Moncloa castigará a las CCAA que no gasten sus fondos europeos
El Gobierno advierte que habrá un "reparto condicionado" y que si una Comunidad se retrasa en la ejecución de los acuerdos con el Estado pondrá en riesgo el desembolso global

La guerra territorial por el reparto de los fondos europeos está servida. Si la asignación de 10.000 millones de euros de un primer paquete de ayudas (React-EU) levantó hace quince días las voces de dirigentes regionales como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el criterio de reparto del grueso de las ayudas que recibirá España en los próximos años aboca a otro conflicto entre la administración central y las autonómicas.

De momento, Moncloa ya va avisando de que no habrá un reparto territorializado como pretenden algunos dirigentes regionales, sino que Europa desembolsará el dinero en base a "un único plan nacional". Habrá un primer anticipo y después dos pagos anuales desde las instituciones comunitarias que el Gobierno se encargará de repartir más tarde con criterios que, en su mayoría, aún se desconocen. Nuestro país recibirá este año un primer pago de 27.000 millones de euros de los 140.000 que le corresponden (70.000 en subvenciones a fondo perdido hasta 2023 y otros 70.000 en préstamos que se pedirán hasta 2026).

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De los primeros, las CCAA pueden llegar a manejar hasta el 50%, según los cálculos del Ejecutivo central, Pero esos pagos se realizarán no sólo en base al cumplimiento de hitos vinculados a la aprobación de reformas legislativas que España está negociando, sino también al resultado de las inversiones en campos como la digitalización de pymes, la formación de personas, la mejora industrial o la reducción de emisiones.

"En la medida en que hay fondos que se distribuyen a las CCAA, están sujetas también a los cumplimientos de esos objetivos. Y si una Comunidad no cumple, no se los gasta o se retrasa, pone en peligro el desembolso de todos los fondos para todos", alerta el director del departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia, Manuel de la Rocha, al que Sánchez ha elevado recientemente a la categoría de secretario general.

En este sentido, desde la Oficina Económica de Moncloa se remarca que a diferencia de los fondos estructurales tradicionales que están en el Marco Financiero Plurianual, los de reconstrucción tienen un carácter adicional que obligará al Gobierno a "poner" condiciones a las CCAA. Y además amenaza con castigar a las que no cumplan. "Estamos tratando de diseñar mecanismos e incentivos positivos y negativos; positivos para que aquellas que ejecuten y cumplan, puedan obtener más fondos. Y para que aquellas que no ejecuten, no pongan en peligro los objetivos", ha dicho este miércoles De la Rocha en un encuentro organizado por la Fundación Alternativas.

El plan de Sánchez pasa por que en las áreas donde las CCAA tengan competencias exclusivas o compartidas, se convoquen conferencias sectoriales y proceda a un reparto condicionado a la firma de convenios entre el Estado y las autonomías. Además, el Gobierno trabaja ya en la articulación de "mecanismos desde arriba" para garantizar que si el dinero no se gasta, no se ponga en riesgo el desembolso global que debe recibir España. Por el momento no han trascendido en qué pueden consistir. 

El Gobierno trabaja ya en articular "mecanismos desde arriba" para garantizar que si el dinero no se gasta, no se ponga en riesgo el desembolso global

Además, la intención del Gobierno central es hacer "un seguimiento muy estrecho" de a qué se destina el dinero que transfiera a los gobiernos regionales. De momento, las CCAA están diseñando sus propios planes y seleccionando los proyectos que consideran financiables con los fondos de reconstrucción. Pero desde el Gobierno animan a las autonomías a fijarse especialmente en las partidas de los Presupuestos Generales de 2021 recientemente aprobados, donde el Ejecutivo ha incluido 26.000 millones de gasto financiable con cargo a los fondos comunitarios todavía pendientes de recibir.

Desde Moncloa también instan a las CCAA a que revisen en profundidad el Real Decreto de reforma de la Administración aprobado recientemente por el Consejo de Ministros para reducir las trabas burocráticas y piden a los gobiernos regionales que "apliquen una norma similar en los procedimientos" que afecten a sus competencias. "De nada sirve que a nivel del Estado podamos avanzar si hay un 40% o 50% de los fondos que se ejecutan a nivel autonómico y ellos siguen con una excesiva burocracia", ha reflexionado De la Rocha.

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En cuanto a los ayuntamientos, el Ejecutivo trabaja en el diseño de dos niveles para canalizar el dinero comunitario hacia las entidades locales. Para los consistorios de pequeño tamaño, sobre todo los de la España rural, tiene previsto crear un fondo específico. Y para los más grandes, estudia establecer algún mecanismo que les permita recibir el dinero de forma directa. En cualquier caso, las CCAA repartirán fondos a los ayuntamientos en sus ámbitos territoriales.

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