Justicia
La inacción de Campo amenaza a la Fiscalía con perder miles de recursos judiciales
El ministro de Justicia aún no ha respondido a las peticiones para prorrogar la extensión del plazo para recibir las notificaciones. Las asociaciones advierten de que esto limitará la actividad de la Fiscalía en materia de recursos

Los fiscales tendrán más difícil interponer recursos a partir de este viernes 1 de enero, después de que el Ministerio de Justicia Juan Carlos Campo no haya atendido las peticiones de asociaciones fiscales de prorrogar un mecanismo legal que ha supuesto un balón de oxígeno para la Fiscalía en los últimos tres años. 

Este jueves decae la norma que daba a los miembros del Ministerio Fiscal un 'extra' de diez días para que empezaran a surtir efecto las notificaciones electrónicas procedentes de otros órganos judiciales. La medida que se extingue ahora se aprobó en diciembre de 2017 por la escasez de plantilla y ante la imposibilidad de afrontar en plazo todas las acciones judiciales por parte de los miembros de la Carrera fiscal.  

De esta forma, este viernes 1 de enero de 2021 los fiscales dispondrán de diez días menos para atender a estas notificaciones judiciales y se enfrentan a la amenaza de que la avalancha de notificaciones -con más o menos importancia- impida dar respuesta en plazo a aquellas que requieren de una actuación por parte del Ministerio. 

Esta situación podría afectar especialmente en el caso de los recursos a sentencias, teniendo en cuenta que, cuanto más corto sea el plazo para recurrir, más posibilidades hay de que el fiscal no llegue a tiempo a la notificación. Algo que dificulta aún más la labor del colectivo y que reviste cierta gravedad en función de la importancia de las sentencias que deban ser recurridas.  

El ministro Campo se comprometió este mismo mes a dar cauce a esta prórroga. Lo hizo en una reunión este mismo mes con el Consejo Fiscal, donde los miembros pertenecientes a la asociación mayoritaria de fiscales (la Asociación de Fiscales) le insistieron en esta petición. La organización expuso al titular de Justicia las inquietudes en este sentido, así como "el desánimo imperante ante la escasez de unas plantillas a las que cada vez les es más difícil ofrecer un servicio público de calidad".

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En este sentido, desde la AF plantearon dos peticiones. Una de ellas se trata de la transcripción automática de las declaraciones para agilizar la carga de trabajo. La otra, "urgentísima", se trataba de la prórroga de la norma que vence este 31 de diciembre. "El ministro de Justicia tomó nota, mostró igualmente su preocupación y aseguró que buscaría una respuesta los más inmediata posible", señalaba la asociación.  Sin embargo, el último día de diciembre esta norma no ha sido aún prorrogada, de manera que sus efectos se dejarán sentir a partir de la próxima semana. 

La medida fue solicitada por al Fiscalía General del Estado y por el Consejo Fiscal en 2017 y se aprobó con un periodo transitorio hasta el año 2020 dentro de la estrategia de digitalización de la justicia, con el objetivo dar a los fiscales un plazo extraordinario de diez días para que surtan efectos las notificaciones y emplazamientos que los órganos judiciales remiten al Ministerio Fiscal. Ahora, con menos tiempo de reacción y de respuesta, y sin que se hayan resuelto los problemas que dieron lugar a la norma, el Ministerio Fiscal tendrá una dificultad extra a la hora de hacer su trabajo.  

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