Sanidad
Illa adjudicó a dedo el transporte de material sanitario a la danesa DVS por más de 26 millones
La firma de logística fue una de las grandes beneficiadas en los contratos sin licitación que instrumentó el Gobierno por la pandemia

Nueve meses después de la declaración del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad continúa publicando los contratos que se firmaron durante la crisis sanitaria. Unos contratos en muchos casos millonarios y que fueron adjudicados por procedimiento de urgencia y sin licitación, mediante el proceso de "negociación sin publicidad".

El transporte del material sanitario ha sido una de las mayores inversiones del Gobierno -hasta el 40% de la inversión durante la pandemia se destinó a este propósito, tal como contó LPO-. La Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, desembolsó al menos 33 millones sin mediar una oferta pública, de los que 26,5 de ellos - en concreto, 26.438.431 euros, el 80% del total- fueron a parar a la misma empresa, DSV Air. Si se suman los impuestos, el Estado ha pagado en adjudicaciones a esta compañía danesa un total de 31 millones de euros. Además, Sanidad también adjudicó un contrato sin licitación a DSV a través de una tercera compañía que fue meses después absorbida por la danesa. 

La empresa que conduce Jens Bjørn Andersen recibió seis adjudicaciones negociadas sin publicidad de entre 170.892,56 euros, por concepto de "un flete aéreo" para transportar material sanitario, a más de 8 millones - 9,8 millones con impuestos- por "servicio de transporte aéreo de mercancías desde Shangai/Zhengzhow a Madrid", tras la compra de material a China

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Este mismo lunes se publicó en la plataforma de contratación del Estado otra adjudicación con fecha de formalización del 25 de mayo por un importe de 2,6 millones de euros para realizar un "servicio de veintiocho fletes aéreos con el objeto de transportar material sanitario (respiradores modelo VG70, trajes de protección frente al Covid19 y guantes de nitrilo), para atender la situación creada por el coronavirus Covid-19". Además, se pueden encontrar contratos por valor de 7 millones (8,6M con impuestos) para "servicio de 8 vuelos chárter desde Asia o por casi dos millones de euros también para "vuelos chárter desde Zhengzhou a Madrid". 

El CEO de la danesa DVS, Jens Bjørn Andersen.

Más llamativo es el contrato por valor de 6.500.000 euros adjudicado el pasado 6 de mayo a esta empresa -7.865.000 euros con impuestos-. El concepto de la adjudicación es "servicio para la coordinación logística y transporte aéreo, ferrocarril y por carretera de los materiales hospitalarios adquiridos por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en China". 

Exactamente esas mismas palabras son empleadas para describir otro contrato adjudicado a otra compañía mediante el mismo procedimiento -negociado sin publicidad-, pero, eso sí, de una cantidad muy inferior al principal adjudicatario del Gobierno. En este caso, fue un contrato fechado el 6 de mayo de 750.000 euros para la empresa Panalpina Transportes Mundiales, empresa que fue semanas después fue absorbida por DSV.

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La comparación de ambas actas de formalización es reveladora: ambos contratos son idénticos, y apenas cambia el nombre de las empresas. Sin embargo, la empresa DSV Air recibe una cantidad casi nueve veces superior a la otra compañía. En ambos contratos aparece la misma persona -Iban Mas Acosta, el director de DSV en España y Portugal- como representante tanto de DSV como de Panalpina, una empresa que pasó a formar parte de la primera en julio. 

El único contrato equiparable en cantidad a los seis recibidos por DSV es el adjudicado el 20 de abril a la empresa española Iberia por un montante de 3.553.719 euros. El resto de adjudicaciones hechas mediante este procedimiento por parte de INGESA responden a cantidades menores distan mucho de las adjudicadas a la danesa: 1,2 millones para Globalia, 1 millón para Jumbo, 3.725 euros para Hop Nihat o 3.493,75 euros para ARP Logística. 

En las licitaciones publicadas en el portal de contratación, el Gobierno no especifica los criterios tenidos en cuenta a la hora de asignar la adjudicación y se atiene al procedimiento de emergencia que figura en el artículo 120 de a la Ley de Contratos del Sector Público. 

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