El Gobierno abre la puerta a ceder a auditorías privadas el control de los fondos europeos
La ley permite a la Intervención del Estado declarar la insuficiencia de medios y contratar la colaboración de empresas externas para las labores de control del gasto

El Gobierno ha devuelto a la Intervención General del Estado (IGAE) el papel que pretendía arrebatarle para agilizar la ejecución de los fondos europeos que recibirá España en los próximos años. Según el real decreto de modernización de la Administración aprobado por el Consejo de Ministros y publicado el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se mantendrá el modelo de fiscalización previa sobre el gasto, que en un primer borrador de Moncloa había sido sustituido por el denominado 'control financiero permanente'. 

El control previo se hará -eso sí- de forma más rápida y los informes preceptivos para aprobar los proyectos que opten a ser financiados con los fondos europeos deberán estar listos en el plazo máximo de cinco días. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero se encargará de la coordinación de los mismos y la IGAE tendrá en sus manos la labor de fiscalización posterior. 

Pero el ingente volumen de gasto a controlar en los próximos ejercicios hace sospechar que el Gobierno necesitará echar mano de las auditoras privadas para evitar posibles cuellos de botella dentro de la IGAE y suplir la carencia de medios que arrastra. De momento, el artículo 21.4. del real decreto publicado este jueves se limita a señalar que este organismo será dotado "de los recursos personales y materiales necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones". 

Pero expertos consultados por LPO advierten de que no es posible aprobar ahora mismo una Oferta Pública de Empleo (OPE) para incrementar el número de interventores y auditores, un alto cuerpo de la Administración al que se accede por oposición. Tampoco ven viable incrementar la plantilla de funcionarios por unos fondos coyunturales y no ven posible desplazarlos de otros servicios para ejercer esas funciones. 

Aunque una parte del control también recaerá en los organismos autonómicos y locales de intervención, cobra fuerza la posibilidad de recurrir a firmas privadas bajo supervisión de los interventores públicos, como comenzó a hacerse a comienzos de la pasada década bajo el mandato de Cristóbal Montoro. "Creemos que no es necesario", se queja el presidente de la asociación técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. "Entendemos que hay que reforzar plantillas y no contratar a empresas privadas", añade.

La IGAE solicitó a comienzos de 2018 la colaboración de firmas privadas de auditoría para hacer frente a algunas actuaciones de control sobre fondos europeos. Se aprobó un Acuerdo Marco con un importe estimado de algo más de un millón y medio de euros y de los que resultaron seleccionadas empresas tan conocidas como KPMG o PwC para un período de cuatro años. 

Posibles incompatibilidades

Según la última Memoria de la IGAE, en 2019 se realizaron controles con la colaboración de firmas privadas en 21 casos relativos a los fondos FEDER; 38 al Fondo Social Europeo; 7 al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca; y 11 en los programas de Cooperación Territorial Europea. Después, las divisiones correspondientes de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) realizan la supervisión y coordinación de dichos controles.

Sin embargo, los expertos consultados alertan de que la actual situación tiene la particularidad de que las denominadas 'Big Four' (Deloitte, PwC, EY y KPMG) están adoptando un papel protagonista de asesoramiento a la hora de diseñar los proyectos candidatos a ser financiados con los fondos comunitarios de reconstrucción que más tarde podrían tener que auditar. De ahí que pudiesen plantearse incompatibilidades a pesar de que, en último término, son los auditores e interventores del Estado los que revisan el trabajo y estampan su firma, ya que estas empresas no tienen la potestad pública necesaria. 

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