Gobierno
Los inspectores de Trabajo se sublevan contra Díaz: "Quieren suplirnos con robots"
Los funcionarios exigen a la ministra de Trabajo que retire el real decreto aprobado y adelantan que iniciarán medidas legales en caso de no hacerlo

Los sindicatos de inspectores y subinspectores de Trabajo se sublevan contra la ministra Yolanda Díaz tras la aprobación este martes de un real decreto que incluye la automatización de las sanciones en materia laboral, gracias a algoritmos y big data. Los trabajadores de Inspección de Trabajo piden al Ministerio de Trabajo la retirada de esta norma y amenazan con adoptar medidas legales en caso de que esto no suceda. "Es un procedimiento que no cumple con la ley, no da seguridad y no mejora la actuación de la Inspección, todo lo contrario", censuran los representantes de los trabajadores en declaraciones a LPO. 

El decreto contempla que el sistema informático, a través de cruces de datos y distintas variables, emita de oficio expedientes sancionadores, sin que sea necesaria la labor de los funcionarios de la Inspección de Trabajo. Un extremo que ha soliviantado al cuerpo de inspectores y subinspectores, que llevan años reclamando mayor dotación económica y de personal para la lucha contra el fraude laboral, que ha sido uno de los ejes discursivos del Gobierno y que se ha recrudecido durante la pandemia, principalmente con la revisión de los ERTE, el cumplimiento de condiciones para la obtención de ayudas y las normas aprobadas en materia de salud y prevención laboral. 

Los sindicatos de inspectores y subinspectores de Trabajo piden retirar la norma y amenazan con recurrirla en los tribunales

Ahora, consideran que el Ministerio de Trabajo trata de suplir sus reivindicaciones para ampliar la plantilla con un algoritmo para emitir este tipo de sanciones. "Se quiere sustituir nuestra labor por robots", censura Ana Ercoreca, portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), que censura la falta de diálogo con el cuerpo implicado: "No se nos ha dado trámite de audiencia. Solicitamos su inmediata retirada o anulación. En caso de que no sea así estudiaremos todas las medidas para recurrir este procedimiento".  Además, advierte que "si esto es la tirita que van a poner para mejorar el cuerpo de Inspectores, es dejarnos en coma. Esto no cura, ni nos mejora, ni nos arregla nada".

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"La norma vulnera la ley, porque es una competencia que tenemos en exclusiva inspectores y subinspectores que somos los que sancionamos", detalla, añadiendo que "es mentira que vaya a dar mayor seguridad jurídica, como han dicho". Se refiere así que el nuevo sistema sancionador es automático y no requiere de una actividad comprobatoria por parte de la inspección, vulnerando las normas que regulan el trabajo de la Inspección (Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social). 

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social también determina que las actas sancionadoras tendrán lugar después del trabajo de campo del funcionario y recogerán "los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", algo que no sucedería en el nuevo procedimiento.

Los errores del sistema amenazan con recaer sobre los usuarios, que tendrían que contratar a asesores o abogados para recurrir las fallas del procedimiento

"No se puede sancionar un procedimiento a través de una máquina", abunda Ercoreca, que advierte de que los errores se traducirán en perjuicios para los usuarios, que tendrían que contratar a asesores o abogados para recurrir las fallas del sistema. Errores que pueden darse a la hora de imponer alguna de las infracciones, como en casos de contratos fraudulentos en el último tramo de embarazo para cobrar la prestación por maternidad, podría darse esta circunstancia, expone la portavoz. "Los funcionarios examinamos esos contratos y lo determinamos. Si una máquina detecta un contrato justo antes del embarazo, puede archivarlo como fraudulento, pero puede que el contrato sea real", continúa la cara visible del sindicato mayoritario de Inspectores de Trabajo, que advierte de que "no ganamos en legalidad ni en seguridad jurídica". 

La labor de Inspección, reconvertida en tareas de firma

A la espera de que se conozca todavía el texto definitivo, los representantes de los trabajadores esperan conocer el alcance de aplicación de la medida. Aunque la idea inicial es que haya determinados comportamientos que puedan ser objeto de una actuación masiva, desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo exigen saber si "va ser actuación ordinaria o puntual". "Nosotros entendemos que siempre garantiza más a las empresas que haya actuación inspectora previa", apunta Mercedes Martínez, portavoz de este sindicato, que aboga por que las sanciones sean "el origen de nuestra actuación". 

La valía de la Inspección de Trabajo es comprobar las condiciones en el propio centro", destacan desde el Sindicato Progresista de Inspección de Trabajo

"Si va a ser algo extendido en nuestras actuaciones no nos podemos manifestar a favor porque la valía de la inspección de trabajo es comprobar las condiciones de trabajo en el propio centro", continúa. Advierte también de otra de las principales amenazas para este cuerpo funcionarial, ya que podría "convertir nuestra actividad habitual en una labor de firma de sanciones". "Creemos que la Inspección tiene una labor más interesante en las labores comprobatorias". 

"Lo que no pueden hacer es que nuestra actuación se convierta en ese tipo de acción. No sería ni siquiera trabajo administrativo sino un trabajo de firma, porque necesitaría nombre y apellido del personal inspector", detalla Martínez, que cree que la medida "no va en ese sentido", sino en "dar mayor cobertura legal" para acabar con "ciertos incumplimientos generalizados". 

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