Covid-19
Sanidad externaliza el rastreo de "personas receptoras de la vacuna" para comprobar su eficacia
El Gobierno publica una serie de contratos adjudicados a dedo con el objetivo de diseñar un sistema que mida el impacto de las vacunas por zonas y en relación a las pruebas diagnósticas

El Ministerio de Sanidad externaliza el registro de la vacunación en España por el que se rastrearán a las personas receptoras de la vacuna de la Covid-19. El Gobierno ha suscrito durante la pandemia centenares de contratos asignados a dedo: adjudicaciones negociadas sin publicidad y justificadas en la emergencia sanitaria que no salen a la luz hasta meses más tarde. 

Entre las Ãºltimas adjudicaciones publicadas en la plataforma de contratación del Estado hay cinco contratos por valor total de 1,5 millones de euros para diseñar un sistema de rastreo a las "personas receptoras de la vacuna". La campaña de vacunación de la Covid-19 arrancó el pasado 27 de diciembre y el objetivo del Ejecutivo es rastrear la efectividad de la vacuna, cruzando los datos de las personas vacunadas con los resultados de pruebas diagnósticas y la situación epidemiológica localizada por zonas. 

El objetivo del Gobierno es rastrear la efectividad de la vacuna, cruzando datos de personas vacunadas con resultados de test de Covid y el nivel de contagio de la zona

Estos contratos fueron publicados en la plataforma de Contratación pública a última hora de la noche del pasado miércoles 30 de diciembre, horas después de que Salvador Illa anunciara su salto como candidato a las elecciones catalanas, y en todos los casos se obliga a los adjudicatarios a firmar una cláusula de confidencialidad. 

De estos contratos, dos van a parar a dos grandes compañías: Indra, que se lleva la adjudicación más cuantiosa por casi un millón de euros; y Accenture, que realiza trabajos por valor de de 55.000 euros. Además, hay otras tres empresas de informática y telecomunicaciones que son las encargadas de elaborar los sistemas informáticos que permitirán el rastreo de la vacuna; la suma de todas las adjudicaciones ascienden a 1.498.644 euros. 

Las personas vacunadas, anónimas

Uno de ellos, firmado el pasado 21 de septiembre -cuando España ya no se encontraba en estado de alarma-, está otorgado a la empresa tecnológica CAP GEMINI ESPAÑA, S.L. para el diseño de un programa informático que rastree a las personas vacunadas y lo relacione con el índice epidemiológico de la zona. 

Bajo el concepto de "servicios de definición, implantación y operación de un registro de vacunaciones en el Ministerio de Sanidad", el departamento del todavía titular Salvador Illa desembolsaba 155.751,20 € IVA incluido a esta compañía. En el acta de formalización [consultar aquí en PDF] se justifica su contratación en que "el ministerio carece de los medios humanos suficientes con la especialización técnica que se requieren para la prestación del servicio, que éste no es inherente a la condición de servidor público y que, por tanto, puede externalizarse". Una justificación que, con unas u otras palabras, también está presente en el resto de actas de adjudicación firmadas con este propósito. 

El objeto del contrato es diseñar un programa informático que permita al Gobierno tener información detallada del proceso de vacunación en España. Así, entre los requisitos técnicos que exigía Sanidad era que el sistema permitiera monitorear datos básicos como "el control de la distribución de las vacunas a las CCAA" o la "identificación del fabricante". 

E Gobierno pide cruzar los datos de las "personas receptoras de la vacuna" con información de pruebas diagnósticas y volcar automáticamente los "registros de vacunación autonómicos"

Sin embargo, el funcionamiento adquiere cierta complejidad cuando el Gobierno detalla su intención última de este sistema informático: cruzar los datos de las "personas receptoras de la vacuna" con la información relativa a las pruebas diagnósticas. Así, exige que el programa permita "la remisión automatizada de datos desde los registros de vacunación autonómicos". 

A partir de esa información, se propone hacer que la información personal de estas personas sea anónima, mediante "la realización de un proceso de seudonimización no reversible, que asignará un identificador (...) a cada persona receptora de la vacuna". Este algoritmo, detalla, "será el mismo" que se utiliza en otros sistemas de "información relativa a pruebas diagnósticas". Todo ello "con el fin de poder estudiar el impacto que la vacuna tiene respecto a los índices epidemiológicos que miden la expansión del virus, de manera georreferenciada".

Esta información, detalla Sanidad, deberá ser almacenada "en una base de datos para su posterior explotación". Además, esta empresa deberá garantizar "la factibilidad e idoneidad del cruce de datos con otros sistemas de información del Ministerio de Sanidad", señala, "para la obtención de datos sobre grupos de riesgo, y en su caso, su diseño e implementación".  

