Judicial
La SGAE inicia un ERTE mientras coloca a cargos con dietas de 1.200 euros por reunión
Planea una bajada de sueldo del 20% para sus empleados -no así sus directivos- y abre la puerta a vender el Palacio de Longoria, mientras afronta una demanda por nombramientos de políticos con alta remuneración

La Sociedad General de Autores y Editores vuelve a ser el centro de la polémica, en esta ocasión por su gestión económica. La entidad de gestión de derechos ha anunciado esta semana su intención de iniciar un ERTE entre sus trabajadores -no así entre su directiva-, al mismo tiempo en que se enfrenta a una demanda por haber creado una Comisión de Supervisión con cuestionados nombramientos que obtendrán un abultado sueldo. 

La particularidad de este órgano de control interno, que se aprobó en la pasada Asamblea General del 30 de noviembre, es que la mitad de sus miembros han sido elegidos a instancias de la cúpula de la SGAE, y entre ellos hay caras conocidas del PP, del PSOE y personas de confianza de la propia dirección que hoy preside Antonio Onetti. Además, la entidad ha otorgado a sus integrantes una dieta de 1.117 euros por cada una de sus reuniones -la misma remuneración que los miembros de la Junta Directivo-, con la previsión de que este organismo celebre múltiples encuentros para abordar lo que la propia sociedad de autores define como una "difícil situación económica". 

Antonio Onetti, presidente de la SGAE.

En un comunicado interno remitido este lunes 11 de enero, al que ha tenido acceso LPO, la dirección de Recursos Humanos de SGAE anunciaba que ponía en marcha el procedimiento de Expediente de Regulación Temporal de Empleo por motivos de fuerza mayor a causa del Covid-19 y urgía a sus trabajadores a conformar una comisión de representación en el plazo de cinco días para iniciar el proceso. La intención de la entidad, según fuentes conocedoras, es aplicar una reducción de sueldo y jornada del 20% a su plantilla, formada por 400 empleados. Un recorte que no se aplicará al personal directivo, alegando que también desempeñan su labor durante los fines de semana. 

En el comunicado, la SGAE informa de que "a pesar de haber realizado importantes medidas de ahorro para minimizar el impacto de la crisis sanitaria", el organismo "se ve obligado a adoptar esta medida para hacer frente a la difícil situación económica que atraviesa la entidad". 

Entre las medidas económicas adoptadas por la SGAE está eliminar los anticipos económicos que hasta ahora se facilitaban a los socios 

Entre las medidas está el reciente anuncio de cancelar los anticipos económicos que otorgaban hasta ahora a los socios: en lugar de repartir la liquidación de derechos periódicamente, los autores podían hasta ahora solicitar el desembolso de ciertas cantidades descontándolas de la liquidación final. Esta costumbre instaurada, que en la práctica permitía a los artistas holgura económica para el día a día, fue eliminada por la dirección unos días después de la Asamblea en la que nombraron a los miembros de un órgano con un cuantioso salario.

La SGAE delega la venta del Palacio de Longoria

Mientras la entidad, compuesta por 120.000 socios, reconoce abiertamente su delicada posición, ha creado un nuevo órgano -la Comisión de Supervision- formado por 10 integrantes a los que la dirección dispuso abonarles 1.117 euros por cada una de las múltiples reuniones que prevén mantener en las próximas semanas para abordar el aspecto financiero de la SGAE. 

Entre sus competencias, la dirección le delegó la posibilidad de vender el Palacio de Longoria, sede histórica de la SGAE, sin tener que consultar con los socios. En el orden del día, al que ha tenido acceso LPO, figura como punto número 7 la delegación de "aprobar las adquisiciones, ventas o hipotecas de bienes inmuebles", algo que ha sido interpretado por un sector como el paso previo para poner a la venta el emblemático edificio, aunque fuentes oficiales de la SGAE desmienten este extremo y aseguran que no está en su ánimo realizar esta operación. Este planteamiento, diseñado por la dirección para delegar competencias, salió adelante con el aval de los 747 socios que asistieron, un 0,62% de los 120.000 socios que componen la sociedad de autores. 

