El Gobierno esconde los criterios del reparto de los fondos europeos para retrasar un conflicto entre CCAA
Los ejecutivos autonómicos han enviado sus propuestas de proyecto a los ministerios, pero aún no conocen los requisitos que exigirá el Ejecutivo central para aceptarlos

La guerra territorial por los fondos europeos está en marcha. Los gobiernos regionales llevan tiempo recopilando los proyectos que pretenden financiar con cargo a los fondos de recuperación que vendrán de Bruselas en los próximos años y que alcanzan los 750.000 millones de euros para el conjunto de Estados miembros. A España le corresponden cerca de 140.000. Aunque la Comisión ha fijado unos requisitos sobre los que deben orientarse los proyectos, será el Gobierno central quien se encargue de hacer el cribado de las propuestas que deberá remitir antes del 30 de abril al Ejecutivo comunitario. 

De momento, el Gobierno se resiste a desvelar cuáles serán los criterios últimos que permitirán decidir el reparto del fondo de recuperación -conocido como Next Generation EU-. La mayor parte de esos recursos se enmarcan en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una asignación estimada para España de 64.300 millones. El resto corresponde al REACT-EU, con una asignación de unos 12.436 millones de euros. 

Precisamente, el reparto de este último fondo es lo único que hasta ahora ha trasladado el Ejecutivo central a los gobiernos regionales. Según lo expuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este mismo lunes, las principales beneficiadas serán Andalucía (1.881 millones de euros, 18,8%), Cataluña (1.706 millones, 17,1%) la Comunidad de Madrid (1.284 millones, 12,8%) y la Comunidad Valenciana (1.254 millones, 12,5%). Se tienen en cuenta indicadores como la riqueza de cada Comunidad, el impacto de la crisis en el desempleo en general y en el desempleo juvenil (15 a 24 años) y los fondos deben destinarse a financiar el impacto sufrido en los ámbitos de la educación, la sanidad y los servicios sociales como consecuencia de la pandemia.

Pero aunque el jefe del Ejecutivo aseguró que las Comunidades tendrán en sus manos el 50% del fondo de recuperación, distintas fuentes consultadas creen que la cantidad de dinero que puedan gestionar será menor. Los empresarios, por su parte, no creen que el reparto deba atender a criterios territoriales. 

Casado pide una autoridad independiente

Pero el control de los fondos que se ha arrogado el Ejecutivo escuece tanto en la oposición como en el nacionalismo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, volvía a reclamar el pasado miércoles una "autoridad independiente" y una "gestión objetiva" de dichos fondos de reconstrucción europeos para evitar el "clientelismo" por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la idea de establecer una especie de Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para la asignación del dinero quedó descartada por el Gobierno. 

Andalucía, por su parte, ha pedido que se establezca un sistema como el de la Comisión Europea y que los fondos sean asignados en función de renta per cápita, población y tasa de paro. Pero "habrá vencedores y vencidos", reconocen fuentes consultadas por LPO de un Ejecutivo autonómico gobernado por el PP. "Si se decide en el Palacio de La Moncloa nos preocupa, pero peor será si se hace en Ferraz", añaden desde otro gobierno regional también en manos de los populares. 

No se conocen criterios objetivos y con este Gobierno es delicado, porque tiende a la asimetría y puede usarlo como moneda de cambio

Desde el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijoó trasladan también su preocupación. "No se conocen criterios objetivos y con este Gobierno es delicado, porque tiende a la asimetría y puede usarlo como moneda de cambio", señalan a LPO. En este sentido, recalcan que "es un dinero que llega a raíz de la pandemia" y piden "que no se haga política partidista sino de altura". De momento, aseguran haber remitido una selección de proyectos al Gobierno aunque todavía están a la espera de una respuesta. Castilla y León, por ejemplo, también ha enviado ya 436 proyectos por valor de 6.000 millones de euros, combinando iniciativas públicas, privadas y mixtas. Por su parte, la Junta de Andalucía ha validado ya 161 proyectos por importe de más de 21.000 millones.  

No está claro si para que esos proyectos pasen el filtro del Gobierno se primará la adecuación a los criterios fijados por Bruselas (competitividad, la productividad, sostenibilidad medioambiental, educación, sanidad, empleo y  cohesión económica, social y territorial) u otro tipo de factores. "Esto va a ir de quién hace más lobby. Y en esto siempre gana Cataluña y País Vasco", se queja otra fuente de un Ejecutivo regional.  

Esto va a ir de quién hace más lobby. Y en esto siempre gana Cataluña y País Vasco

Pero el modelo diseñado por Moncloa, que se reserva el control político del dinero, no sólo genera incertidumbre entre las Comunidades gobernadas por los populares.  La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, denunciaba la semana pasada la "centralización absoluta" de los mismos y abogaba por que su gestión fuera similar a las de los fondos FEDER para que Euskadi pudiera tener "más capacidad de actuación".

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Se pronunciaba así tras conocer la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un decreto de modernización de la Administración para el reparto de los millones europeos que elimina trabas burocráticas. De momento, el texto no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero del borrador se deduce que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá la llamada Conferencia Sectorial para la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a través de la que se pretende canalizar la participación de éstas en los proyectos del Plan. 

De momento, Hacienda ha trasladado a las Comunidades que Plan de Recuperación y Resiliencia está siendo actualmente objeto de negociación y discusión con la Comisión Europea, por lo que deberán esperar para definir su participación. Al margen de eso, el máximo órgano de gobierno de los fondos europeos será la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde tras varios tiras y aflojas, estarán todos los miembros del Consejo de Ministros, además de cuatro secretarías de Estado (Economía, Hacienda, Presupuestos y Derechos Sociales), la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y la oficina económica de Presidencia del Gobierno. 

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