Gobierno
El Supremo archiva la causa contra Ábalos por el 'Delcygate'
El ministro se reunió con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas pese a la prohibición establecida por la UE. El Alto Tribunal señala que ese incumplimiento "está sometido a control político, no a responsabilidad penal"

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a  la causa derivada de las querellas del Partido Laócrata y Vox por contra el ministro José Luis Ábalos, por la entrada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en territorio español en enero de este año a pesar de la prohibición al respecto establecida por la UE. La Sala II del Supremo destaca que "el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea está sometido a control político, no a responsabilidad penal".

Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión durante la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, y permaneció unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas. Una estancia considerada ya territorio español por lo que la presencia de la Vicepresidenta de Venezuela allí implicó la vulneración de la orden del Consejo de la Unión Europea de no permitir su entrada en el territorio de la UE. 

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Los magistrados del Supremo destacan que "el acceso al territorio español se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español, y que cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto de Barajas, con absoluta independencia de la terminal a la que se dirigiera y de la zona del aeropuerto por la que transitara, la vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado". Además, el tribunal considera acreditado, por su reconocimiento público, que el ministro Ábalos se entrevistó con la vicepresidenta venezolana durante su estancia en territorio español.

 las obligaciones derivadas de las decisiones de Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea tienen una naturaleza esencialmente política y su control no es tarea del Tribunal Supremo

Pero una vez descartada cualquier duda acerca del hecho de que Delcy Rodríguez accedió a territorio español, el Supremo rechaza que la infracción cometida por Ábalos sea constitutiva de un delito de prevaricación. El auto expone que "las obligaciones derivadas de las decisiones de Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea (PESC) tienen una naturaleza esencialmente política" y "el control de su vigencia y su fiscalización incumbe al propio Consejo". Subrayando que no es tarea de la Sala de lo Penal del Supremo "el control del cumplimiento de las obligaciones del Gobierno español" en este sentido. El carácter político de estas decisiones se percibe con más nitidez, si cabe, a la vista de los arts. 24 del Tratado de la Unión Europea y el art. 275 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", que "limitan incluso la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común".

El auto también descarta que los hechos puedan ser calificados, como sostenía Vox, como constitutivos de un delito de omisión del deber de promover la persecución de los delitos, "pues ningún delito se habría cometido -como ya hemos razonado- por el incumplimiento de la decisión PESC que prohibía la entrada en territorio europeo de Dña. Delcy Rodríguez". Tampoco acepta la admisión a trámite de la querella para investigar un "inexistente" delito de usurpación de funciones, como pedía la formación de extrema derecha. 

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