El Gobierno empieza el año con deberes y una de las tareas pendientes que más polémica generará es la reforma del delito de sedición. El ministro de Justicia Juan Carlos Campo se había comprometido a impulsar la iniciativa antes de que terminase el 2020 pero no ha sido así y su Ministerio continúa trabajando en una reforma legal que podría anular las condenas del procés a los políticos catalanes. Por el momento, poco se sabe de hacía donde irá el nuevo articulado y los Colegios de Abogados critican que Justicia no haya contado con ellos para "hacer cambios tan importantes y de tanta trascendencia" como este.

La reforma del delito de sedición por el que fueron condenados los políticos independentistas era uno de los objetivos del Gobierno de Sánchez y no lo ocultaron. El Ejecutivo incluyó la reducción de las penas del delito de sedición en su Plan Normativo para 2020, en el que establecía con claridad que "la propuesta de reforma se centra en las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlas en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas".

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El objetivo era lograrlo antes de cerrar el año, pero no llegaron a tiempo. Y eso que a medida que se acercaban las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero el asunto volvía a resurgir y el ministro de Justicia fue preguntado en varias ocasiones, evitando siempre dar una fecha para la presentación de reforma: "seguimos trabajando".

Un trabajo para el que no están contando con los colegios de abogados. Según ha podido confirmar este medio, el Colegio de Abogados de Madrid -ICAM-, entre otros, ha demando en varias ocasiones que el Ministerio tuviese en cuenta su opinión para elaborar la nueva ley. "Sería conveniente que se cuente con nosotros sobre todo cuando hay que hacer modificaciones tan importantes", asegura Raúl Ochoa, diputado de Formación del ICAM y experto en Derecho Penal.

 Sería conveniente que se cuente con nosotros sobre todo cuando hay que hacer modificaciones tan importantes

Porque lo que pretende el Gobierno con la reforma es una redefinición del delito de sedición que reduzca las penas. Además, Unidas Podemos envió un borrador a Justicia en el que proponía que la sedición quedase circunscrita únicamente al uso de armas. Una nueva definición del delito que implicaría la anulación de las condenas de los políticos presos por el procés.

Podrían llegar antes los indultos

Con la llegada de 2021 es previsible que Juan Carlos Campo agilice la redacción del nuevo texto legislativo, aunque presumiblemente esperará a que pasen los comicios en Cataluña para no agitar más el tablero político.

Además, Campo también tiene sobre la aprobación de los indultos a los políticos catalanes. En este momento el Gobierno está a la espera de que la Abogacía del Estado emita su informe después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le remitiese el criterio de la Fiscalía por el que se oponían a que el Gobierno indultase a los líderes catalanes.