Coronavirus
Ayuso entrega sin licitación 3 millones de euros a Telefónica e Indra para rastreo de Covid
Las empresas se quedaron de manera directa con los contratos para seguimiento y rastreo telefónico de casos de Covid.

Telefónica e Indra suman un total de 3 millones de euros en cuatro contratos para dar seguimiento y rastreo telefónico de casos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid. En tres ocasiones, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ampliado un primer contrato que había sido adjudicado el 29 de mayo a la ‘UTE Indra BPO-Indra-Telefónica' -por la vía de emergencia y sin publicidad- para realizar el seguimiento de contactos y el estudio de seroprevalencia en la comunidad.

La tercera ampliación, por una cantidad estimada de 894.093 euros con IVA, se firmó el 13 de noviembre y está previsto que expire el próximo 31 de diciembre, según un documento publicado el 17 de diciembre en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

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En ese periodo, la UTE planeaba gestionar unas 5.200 llamadas a un coste de 2.90 euros (IVA excluido) cada una con el objetivo de dar seguimiento de aquellos contactos de personas que hayan dado positivo por COVID-19, una tarea esencial para frenar la expansión de la pandemia. La tercera ampliación está firmada por Juan Jorge González Armengol, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la comunidad.

La segunda ampliación fue por 789.525 euros y estuvo en vigor entre el 2 de octubre y el 15 de noviembre, mientras que la primera extensión rondó los 947.430 euros para el periodo 3 agosto-1 octubre. El contrato inicial fue por 421.080 euros por dar servicio del 29 de mayo al 28 de junio.

Madrid es la segunda comunidad con mayor incidencia por COVID-19 de España, con cerca de 400 casos por cada 100.000 personas. La primera es Baleares, con una incidencia acumulada de más de 450 infectados por cada 100.000 habitantes.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid cuenta con cuatro contagios confirmados por la nueva cepa británica, según dijo el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en Antena 3. En ese aspecto, los servicios de rastreo juegan un papel fundamental para frenar la propagación de la nueva mutación del virus en un momento en el que ya se ha comenzado repartir la vacuna de Pfizer.

En la primera etapa de la distribución, Madrid recibirá apenas1.200 dosis para una población de casi siete millones de habitantes, lo que ha provocado una nueva pelea entre Ayuso y el gobierno de coalición de izquierda que lidera socialista Pedro Sánchez.

El presidente de Telefónica, José María Alvarez-Pallete.

La ‘UTE Indra BPO-Indra-Telefónica' obtuvo además otros 886.042 euros con dos acuerdos para ampliar el servicio del Centro de Atención Personalizada (CAP) y, así, tener capacidad para atender llamadas relacionadas con el COVID-19. Un primer contrato, adjudicado también por vía de emergencia y sin publicidad, fue firmado por 547.734 euros el 13 de marzo, un día antes de que el Gobierno decretará el primer estado de alarma.

Su duración fue por 15 días, por lo que el 1 de abril fue ampliado por otros 21 días y 311.308 euros. El contrato original y su extensión fueron publicados en el Portal de Contratación Pública el 25 de mayo, por lo que podría haber sido ampliado nuevamente y no haberse publicado aún en la web de trasparencia de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de esos dos contratos era reforzar temporalmente los servicios del CAP, un centro que se encarga de tramitar las citas de atención primaria del servicio madrileño de salud y que está gestionado por la UTE entre Indra y Telefónica desde el 1 de noviembre de 2017.

Entonces, la comunidad adjudicó un contrato por 13,05 millones de euros a las multinacionales, las únicas que presentaron una en el proceso de licitación. Estaba previsto que el plazo de ejecución fuera de 24 meses, por lo que en principio debería haber expirado en noviembre de 2019.

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