El PP vuelve a contratar a Albert Rivera en busca de un nuevo éxito en los tribunales. Después de lograr que la semana pasada el Tribunal Constitucional admitiera el recurso contra la ley catalana que regula los precios del alquiler, Pablo Casado ha vuelto a confiar en el bufete del ex presidente de Ciudadanos para tratar de tumbar en el TC la reforma educativa de Isabel Celaá.

El pasado mes de octubre, LPO desveló en exclusiva los contactos existentes entre el Partido Popular y Martínez-Echevarría & Rivera, el bufete de abogados en el que trabaja Albert Rivera. En la información de este medio, se anunciaba también el asesoramiento del despacho para la preparación de "recursos a leyes aprobadas en Cataluña".

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La noticia se confirmó apenas semanas después: el PP de Pablo Casado había pedido al equipo de abogados de Rivera que preparara un recurso ante el Constitucional contra la ley que regula los precios de los alquileres en Cataluña, y que fue aprobada por el Parlament el año pasado.

En el citado texto, se obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, quedando exentos, eso sí, los arrendadores vulnerables, considerados como tales aquellos que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

Ya en la noticia publicada por LPO en octubre, se indicaba el nombre de Juan José Zabala, socio de administrativo, regulatorio y energía en el bufete de Rivera, como un actor clave en el posible recurso del PP. Ahora, y tras confirmarse la admisión a trámite por parte del TC del escrito elaborado por Martínez-Echevarría & Rivera, las fuentes consultadas por este diario confirman que su papel ha sido fundamental.

Ex abogado del Estado e incorporado por Rivera al bufete en septiembre, ya participó, desde ese puesto, en la elaboración de varios recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno. Ahora, hace lo propio desde el despacho de abogados que lidera el ex presidente de Ciudadanos.

El recurso contra la denominada ‘Ley Celaá' es el nuevo reto judicial que afrontan en el bufete de Albert Rivera después de que el Partido Popular haya vuelto a contratar sus servicios. Los de Pablo Casado ya advirtieron el pasado mes de noviembre, después de su aprobación en el Congreso, que la reforma educativa contenía artículos contrarios a la Constitución que eran recurribles.

Los populares destacaron entonces que la eliminación del castellano como lengua vehicular atentaba contra el artículo 3 de la Carta Magna. Del mismo modo, defendieron que la supresión del concepto de "demanda social" también atacaba al artículo 27, que otorga a los padres la libertad para elegir la educación para sus hijos.

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Sobre estos y otros aspectos de la Ley Celaá deberá decidir el Tribunal Constitucional una vez que el PP presente el recurso en el que ya están trabajando en el bufete Martínez-Echevarría & Rivera.

Las fuentes consultadas por LPO afirman que la relación entre Pablo Casado y Albert Rivera es muy fluida y que el presidente del PP tiene confianza plena en lograr otro éxito en los tribunales de la mano del ex presidente de Ciudadanos. Rivera, por su parte, mantiene su decisión de no volver a la política, aunque cargos del PP reconocen que el partido le recibiría con los brazos abiertos.