El Gobierno ha decidido marcar distancias con Arnaldo Otegi tras la decisión del Supremo de repetir el juicio contra él. Si hace apenas unas semanas Iglesias y Ander Gil calificaban como "triunfo de la democracia" que el partido del dirigente abertzale esté en las instituciones, el mensaje del Ejecutivo ahora es de pleno respaldo a las decisiones judiciales frente a las duras acusaciones del coordinador general de EH Bildu.

"El objetivo prioritario es criminalizar el liderazgo de la izquierda independentista vasca porque crecemos exponencialmente (...) y somos cada vez más decisivos", también "en el Estado español". Estas fueron las primeras declaraciones públicas de Arnaldo Otegi después de conocerse la decisión del Supremo de repetir el juicio contra él por tratar de reconstruir Batasuna. Un discurso que no ha gustado, en absoluto, en el seno del Gobierno.

Así lo ha confirmado este martes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Preguntado por esas palabras del líder de EH Bildu, ha asegurado que "Los tribunales actúan con pleno sometimiento a la ley y sin querer criminalizar a nadie". Ha añadido, además, que sin querer entrar a valorar decisiones judiciales, "tengo que hacer una defensa de los tribunales y del estado de derecho".

Claramente no hay ningún tipo de interés del poder judicial de desestabilizar nada y menos al Gobierno

El ministro también ha dejado claro que dentro del Ejecutivo nadie piensa que la decisión del Supremo persiga desgastar al Gobierno, tal y como han planteado algunos ex dirigentes socialistas: "Claramente no hay ningún tipo de interés del poder judicial de desestabilizar nada y menos al Gobierno. Existe una división de poderes clara. El Gobierno puede negociar con quien quiera y el poder judicial tomar las decisiones que estime oportunas".

Tanto Campo como Montero fueron preguntados también por las investigaciones judiciales que afectan a Juan Carlos I y la intención del emérito de regresar a España por Navidad. Ninguno de ellos quiso entrar en estas consideraciones, aunque la ministra portavoz sí comentó el polémico vídeo de Podemos contra el ex monarca: "Las instituciones constitucionales tienen todo el respeto del Gobierno, más allá de un vídeo de uno de los partidos que forman parte de él".

El titular de Justicia también fue preguntado por las negociaciones con el PP para la renovación del CGPJ. Si hace unas semanas daba el acuerdo por hecho, ahora advierte que los de Pablo Casado "están agotando todos los plazos de gracia y cortesía. Y el Estado no se lo va a perdonar".