Después de años de reivindicaciones, los funcionarios de Prisiones se convertirán en "agentes de la autoridad" en apenas unos meses. Es el compromiso que ha adquirito el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasla, con las asociaciones profesionales, a las que ha anunciado en una reunión la presentación de la nueva Ley de Cuerpos Penitenciarios a finales del primer trimestre de 2021.

Según fuentes presentes en el encuentro celebrado en la mañana de este jueves, Interior y los agentes sociales, la fórmula elegida para aprobar ese texto será la puesta en marcha de una proposición de Ley, que supondrá una modernización legislativa en el ámbito de la administración penitenciaria, y que "acabará así con un conjunto normativo pre constitucional".

Entre las prioridades que se marca la negociación de esta nueva ley, se encuentran la aprobación de una nueva estructura de cuerpos penitenciarios y una armonización de puestos, que respondan a las funciones de reinserción y reeducación que la constitución encomienda a los trabajadores penitenciarios.

También se prevé la incorporación al texto de la condición de agente de autoridad, una de las reivindicaciones históricas de los trabajadores de Prisiones, y que se negaba a aceptar el anterior secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

Esta consideración, explican, supone un mayor blindaje de cara a posibles agresiones en las cárceles, ya que a partir de que se apruebe la ley cualquier conflicto en ese sentido será considerado como un "atentado contra la autoridad", como si el ataque lo sufriera un policía o un guardia civil, y con las consecuencias penales que ello implica.

Cualquier agresión será considerada como un "atentado contra la autoridad", como si el ataque lo sufriera un policía o un guardia civil, y con las consecuencias penales que ello implica

Además, la ley también recogerá el futuro encuadramiento de los funcionarios de Prisiones en el grupo B de la Administración del Estado de forma acorde a sus complejas atribuciones, así como una reclasificación de centros que ha quedado obsoleta.

Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) explican que "el Ministro y los sindicatos de Instituciones Penitenciarias hemos coincidido en la necesidad de trabajar la memoria económica de la futura Ley de Cuerpos que permita el desarrollo de las importantes actuaciones que se recogerán en el texto normativo".

En el encuentro llevado a este jueves en la sede ministerial, han acompañado a Fernando Grande-Marlasla el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González; la Directora General de Gabinete del Ministerio del Interior y el Subdirector General de Recursos Humanos del ramo. Todos ellos han trasladado a los representantes de la mesa de negociación su compromiso para abordar en el próximo año las mejoras laborales abordadas en la reunión.