sólo perciban la renta del IMV tampoco se beneficiarán de una larga lista de deducciones fiscales. Así, no e les aplicará la deducción por discapacidad ni por familia numerosa, como tampoco lo harán las deducciones por maternidad y por gastos de guardería. Así,  en caso de que en la unidad de convivencia haya alguno de sus miembros que perciba más de 1.800 euros al año, no podrán deducirse las cantidades establecidas por descendientes o ascendientes, con o sin discapacidad.

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Entre los problemas que denuncia el Colegio de Gestores Administrativos, también está el hecho de que al considerarse el IMV como una prestación no contributiva, las madres perceptoras del IMV como única fuente de ingresos no pueden beneficiarse ni de las deducciones por maternidad ni por gastos de guardería por estas percepciones.En la explicación del IMV publicada por el Ministerio de Derechos Sociales, sí se detalla que esta medida "será compatible con otras ayudas sociales de carácter finalista, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares", pero deja a un lado las ayudas fiscales para algunas de las situaciones más frecuentes como la maternidad.

"Más coordinación entre ministerios"

"Una vez más, se demuestra que legislar a toda velocidad sin pensar en los efectos que la norma puede suponerle al ciudadano convierte una medida populista en impopular", declara el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago.

"No parece de recibo que tener derecho a percibir una renta destinada a cubrir necesidades básicas, vitales, genere tal cúmulo de despropósitos; primero, obligando a familias con dificultades a presentar la declaración de la renta, aun cuando lo normal es que no les suponga tener que pagar el impuesto y, en segundo lugar, impidiendo a sus beneficiarios aplicar otras deducciones que, hasta ese momento, podían venir obteniendo", continúa.

Desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos piden al Gobierno revisar la norma y sus interpretaciones para que estas medidas recojan textualmente los beneficios quese comunicaron a los ciudadanos en un primer momento. Un objetivo para el que, a su juicio, hace falta una "mayor coordinación" entre los distintos ministerios del Gobierno.