El emblemático Palacio de Longoria, sede de la SGAE,

La llamada Comisión de Supervisión es un elemento de reciente creación que todas las entidades de gestión deben introducir en su estructura de acuerdo con la legislación europea, con el objetivo precisamente de fiscalizar los órganos de gobierno de las sociedades de autor. En el caso de la SGAE se creó el pasado 22 de octubre y está formada por cinco miembros internos de la entidad -elegidos en elecciones- y cinco miembros externos, que vienen propuestos por los internos, a instancias de la dirección, y que también recibieron el apoyo de la despoblada Asamblea. 

Los polémicos nombramientos

La particularidad de esta elección es que la cúpula de la sociedad ha situado en estos cargos a personas afines a los principales partidos, con el objetivo de conseguir el plácet de unos y otros. Así, entre ellos está Ignacio Astarloa, ex diputado popular y miembro de la dirección del PP hasta 2008, y Carlos Alberdi, director de gabinete del anterior ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez, José Guirao. Además, se incluían otras tres figuras próximas al presidente Onetti: Isabel Fernández de Córdoba, Coco Carmona y Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi, que ya ocupa cargos en más órganos de la SGAE a instancias de la dirección. Varios de estos nombramientos han sido cuestionados y llevados a los tribunales.

En concreto ha sido el empresario musical Rafael Tena -hermano del cantante Manolo Tena, fallecido en 2016-, que participó en la polémica Asamblea, quien ha interpuesto una demanda civil contra la entidad, advirtiendo de la presunta irregularidad de sus nombramientos por ser objeto de un conflicto de intereses y pidiendo su nulidad, al tratarse de un órgano especialmente sensible que tendrá que ejercer de árbitro de la dirección. Así, pide la nulidad de tres de los cinco miembros externos propuestos por la dirección.

En el acta de la Asamblea, a la que ha accedido LPO, refleja cómo varios miembros preguntan a la dirección sobre la situación de varios candidatos externos. La Junta directiva rechaza hacer una valoración previa y se muestra partidario de hacer los nombramientos y, en todo caso, hacer una revisión a posteriori, una vez tomen posesión de su cargo. Para poder acceder al cargo, los nuevos miembros tendrían que aportar una declaración de ausencia de conflicto, que a su vez tendrá que pasar por la Comisión Deontológica, que decide si efectivamente existe ese conflicto o no. 

En el caso de Urquiola de Palacio -hermana de la ex ministra de Exteriores del PP Ana Palacio-, ya era miembro de la Comisión Deontológica -el mismo órgano que tiene que dar el visto bueno a los informes sobre conflictos de intereses- cuando fue nombrada miembro de la Comisión de Supervisión. También formó parte de la Comisión Electoral durante la elección de la actual Junta Directiva de la SGAE. Ahora, este cargo tendrá que fiscalizar desde el nuevo órgano de control a la misma dirección que le situó en distintos puestos de la entidad. 

Los nombramientos de Urquiola de Palacio, Coco Carmona e Ignacio Astarloa como miembros del órgano de control de la SGAE, a los tribunales por conflictos de intereses

Un aspecto al que restó importancia el propio Onetti, que destacó favorablemente su trayectoria en la Asamblea, asegurando que en su elección se había "tenido en cuenta el excelente trabajo que ésta ha realizado en su condición de miembro de la Comisión Deontológica y Electoral, lo cual se ha considerado como un valor", además de destacar su "enorme independencia y profesionalidad". 

Sobre Coco Carmona, Tena preguntó a la dirección de la SGAE si se trataba de la misma persona que denunció a la entidad ante la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) para que fuera expulsada. En el texto de la demanda, se señala que hasta septiembre de 2018 fue la Directora General de la Confederación Internacional de Editores de Música ( ICMP), que engloba a editoras de músicas multinacionales como Universal, Sony o Warner. Un perfil que, a su juicio, responde unos intereses muy particulares que ya están representados en la sociedad, por lo que cuestiona su papel de "tercero independiente" en el órgano. 

Ignacio Astarloa, ex diputado vasco y letrado de las Cortes Generales, también figura entre los nombramientos cuestionados en la demanda, puesto que el político popular era socio de la SGAE cuando fue elegido, al ser heredero de los derechos de su padre, Esteban Astarloa Zubía, que fue arreglista de zarzuelas que tradujo al Euskera. Tras el fallecimiento del músico en 1997, su hijo se convirtió en sucesor de los derechos. Los demandantes consideran ahora que para formar parte de esa Comisión de Supervisión el simple hecho de ser miembro de la SGAE puede comprometer la imparcialidad de su labor, considerando esta circunstancia causa de inelegibilidad. 

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