Trabajo y Seguridad Social
El Gobierno paga 2,6M a Accenture para reforzar la Inspección mientras 86 subinspectores cobran sin trabajar
Una promoción de funcionarios de Inspección cumplirá año y medio cobrando un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo como consecuencia del limbo generado tras la división de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social

 La entrada de Unidas Podemos en el Gobierno y la multiplicación de los ministerios para dejar hueco a los ministros morados deja numerosos damnificados en la Inspección de Trabajo. La división en dos del antiguo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha llevado al limbo a una promoción completa de subinspectores de Trabajo, que van a pasar un año y medio cobrando un salario público sin posibilidad de trabajar. 

El resultado es que el Estado desembolsará hasta 2,2 millones de euros por mantener sueldos de funcionarios de Subinspección que no pueden acudir a un puesto de trabajo al no habérseles asignado plaza. Mientras se da esta circunstancia, el Gobierno ha adjudicado 2,6 millones de euros a la consultora Accenture para reforzar la Inspección ante el incremento de carga de trabajo. Una externalización destinada a detectar el fraude laboral en torno a los ERTE que podrían haber realizado los funcionarios ya en nómina. 

[Los inspectores de Trabajo se sublevan contra Díaz: "Quieren suplirnos con robots"]

En total son 86 los subinspectores afectados que se presentaron la oposición en junio de 2019 y que, una vez aprobados, fueron 'nombrados' oficialmente funcionarios en diciembre de 2019. Pese a que entonces comenzaron a percibir un sueldo público, más de un año después continúan sin poder trabajar y no empezarán a hacerlo al menos hasta el próximo junio. Así lo ha reconocido el Ministerio de Trabajo en una comunicación hacia este colectivo que, desesperado ante la situación, se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el departamento de Yolanda Díaz para buscar una solución. 

"Con tantos ERTEs y las cotizaciones, hay muchísimo trabajo en la pandemia. Leo a la ministra que dice que va a dar más recursos a la Inspección y tiene a 86 personas que cobramos dinero público sin hacer nada, porque tampoco nos dejan hacer otras cosas", lamenta uno de los subinspectores afectados, que prefiere preservar su identidad. Durante los peores compases de la pandemia, y ante el importante volumen de trabajo en la Inspección laboral, los integrantes de esta promoción se ofrecieron para prestar ayuda. "Hemos intentado que nos dejaran por lo menos ayudar en las inspecciones donde hicimos las prácticas. Sabemos que están con mucha carga laboral y muchas personas solicitando ayudas, pero no nos dejan. No nos dejan ni ayudar ni quitarle trabajo a nuestros compañeros", lamenta. 

[Cerco de Yolanda Díaz a los empresarios: sanciones automáticas a través de un algoritmo]

Esta situación, que no tiene precedente alguno, también dejará consecuencias a medio plazo: "Esto va a repercutir en el trabajo cuando nos destinen, no vamos a saber hacer nada", destaca el funcionario, que lamenta que su trabajo se ha "devaluado" con el tiempo de inexperiencia. "Comenzamos la oposición en 2018 y la sacamos la oposición en junio de 2019. C cuando nos incorporemos vamos a llevar dos años sin hacer nada. Se nos han olvidado los programas más básicos de la Inspección, vamos a llegar y no vamos a saber qué hacer". 

 Desde CSIF atribuyen esta situación al limbo que se produjo con la división del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ahora está dividido en un departamento dirigido por Yolanda Díaz y otro por José Luis Escrivá. Aunque los inspectores y subinspectores de Trabajo detectan fraude laboral y a la Seguridad Social, finalmente fue el ministerio morado quien asumió las competencias y donde se ubica ahora la Dirección de Inspección del Trabajo. 

2,2 millones de salarios 'vacíos'

El Gobierno prevé abrir en las próximas semanas la apertura de toma de posesión de plazas por parte de los subinspectores laborales pendientes de destino, un proceso que se completará el próximo junio como pronto, según las previsiones del Ministerio. Hasta entonces, cada uno de los 86 subinspectores laborales de afectados va a estar un año y medio recibiendo 14.000 euros anuales, el sueldo del llamado 'funcionario en prácticas' hasta que se convierte en funcionario de carrera con su toma de posesión. Esta cifra arroja un total de 1,8 millones de euros del erario público destinado a las nóminas de personal a quienes no se les permite trabajar en la Inspección, mientras este organismo pasa verdaderos apuros para llegar a hacer su trabajo con los actuales medios materiales. 

La nueva promoción de subinspectores toma el relevo en esta situación y ya lleva desde diciembre recibiendo un salario público pese a no poder acceder a sus plazas

Sin embargo, la promoción de 2019 no son los únicos afectados; los 53 subinspectores laborales que se presentaron a la oposición en 2020 y que sacaron plaza ya están en la misma situación: cobrando del Estado pero a la espera de destino. Un escenario que se prolongará aún más en el tiempo, debido a que no podrán acceder a la asignación de puestos que tendrá lugar en verano. 

Esta nueva promoción aprobó oficialmente en diciembre y desde entonces percibe una nómina del estado, de manera que hasta junio el Estado habrá desembolsado  432.833 euros en mantener a esta promoción sin asignarle tampoco carga de trabajo. En total, alrededor de 2,2 millones de euros en masa salarial en funcionarios que no pueden ejercer. 

Pese a la disponibilidad de casi un centenar de subinspectores laborales durante la pandemia, el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá licitó el pasado verano un contrato para reforzar la Inspección de Trabajo y detectar el fraude a la Seguridad Social. Así, destinó 2,6 millones de euros a la consultora Accenture para analizar datos [ver pliego] y ayudar a la detección de este tipo de infracciones, una labor que podían haber realizado los funcionarios de haber tenido destino.

Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.