Una parte del Consejo Fiscal, el órgano de los fiscales, pedirá la devolución del anteproyecto de Ley contra las Violencias Sexuales, bautizado como la ley del "sí es sí" elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero junto al de Justicia, de Juan Carlos Campo. Una norma que supuso el primer gran choque en el Ejecutivo hace nueve meses y que podría enfrentarse a nuevas turbulencias.

La mayoría de los vocales electos del órgano de los fiscales emitirá un voto particular para que el texto vuelva a ser revisado por el Gobierno antes de su aprobación como Proyecto de Ley en el Consejo de Ministros y su trámite en el Congreso. Aunque sus conclusiones no son vinculantes, sí tienen un valor técnico y jurídico de calado, y suelen ser atendidas por el Ejecutivo. 

La semana pasada este órgano ya avaló dos de las principales ideas de la ley: que todas las violencias sexuales sean agresión sexual, y la nueva redacción del consentimiento, que detalla que este consentimiento debe ser explícito mediante "actos exteriores, concluyentes e inequívocos"; una definición que, señalan fuentes jurídicas a LPO, no cambia el criterio que hasta ahora se había venido aplicando, por el que cualquier acto sexual no consentido está ya tipificado en el Código Penal. 

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Sin embargo, los miembros del Consejo Fiscal se detienen en otro punto de la ley, cuando aborda por separado los delitos de prostitución y los delitos de trata humana. Dos delitos "muy interrelacionados", ya que gran parte de los delitos de trata van encaminados a obligar a personas a prostituirse. En este sentido, desde el órgano de los fiscales consideran que "no están suficientemente desarrollados los tipos penales" y que "quedan espacios para la impunidad", de manera que reclamarán la vuelta a los ministerios de Justicia e Igualdad para que hagan "un  nuevo planteamiento" que conecte ambos supuestos. 

El defecto de este anteproyecto de ley ha sido estudiado por Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de Sala de la Unidad de Extranjería, experto en este tipo de delitos. Así, cinco de los nueve vocales electos que componen el Consejo Fiscal, pertenecientes a la Asociación de Fiscales, emitirán un voto particular para devolver el texto al Gobierno para una nueva redacción y emitirán un informe propio con los razonamientos técnicos de Sánchez-Covisa. Esta asociación, adelantan fuentes jurídicas, también presentará un informe propio para detallar el razonamiento de su voto particular una vez que se emita el informe definitivo del órgano de los fiscales. 

Aunque las valoraciones del Consejo Fiscal no son vinculantes, sus indicaciones suelen ser atendidas. Sin embargo, tres de sus doce vocales son natos, a saber: la ex ministra y Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, su número dos, que previsiblemente será designado Juan Ignacio Campos pese a la polémica, y el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena.