El preacuerdo alcanzado entre España y Reino Unido sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit, por el que pretende derribarse la verja física, también contempla la apertura de un nuevo sistema de Seguridad Seguridad coordinado entre ambos países; una fórmula mixta para gestionar la recaudación de los gibraltareños que emprendan actividades económicas tanto en el Peñón como en estados miembros de la Unión Europea. 

A efectos prácticos, el acuerdo busca implantar un sistema similar al que ha estado vigente hasta ahora, y en el que Reino Unido se adapte a la normativa europea. El nuevo modelo estará supervisado por una Comisión de la UE a la que podrá acudir como observador el país británico, que también se verá obligado a remitir electrónicamente la información relativa al ámbito de la Seguridad Social. 

El borrador, al que ha tenido acceso LPO, está redactado en inglés, y sólo los dos últimos anexos -dos páginas en total- figuran en castellano. El documento ha sido objeto de polémica en los últimos días, después de que la ministra de Exteriores Arancha González Laya se comprometiera a explicarlo en el Congreso antes de hacerlo público y se filtrara días después. Un episodio que la dirigente trató de salvar con una reunión de urgencia adelantada por LPO en la que culpó a las instituciones europeas sobre dicha filtración. 

En este texto, que ya está en poder de todos los estados miembros pero que aún no se ha hecho público en España, se propone "acordar un régimen de coordinación de la Seguridad Social que sea de aplicación" para los residentes en Gibraltar "que inicien una actividad económica por cuenta propia o ajena en países miembros de la Unión Europea" a partir del pasado 1 de enero del 2021, así como para cualquier ciudadano, independientemente de su nacionalidad, que inicie estas actividades en Gibraltar a partir de esta misma fecha. Este nuevo sistema también afectaría a sus familiares así como a las personas que reciban ayudas o prestaciones derivadas de estas actividades económicas. 

Este documento, que establece las bases del acuerdo final que fijará la UE y Reino Unido, intenta fomentar la actividad económica en el campo de Gibraltar, además de promover la movilidad entre España y el Peñón, favoreciendo el emprendimiento de los gibraltareños en Europa y dando soporte a quienes ven en Gibraltar un lugar para comenzar un negocio. 

Esta fórmula garantiza la Seguridad Social y la asistencia sanitaria a todos ellos, aunque de salir adelante estaría por definir el sistema de cotización y recaudación de impuestos establecido entre ambos países.

El régimen propuesto, señala el texto, supondría la aplicación de las normas europeas en materia de coordinación de Seguridad Social, que estará supervisado por la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social.

Además, se contempla que Reino Unido forme parte de este órgano de la Unión Europea en calidad de observador "y pueda enviar un representante, para asistir con carácter consultivo, a las reuniones", advierte el documento, que puntualiza que "Reino Unido participará en el intercambio electrónico de información sobre Seguridad Social (EESI, por sus siglas en inglés) y asumirá los gastos correspondientes, a efectos de la aplicación del presente Acuerdo".