"Identificar de forma fehaciente" a pacientes con test Covid

Los datos de las personas vacunadas se cruzarán con aquellas que se han sometido a pruebas diagnósticas. La recogida de estos datos ha sido encargada a ACCENTURE SLU. El contrato, fechado el 17 de septiembre y extinguido antes de tiempo el 30 de noviembre, contempla el diseño de un sistema para monitorear a las personas que se han hecho test de coronavirus. 

El objeto de la adjudicación a Accenture [ver aquí en PDF] es el de "recibir diariamente los ficheros que contendrán los datos de pruebas diagnósticas desde las consejerías de salud de las Comunidades Autónomas" y almacenarlos en ficheros. Una vez que se haya procedido a "identificar de forma fehaciente al paciente" a través de la Tarjeta Sanitaria, se procede a "un proceso de seudonimización, que asignará un identificador único y no significativo a cada paciente". El último de los cometidos consiste en que el sistema permita "almacenar estos registros anonimizados en una base de datos para su posterior explotación y eliminar los registros no seudonimizados". 

La explotación de esta información, señala el documento, se hará en un "sistema de vigilancia epidemiológica definidos por el ministerio en una plataforma independiente". Es precisamente esta plataforma la que fue también externalizada a otra empresa para poner en común los distintos elementos -personas vacunadas, pruebas diagnóstica y situación epidemiológica de la zona-.

Uno de los contratos va encaminado a elaborar informes y mapas tras comparar "los resultados de pruebas diagnósticas anonimizadas", los "datos sobre vacunación por grupos y áreas" o información "socio-sanitaria"

En este punto, entra en juego otro de los contratos, el firmado el 26 de noviembre, con la empresa tecnológica SAS INSTITUTE SAU  [ver acta de adjudicación] por valor de 193.600 euros -IVA incluido-, que tiene por concepto el diseño de "servicios de explotación de información sobre pruebas diagnósticas de la enfermedad COVID19 en el Ministerio de Sanidad".

Esta empresa es la encargada de diseñar un sistema que detecte posibles brotes, los compare con los índices de vacunación y los localice por "áreas de georreferenciación" de distinto nivel de detalle. Así, se le exige la "introducción de datos anonimizados procedentes de otras fuentes, para su cruce con los datos sobre resultados de pruebas diagnósticas anonimizadas que ya se están explotando, por ejemplo, datos sobre vacunación por grupos y áreas territoriales, datos poblacionales, datos socio-sanitarios". Se le pide también la "visualización de nuevos mapas y representaciones geográficas", además de "la creación de informes". Unos informes que permitirán al Gobierno rastrear efectivamente la efectividad de la vacuna. 

Un millón de euros para Indra

La adjudicación a INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U, formalizada el 1 de diciembre -también mediante el procedimiento de urgencia y negociado sin publicidad-, tiene por concepto el "servicio de asistencia técnica para la revisión y definición de procesos y para la ejecución, seguimiento y control del Plan de vacunación frente al COVID19 en España". El contrato adjudicado esta empresa, por valor de 961.819 euros, es el más inespecífico de los firmados en materia de vacunación, y tiene como objetivo revisar y evaluar el resto de procesos encargados a empresas tecnológicas.

En el acta de formalización del contrato [consultar aquí], de ocho páginas, se detalla que Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de noviembre una Estrategia de Vacunación consistente en "el seguimiento y la evaluación de la vacunación, incluyendo la cobertura, seguridad y efectividad de las vacunas, así como su impacto en la epidemiología de la COVID-19", lo que permitirá "ir evaluando y adaptando la estrategia para conseguir el máximo beneficio poblacional".

Indra, la encargad de revisar "cada línea de trabajo" para el plan de evaluación de la vacuna para la Covid19

En este sentido, se le encarga a la consultora la "revisión de cada línea de trabajo" relacionada con la vacunación, desde "el seguimiento de la validación" sanitaria del medicamento hasta su administración a los receptores, un proceso completo que tendrán que "diagramar y detallar". Es decir, a Indra se le encarga la misión de supervisar y poner en común toda la información procedente de los distintos sistemas diseñados por encargo del Gobierno, también con contratos adjudicados a dedo.

Antes de Indra, otra empresa se encargó de dar "asistencia técnica" para esta coordinación de los distintos proyectos tecnológicos; así se recoge en la adjudicación hecha por el Gobierno al GRUPO CORPORATIVO GFI Informática por valor de 136.721 euros [ver aquí en PDF]. El contrato se firmó el 17 de septiembre y se extinguió el 2 de diciembre, y tenía por objetivo "coordinar y gestionar las incidencias y problemas que pudieran ocurrir en el ámbito de cada una de las iniciativas tecnológicas en marcha". 

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