Judicial
El CGPJ nombrará a dos jueces del Tribunal Supremo antes de que PSOE y Podemos se lo impidan
El órgano de los jueces tiene previsto un pleno el próximo 25 de febrero, y confían en que sea antes de que se haga efectiva la reforma que limita sus funciones

El Consejo General del Poder Judicial prepara dos nombramientos de calado antes de que se haga efectiva la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos para limitar sus funciones. El órgano que preside Carlos Lesmes volvió a desafiar al Gobierno este jueves designando a siete jueces -tal como adelantó LPO- y lo hace el mismo día en que los socios de coalición daban un paso más en el Congreso para el trámite de urgencia de esta proposición de ley, que impedirá al CGPJ realizar nuevos nombramientos mientras esté en funciones, cosa que ocurre desde hace dos años, cuando se constató la falta de acuerdo entre partidos para su renovación. 

Así, desde el CGPJ defienden que seguirán funcionando hasta el último día, y confían en poder llevar a cabo los que podrían sus últimos nombramientos antes de la reforma, con la elección de dos magistrados para la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sustitución de dos jueces que se jubilaron en noviembre y cuya convocatoria de plaza se publicó en el BOE del pasado 2 de enero. Se buscaría así sustituir a Antonio Salas Carceller y Eduardo Baena Ruiz. 

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Los dos nombramientos en el Alto Tribunal se llevarían a cabo en el pleno del CGPJ convocado para el 25 de febrero. Fuentes del órgano consideran que "por mucho que se corra" en los trámites parlamentarios, la reforma no se hará efectiva antes de esta fecha, por lo que podrán efectuarse estas designaciones. Una vez admitida a trámite la proposición de ley, tendrá que admitirse en el Senado y después volver al Congreso de los Diputados para su debate y votación definitiva.

 En la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tribunal también se jubilaron a finales de año los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego, aunque sus plazas aún no han sido convocadas y podrían quedarse vacantes cuando salga adelante la reforma de PSOE y Podemos, puesto que los magistrados de este tribunal son los únicos que son completamente discrecionales, sin que el cargo pueda recaer sobre otros jueces de manera interina, tal como sí ocurre en los juzgados ordinarios. 

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Hasta ahora, los movimientos del CGPJ en materia de nombramientos se atienen a dos criterios desde que Lesmes decidió reactivarlos este verano, después de meses manteniendo plazas sin adjudicar para promover el pacto entre los grandes partidos. Una vez frustrado el acuerdo entre PP y PSOE, el CGPJ volvió a ejercer sus competencias, siempre respetando dos premisas: que haya una amplia mayoría de acuerdo con la elección de los nuevos jueces, con entre 16 y 18 votos de la veintena de vocales; y que el nombramiento sea imprescindible para no obstaculizar el nombramiento de la Justicia. Es por ello que las plazas aprobadas en los últimos meses se refieren a presidencias de las 50 audiencias provinciales o 17 tribunales superiores autonómicos. 

La carrera entre el Poder Judicial y los socios del Gobierno está echada. A primeros de diciembre PSOE y Unidas Podemos presentaron la reforma mediante la fórmula de proposición de ley para evitar los trámites preceptivos obligatorios en caso de que lo presentaran como Gobierno mediante la fórmula de anteproyecto de ley, por la que necesitarían solicitar un informe preceptivo al CGPJ. Después de 'puentear' a este órgano, socialistas y morados acordaron tramitarlo por la vía de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos, le dieron luz verde a su trámite el pasado 15 de diciembre y este jueves decidieron incluir a contrarreloj el debate de las enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso de este jueves. Todo ello, con el objetivo de acelerar los plazos para presionar al PP y que se avenga a un reparto de sillones del órgano de los jueces. 

Informe del 'sí es sí', en febrero

En el mismo pleno del 25 de febrero también está previsto que se lleve a votación el informe preceptivo que requiere el proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', elaborado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. 

Fuentes del órgano detallan a LPO que, aunque este informe estaba previsto para aprobarse esta semana, se ha retrasado debido a la complejidad que conlleva analizar una ley integral que afecta a múltiples ámbitos, desde el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de violencia de género .

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La propuesta, que acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual y pone el foco en el consentimiento, fue objeto de polémica en marzo días antes de la manifestación del 8M, cuando estallaron las discrepancias entre los ministerios de Justicia e Igualdad, por las que Pablo Iglesias llegó a llamar machista al ministro Juan Carlos Campo, que había advertido de los fallos técnicos de la norma. Meses después, en verano, se retiró el texto que había sido enviado al CGPJ y al Consejo Fiscal para que emitieran su informe, porque, apuntaron fuentes del Ejecutivo, faltaban todavía aportaciones de otros departamentos ministeriales y comunidades autónomas.

El anteproyecto llegó finalmente al CGPJ en octubre y la semana pasada la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, confió en que el órgano de gobierno de los jueces no se demorara más allá de este jueves y no pidiera muchas modificaciones porque la ley, dijo, es "técnicamente muy rigurosa".

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