Gobierno
Los servicios sociales determinarán qué familias son vulnerables y no pueden ser desahuciadas
Las CCAA serán las encargadas de ofrecer la alternativa habitacional, que será siempre una vivienda digna: "No podrá ser un albergue"

El Gobierno paralizará los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Tal y como avanzó LPO, la Vicepresidencia Segunda que dirige Pablo Iglesias ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos que pondrá fin a los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables de nuestro país mientras dure el estado de alarma. 

En virtud de este acuerdo, afirman fuentes de la vicepresidencia de Asuntos Sociales, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna.

[El Gobierno ya prepara un nuevo decreto para prohibir los desahucios durante el estado de alarma]

Las comunidades autónomas, serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda digna: "No podrá ser un albergue". Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. 

Las comunidades autónomas, serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda digna: No podrá ser un albergue

La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad. El pacto incluye también a las familias en precario en viviendas de grandes tenedores -propietarios de más de una decena de viviendas-.  En este caso las CCAA tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

De esta forma, se sustenta un marco jurídico que el Ministerio de Justicia, tal y como se anticipó en estas páginas, ha afinado para evitar que el decreto que aprobará el Gobierno no suponga, de facto, una "legalización de la okupación".

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