Podemos
El núcleo de Podemos se subió el sueldo mientras amenazaba con recortes y despidos a sus empleados
El tesorero, la gerente y la abogada de la formación aumentaron su salario a principios de 2019, cuando se mantenía una negociación colectiva con el Comité de Empresa de los trabajadores

La investigación que dirige el juez Juan José Esalonilla sobre la financiación de Podemos ha destapado que tanto la gerente, Rocío Val, como el tesorero, Daniel de Frutos, se subieron el sueldo en marzo de 2019 junto a la abogada de la formación, Marta Flor. Unos pluses ya se aplicaban a la cúpula de Pablo Iglesias e Irene Montero desde hacía meses, tal como desveló LPO, pero que comenzaron a aplicarse al núcleo técnico de la formación. Al mismo tiempo en que se producían estos aumentos, Podemos enfrentaba una negociación colectiva con los trabajadores, en la que los empleados pedían mejoras en sus condiciones laborales. 

En su declaración el pasado 20 de noviembre, la gerente Rocío Val admitía en sede judicial que nada más llegar al cargo, en marzo de 2019, decidió subirse el sueldo a ella y al tesorero el sueldo creando una serie de complementos que aumentaban su nómina en más de 600 euros. De este plus también se benefició Marta Flor, que comenzó a percibir un 'extra' en su nómina en las mismas fechas, poco después de que exhibiera dentro de Podemos la buena relación que guardaba con el fiscal del caso, Ignacio Stampa. Estos incrementos salariales irían encaminados a pagar la fidelidad a la cúpula de Pablo Iglesias. Es lo que denuncia el que fuera responsable de Protección de Datos de Podemos, José Manuel Calvente, cuyas acusaciones dieron pie a varias líneas de investigación sobre las presuntas irregularidades financieras de Podemos. 

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La subida de sueldo del tesorero, la gerente y la abogada de la formación, que ha salido ahora a la luz a raíz de la investigación judicial, ha pillado por sorpresa entre los empleados morados, que en esas fechas se enfrentaban a un conflicto laboral dentro del partido. Por entonces, el partido se enfrentaba a algunas peticiones por parte de su plantilla y se encontraba inmerso en una negociación colectiva con los trabajadores. Se produce la circunstancia de que los encargados de reunirse con el Comité de Empresa eran, precisamente, los mismos que habían comenzado a recibir sobresueldos: Daniel De Frutos, Rocío Val y Marta Flor. 

Los trabajadores exigían cobrar complementos por horas extra de cara a la campaña electoral que iba a comenzar para las elecciones de abril, en la que muchos de ellos llegaban a doblar las 40 horas semanales. La limitación de salarios para los empleados de la formación era de tres salarios mínimos, aunque la mayoría de ellos no llegaba a esa máxima. Un 'tope salarial' que la cúpula morada ya llevaba meses incumpliendo y que, a raíz de este año, han eliminado para beneficiar a Iglesias y Montero

El conflicto nunca llegó a estallar puesto que, de las cuatro personas que conformaban el comité -previamente eran cinco pero uno de ellos fue expulsado por su afinidad a Iñigo Errejón-, una de ellas era de RRHH y mano derecha de la gerente del partido, y otro era el coordinador de la Secretaría de Organización Estatal. De esta manera, cualquier decisión a adoptar por los trabajadores, como una huelga o un plan de exigencias, era "boicoteada desde dentro", según relatan trabajadores del partido. 

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Además, la caída de las donaciones particulares a la formación a principios de 2019 llevó a que Podemos llegara a plantear bajadas de sueldo a sus trabajadores al mismo tiempo en que 'premiaba' con compensaciones económicas al núcleo técnico de la formación. El responsable económico del partido, De Frutos, que por entonces ya recibía un sobresueldo, llegó a amenazar con recortes salariales la plantilla, asegurando que de no producirse, tendría que haber despidos, según relatan fuentes presenciales.

"Defendían los derechos de los trabajadores fuera, pero no dentro", censuran trabajadores del partido. Los meses posteriores se saldaron con lo que algunos consideran un "ERE encubierto", con el despido de decenas de trabajadores y la firma de acuerdos con otros tantos para que presentaran una baja voluntaria con el objetivo de que el número de salidas forzosas no llegara al 10% de trabajadores de Podemos, puesto que tendría que declararse públicamente el Expediente de Regulación de Empleo. Estos despidos, además, fueron hechos con las indemnizaciones reflejadas en la Reforma laboral aprobada por el PP y duramente críticada, al menos en público, por el partido Podemos. 

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