Decreto de desahucios
El Gobierno pagará a los dueños de casas 'okupadas' el precio medio del alquiler de la zona
Podemos cede y se aviene a compensar a los tenedores de viviendas en caso de suspender lanzamientos, según el borrador del decreto de desahucios, al que ha tenido acceso LPO y que aún es objeto de discusión entre socialistas y morados

Podemos cede y el Gobierno compensará exonómicamente a los propietarios que tengan viviendas 'okupadas' cuyos desahucios se hayan visto paralizados por el nuevo decreto del Gobierno. Después de la pugna entre PSOE y Podemos por la prohibició de los desahucios durante el estado de alarma, ambas fuerzas acordaron este jueves un primer borrador, al que ha tenido acceso LPO. El documento fija el procedimiento por el que se compensará por impago de alquiler a los dueños de inmuebles en los que se haya suspendido el lanzamiento de las viviendas. Una compensación que alcanzará el precio medio del alquiler de la zona. 

La pugna entre PSOE y Podemos por el decreto de los desahucios estribaba en gran medida sobre las compensaciones a los tenedores de viviendas, al oponerse los de Pablo Iglesias a que los propietarios recibieran una ayuda estatal. Sin embargo, los morados han cedido en este punto. Aunque pedían diferenciar entre grandes y pequeños tenedores a la hora de compensar, para que las ayudas se destinaran únicamente a estos últimos, desde el PSOE rechazaron este extremo.  

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El término alcanzado por el momento, según el borrador, es que los desahucios no se prohibirán durante el estado de alarma en aquellos inmuebles propiedad de pequeños tenedores de viviendas: "La posibilidad de suspensión se establece solo para los supuestos en los que los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas", señala el texto, que todavía está en negociación y cuya versión definitiva se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. 

El procedimiento de compensación

Los inquilinos de una vivienda que vaya a ser desahuciada pueden solicitar su suspensión en caso de vulnerabilidad, y el decreto otorga a los Servicios Sociales de los ayuntamientos la capacidad de determinar si se da esta circunstancia, tal como reclamaba Podemos. Además, el texto también amplía estas situaciones de vulnerabilidad económica a aquellas situaciones que no estén estrictamente derivadas de la pandemia. Una vez certificada esta situación en un informe al juez, éste podrá paralizar el desahucio hasta el fin del estado de alarma. 

Si pasan tres meses tras la emisión del informe sin que hubiera una alternativa habitacional para los inquilinos, "el propietario tendrá derecho a solicitar una compensación por el perjuicio ocasionado", señala el texto del borrador, que advierte de que "la compensación no es de oficio, es a instancia de parte (previa solicitud y acreditación del perjuicio económico)".

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El texto, que aún puede someterse a cambios, fija la compensación en "el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador". 

Esta cifra se pagará en el periodo que medie entre la suspensión y "el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma".  Además, el propietario no tendrá derecho a solicitar la compensación si media una solución habitacional en los tres meses posteriores a la suspensión.

Las excepciones a la paralización de desahucios

El borrador también contempla abundantes excepciones en las que el juez no podrá suspender un desahucio. Así, se establecen seis supuestos en los que el desahucio seguirá adelante: "Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia de un propietario persona física, con independencia del número de viviendas de las que este pueda ser titular". También cuando el inmueble sea de una persona jurídica pero esté cedido a una persona física que tuviera allí su domicilio habitual o segunda residencia. 

Tampoco podrá paralizarse el desahucio si "la entrada o permanencia en la vivienda se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas", "cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas", cuando "la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad" a entrada en vigor del decreto, o "cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante por parte de la Administración o entidad que gestione dicha vivienda". 

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