El Gobierno reconoce su fracaso en el lanzamiento de la aplicación de rastreo Radar Covid y desembolsa dos millones de euros en contratos a dedo -bajo el procedimiento de adjudicación de "negociado sin publicidad"- para impulsar la descarga de esta herramienta. Unos contratos a los que el Consejo de Ministros dio este martes su visto bueno pero de los que no se informó a la prensa, y que fueron publicados después en la web de Moncloa. 

El último Consejo de Ministros del año culminó con un balance optimista por parte de Pedro Sánchez, pero sin el anuncio de las medidas adoptadas en la reunión de Gobierno, que se hicieron públicas horas más tarde en la web de la Moncloa. En su discurso, el presidente sacó pecho del lanzamiento de esta herramienta móvil, que presumió de haber puesto en marcha "estudios inéditos" como Radar Covid. 

"No nos cansaremos en decirles a todos los ciudadanos que por favor se descarguen esta aplicación en su móvil, en su terminal móvil es fundamental para protegernos y para proteger también al conjunto de la ciudadanía. Hay más de cinco millones y medio de descargas. Todavía está siendo insuficiente", reconoció el presidente. 

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Confirmaba así la información adelantada por LPO, por la que apenas un 11% de los españoles se ha descargado la aplicación móvil. Lo reducido de esta cifra despoja de utilidad a una plataforma que fue ideada como una forma de hacer seguimiento a los contactos estrechos de positivos en coronavirus. Algo sólo posible si el uso de la app es generalizado entre la población.

Media Sapiens Spain ha sido destinataria de cuantiosos contratos asignados a dedo por el Gobierno. Uno de los más sonados es el suscrito en primavera, cuando recibió 1,5 millones de euros del Ministerio de Igualdad de Irene Montero para campañas contra la violencia de género.

Pese a reconocer este extremo, Sánchez obvió en su discurso los dos contratos aprobados horas antes por el Consejo de Ministros mediante el procedimiento de urgencia y sin licitación; uno, adjudicado sin licitación a Work & Friends S.L. para "la producción de la campaña de promoción de uso de la aplicación RadarCovid por un importe de 28.459,20€, IVA incluido". Y otro, el más cuantioso, hecho del mismo modo y destinado a la empresa  Media Sapiens Spain S.L. "para la elaboración y ejecución de un plan de medios que diera difusión a las creatividades, por un importe de 1.790.415,03€, IVA incluido.

Ambos contratos habrían sido ya suscritos y las campañas lanzadas, aunque no se han hecho públicos en la web de contratación del Estado, y habrían consistido en "la difusión de creatividad de vídeo, cuñas de radio y material gráfico para su inserción en medios digitales, redes sociales, webs oficiales, prensa escrita y radios de ámbito nacional". Algo que habría tenido lugar entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre de este año.

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El Gobierno justificaba este desembolso en que "ante la evolución de los contagios y la llegada del invierno, se ha hecho urgente adoptar medidas para promocionar la existencia, descarga y uso de la app de traceo de contactos con el objetivo de facilitar a la ciudadanía información sobre un posible contacto de proximidad con alguna persona que haya dado positivo en las pruebas de COVID19". Además, añade que "diversos estudios consideran que el uso de la aplicación por al menos un 20% de la población podría reducir las cadenas de transmisión del virus en más de un 30%".

La compañía más beneficiada de este contrato, Media Sapiens Spain, es una de las 50 agencias de publicidad más reconocidas del país y ya ha sido destinataria de otros cuantiosos contratos asignados a dedo por el Gobierno. Uno de los más sonados es el suscrito en primavera, cuando recibió 1,5 millones de euros del Ministerio de Igualdad de Irene Montero para campañas contra la violencia de género.

En octubre, Media Sapiens volvió a ser la agencia de medios elegida por el Gobierno para tres campañas campañas con un desembolso de 11,5 millones de euros por parte del Estado. La empresa es una de las 'favoritas' del Gobierno desde hace años, pese a que en 2018 fue una de las 5 empresas sancionadas por la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) con 627.890 euros de sanción por intercambiar información comercial sensible para repartirse contratos de publicidad institucional. Su consejero delegado, Guillermo José Hernández, también fue multado con 37.000 euros.