Lo que mal empieza, mal acaba. El Gobierno quiso dar carácter normativo a la gestión de los fondos europeos a través de un decreto en vez de una proposición de ley y a punto estuvo de fracasar, si no llega a ser por la inesperada ayuda de Vox. Ahora, una vez revelado que ocultó un dictamen del Consejo de Estado "demoledor" con el texto presentado en la Cámara, el Ejecutivo, tras la petición de los partidos, está obligado a presentarlo en el Congreso.

El plazo para ello, confirman a LPO fuentes parlamentarias y del Ejecutivo, es de 30 días. Para entonces, afirman estas fuentes, "todo ha podido quedar en el olvido". Por ese motivo, precisamente, algunos cargos del Gobierno apuestan por alargar los plazos, a la espera de ‘escurrir el bulto'.

Otros, sin embargo, temen que el asunto siga coleando durante todo ese tiempo y se alimenten todo tipo de especulaciones sobre el contenido del dictamen. Además, no descartan que se filtre a algún medio y se publique de forma inminente. Por ese motivo, apuestan por hacerlo público cuanto antes.

Las fuentes consultadas advierten, en todo caso, que al Gobierno le ha salido mal la jugada: "Para un decreto no es obligatorio pedir dictamen del Consejo y se hizo esperando un posicionamiento favorable". El Consejo de Estado, sin embargo, no ha cumplido con las expectativas del Ejecutivo. Según las fuentes consultadas, el informe, muy extenso -96 páginas- es "demoledor" contra el decreto.

Para un decreto no es obligatorio pedir dictamen del Consejo y se hizo esperando un posicionamiento favorable. El Consejo de Estado, sin embargo, no ha cumplido con las expectativas del Ejecutivo

Más allá del debate existente ahora en el seno del Ejecutivo sobre la conveniencia o no de publicar ya el dictamen o esperar los 30 días de plazo máximo que marca el Congreso, lo cierto es que este no es el primer informe del órgano consultivo que no publica el Gobierno: ya actuó de la misma forma hace dos meses.

En diciembre, el Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo solicitó un dictamen al Consejo de Estado para respaldar la impugnación de la norma del Gobierno de Canarias que permitía la realización de test alternativos a los PCR en los aeropuertos del archipiélago.

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El órgano consultivo dio la razón al Ejecutivo, que trató de negociar un acuerdo con el gobierno del socialista de Ángel Víctor Torres. Para facilitar ese entendimiento, Moncloa decidió no hacer público el dictamen.

Finalmente, y ante la resistencia de Canarias a modificar su normativa, el Gobierno llevó el asunto al Tribunal Constitucional, argumentando, en base al dictamen del Consejo de Estado, que había podido ver vulnerada la competencia del Estado en materia de Sanidad Exterior recogida por la Constitución.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite por unanimidad el conflicto de competencias presentado por el Ejecutivo central y suspendió varios apartados del decreto aprobado por Canarias. Pedro Sánchez y Carmen Calvo, por tanto, lograron su objetivo, pero tampoco entonces hicieron público el dictamen.