Montero gana, Iglesias pierde. Tras el desencuentro protagonizado por ambos en el Congreso el pasado miércoles, la ministra de Hacienda ha visto reforzado su papel dentro del Gobierno en el decreto de modernización de la Administración para el reparto de los millones europeos. El lÃder de Podemos, sin embargo, tendrá un protagonismo muy escaso en la gestión de los fondos.
El vicepresidente ya estuvo cerca de quedarse fuera de la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia pero, ante sus quejas, el jefe del Ejecutivo acabó incluyéndole, junto al resto de integrantes del Consejo de Ministros. Pese a ello, el titular de Asuntos Sociales tendrá un papel residual en la toma de decisiones sobre el reparto de los 140.000 millones de la UE.
Según el borrador del decreto que se aprobará este martes en Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso LPO, la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia estará vinculada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside Nadia Calviño y de la que forman parte la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, MarÃa Jesús Montero.
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Además, de cara a la ejecución del Plan, el texto especifica que se reforzará la Dirección de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Esta estructura será designada como Autoridad de Gestión responsable ante las instituciones europeas para la rendición de cuentas y el control de los mecanismos del Instrumento Europeo de Recuperación.
Montero presidirá una conferencia sectorial
Del borrador del decreto se desprende que MarÃa Jesús Montero, titular de Hacienda, tendrá un papel fundamental en la gestión de los fondos europeos por parte de la Administración.
La también ministra Portavoz presidirá la llamada Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para canalizar adecuadamente la participación de éstas en los proyectos del Plan, además de establecer mecanismos y vÃas de cooperación y coordinación entre las distintas administaciones del Estado y las CCAA.
El decreto también establece que la financiación de todos los proyectos relacionados con el Plan de Recuperación, partan éstos de cualquier administración u organismo público o por parte de entidades privadas, se deberá aprobar antes por el Ministerio de Hacienda. El procedimiento de reintegro, en ambos casos, también se autorizará mediante una Orden firmada por MarÃa Jesús Montero.
Algo similar pasa con los nombramientos de personal funcionario interino o personal laboral para hacer frente a la carga de trabajo derivada de la gestión de los fondos ligados al Plan de Recuperación: la secretarÃa de Estado de Presupuestos y Gastos, y también la secretarÃa de Estado de PolÃtica Territorial y Función Pública serán las encargadas de autorizar esos contratos.
En cuanto a las posibles modificaciones presupuestarias, el decreto establece que "corresponde al Gobierno, a propuesta de la Ministra de Hacienda, la competencia especÃfica para disponer las transferencias de crédito entre distintas secciones que afecten al servicio 50 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' y 51 'Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU)'".
El Ministerio de Hacienda, además, revisará la autorización de masa salarial del personal laboral en las unidades encargadas de la gestión de los fondos europeos ligados a la ejecución del Plan, para dotarles complementos retributivos variables ligados a la consecución de objetivos.
Recupera las agencias estatales eliminadas por Rajoy en 2016
Más allá de los galones que Sánchez da a MarÃa Jesús Montero a través de este decreto, el texto también destaca por la recuperación de unos organismos públicos que Mariano Rajoy eliminó en 2016 con el objetivo de reducir costes y estructura a la administración: las agencias estatales.
El Gobierno considera que, para garantizar que los el dinero del Plan de Recuperación vaya a los mejores proyectos posibles, es necesario, además de afianzar una colaboración público-privada, con el asesoramiento y las propuestas pertinentes por parte de las empresas, recuperar esta figura para que la Administración sea más eficaz.
El objetivo, según afirma el propio decreto, es "reintroducir en la administración pública una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomÃa y de flexibilidad en la gestión, que cuenta con mecanismos de control de la eficacia, y que promueve una cultura de responsabilización por resultados".
La duda que no resuelve el Ejecutivo es si estas agencias estatales, que Rajoy eliminó por su millonario coste para las arcas públicas, se disolverán una vez que concluyan su función de gestión de los fondos europeos.
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