Ni las fiestas navideñas consiguen rebajar la tensión entre el PSOE y el PP. Al margen de la polémica por el reparto de las vacunas, ambos partidos han vuelto a chocar por el empleo de los decretos cuando están en el Gobierno. Los populares acusan al actual jefe del Ejecutivo de emplear de forma abusiva este mecanismo legislativo que la Constitución reserva para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Desde que Pedro Sánchez accedió a La Moncloa en 2018, ha firmado un total de 78. En 2020, un año marcado por la pandemia, se han dictado 37. El pasado martes, usó este mecanismo para dotarse de un sistema de gestión de fondos europeos que refuerza su control político sobre el reparto de las ayudas.

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Pero los socialistas no han tardado en reaccionar al reproche realizado por los populares en redes sociales. Desde Ferraz han querido recordar que el expresidente Mariano Rajoy también tuvo tendencia a emplear este mecanismo legislativo que debe ser convalidado en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados. De lo contrario, pierde su vigencia. Si son aprobados, también pueden ser tramitados después como proyectos de ley, como exigió la oposición para nueve de ellos a cambio de aprobarlos. De momento, ninguno ha avanzado.

"Resulta que fue Rajoy quien batió récord de legislar por decreto. Y lo hizo con mayoría absoluta y sin tener que afrontar la mayor crisis sanitaria, económica y social de nuestra historia", se defienden desde las filas socialistas citando una información de 2015. Entre 2011 y 2015, el expresidente del PP aprobó 76 decretos, mientras que desde 2016 hasta que dejó el cargo en junio de 2018 dio el visto bueno a un total de 30. En total, 107 si se suma el que aprobó estando en funciones. Tanto PP como Cs llegaron a plantear que se prohibiese su uso mientras el Gobierno se encuentra en ese estado. 

Tanto PP como Cs llegaron a plantear que se prohibiese su uso mientras el Gobierno está en funciones

Los decretos-ley también se usan también para la trasposición de directivas comunitarias, por lo que parte de los que Sánchez lleva aprobados hasta ahora se corresponden a esta figura y suelen recibir el respaldo de PP y Ciudadanos. Aunque muchas veces se aprovecha para incluir cambios en el ordenamiento jurídico 'por la puerta de atrás'.

Uno se usó para trasladar -sin previa negociación- la gestión del régimen de "clases pasivas" desde el Ministerio de Hacienda al de Seguridad Social. También se empleó el Real Decreto-ley 8/2020  para dar entrada al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia que controla al CNI. 

El Ejecutivo también empleó el tercero de los aprobados este año para modificar el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que buscaba reducir las prácticas relacionadas con la corrupción, como el fraccionamiento de los contratos. Antes había intentado hacerlo a través de una disposición adicional al proyecto de Presupuestos Generales de 2020, que nunca vio la luz. Ahora, el Partido Popular estudia llevar ante el Tribunal Constitucional las 32 modificaciones legislativas que incluyen en las disposiciones adicionales las cuentas públicas recién aprobadas para 2021. Alegan fuentes del partido de Pablo Casado que no tienen conexión con el proyecto de Presupuestos. 

El PP estudia llevar ante el Constitucional varias modificaciones legislativas que se han incluido en los PGE de 2021

El Ejecutivo de Sánchez, al igual que el de Rajoy, ha sufrido puntuales reveses parlamentarios. El Congreso echó para atrás el decreto que pretendía regular el sector de la estiba durante el Gobierno del PP. Más tarde, ya con Sánchez en La Moncloa, se tumbó uno sobre alquileres y el pasado mes de septiembre se echó para atrás otro decreto que permitía a los Ayuntamientos usar su superávit para hacer frente a los efectos de la pandemia. 

Falta de debate parlamentario

Al margen del abuso de los partidos de este tipo de instrumento legislativo, el Gobierno de coalición ha pisado el acelerador en la recta final del año y también ha orillado el debate parlamentario. El proyecto de Presupuestos Generales para 2021 fue aprobado la semana pasada por el Senado sin aceptar ni una sola enmienda, al igual que ocurrió con la nueva ley educativa.

Además, para esquivar a los órganos consultivos, el Gobierno ha renunciado a presentar proyectos de ley y ha impulsado la ley de eutanasia y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de leyes orgánicas presentadas por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos. Con esta argucia parlamentaria no son necesarios informes preceptivos como el del Consejo de Estado.