La Policía Nacional tiene previsto gastar algo más de dos millones de euros para la alimentación de los detenidos en las distintas comisarías de España a partir del próximo mes de julio y durante un período inicial de un año. El Cuerpo ha sacado a concurso un contrato dividido en cinco lotes para surtir a los centros policiales de alimentos para los presuntos delincuentes durante su permanencia en los calabozos. La retención no puede superar las 72 horas.

En concreto, el presupuesto base de licitación del contrato es de 2.246.175 euros, con un abono previsto de 1.025.000 euros en 2021 y de 1.435.000 en 2022. Pero el valor estimado, sin embargo, se eleva hasta los ocho millones de euros, pues se contempla que el plazo inicial pueda ser prorrogado por dos años adicionales, hasta cumplir un máximo de tres. Además, se establece la posible modificación al alza de hasta un 20% del importe total si las necesidades reales fuesen superiores a las inicialmente estimadas.

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 Según consta en el pliego de prescripciones técnicas, las raciones deben estar empaquetadas en envases independientes diferenciados y etiquetados, indicando si son aptas para celiacos. Además, deberán poder almacenarse sin necesitar refrigeración alguna para su conservación y la empresa adjudicataria debe aportar el equipamiento necesario para calentarlos.   

Los desayunos deben tener como mínimo un envase de leche y/o batido de cacao y/o zumo de mínimo 200ml, galletas y/o magdalenas, pan tostado y/o palmeras de hojaldre. La ración de comida o cena deberá estar hecha a base de legumbres, cereales, tubérculos o verduras, con carne de vacuno, avícola o pescado y acompañados de pan (de molde o tostado). Para situaciones específicas se prevé un menú especial que tendrá como mínimo, una bebida (zumo o batido) y cinco productos variados como galletas, una barrita energética, frutos secos, postres dulces, yogures o membrillo. 

Para la elaboración de estas raciones debe tenerse en cuenta "las prohibiciones impuestas por las distintas creencias o religiones", se señala en el pliego. Además, los menús deben estar libres de huesos y espinas y deberán poder ser consumidos únicamente con cubiertos específicos que impidan su uso como arma, a fin de evitar agresiones o autolesiones de los detenidos dentro de las dependencias policiales. Cada una de ellas podrá determinar el número de menús que quiere tener almacenado 

Los menús deben estar libres de huesos y espinas y deberán poder ser consumidos únicamente con cubiertos específicos que impidan su uso como arma

Entre los criterios tenidos en cuenta para adjudicar el contrato estará el precio, que supondrá 80 puntos y otros 20 dependerán de criterios de calidad. A diferencia del contrato vigente, en este expediente se ha decidido reducir los tipos de menús a tres (desayuno, comida/cena, y especial). Así, los precios unitarios previstos son 2,20 euros para el primero, de 5,50 euros para los segundos y de 4,40 para el último.

Sin embargo, el expediente se plantea como un presupuesto de gasto máximo, aunque después el gasto real quedará limitado al que resulte de los precios que ofrezca la empresa que se lleve el contrato y a los servicios requeridos por la Administración y sean finalmente prestados. Las firmas que pretendan optar al mismo tienen de plazo hasta el 19 de enero a las 14 horas para presentar sus ofertas a través de un procedimiento abierto. 

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El contrato que está vigente hasta el 30 de junio de 2021 tras una prórroga de un año fue adjudicado a la empresa Alonso Hipercas, S.A y se dividía en seis lotes. Ahora, se reduce a cinco lotes que se reparten por las dependencias en diferentes Comunidades. El primero corresponde a las de Madrid y Castilla y León (798.510,48€); el segundo a Cataluña, Navarra, La Rioja, Aragón, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia (281.682,24 €); el tercero a Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha y Baleares (468.695,88€); el cuarto a Andalucía y Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla (632.301,47€); el quinto a Canarias (278.809,93€).

Del contrato queda excluido el suministro alimenticio para las personas alojadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

Del contrato queda excluido, eso sí, el suministro alimenticio para las personas alojadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde se puede retener durante dos meses a personas en situación irregular antes de ejecutar su expulsión al país de origen.