La orden de Marlaska de aplicar la 'ley mordaza' en el estado de alarma, tumbada por jueces de toda Espa√Īa
Juzgados de lo contencioso de varias ciudades obligan a la Administración a devolver los importes abonados, que alcanzan los 601 euros. Algunos magistrados sí avalan las sanciones

A lo largo de los √ļltimos meses, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han echado para atr√°s decenas de propuestas de sanci√≥n impuestas en el anterior estado de alarma por incumplir las restricciones vigentes entre marzo y junio, cuando se dictaron m√°s de un mill√≥n de multas. Sin embargo, en las √ļltimas semanas han empezado a conocerse las primeras sentencias de tribunales de lo contencioso-administrativo que anulan algunas de las amonestaciones tramitadas por los agentes. 

Entre otras, en juzgados de Vigo, Oviedo, C√≥rdoba, Segovia y Logro√Īo han dado la raz√≥n a los ciudadanos y se la han quitado a la Administraci√≥n por entender que no se aplic√≥ adecuadamente la ley. La √ļltima, se dict√≥ este mismo mi√©rcoles en Valladolid. "Son sentencias pioneras de gente que ha pagado la mitad de la sanci√≥n y que despu√©s ha interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre la validez del acto", explica el abogado Josep Maymon, que ha gestionado varios recursos contra las multas.

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La mayor parte de los pronunciamientos judiciales se√Īalan que el uso que se hizo del art√≠culo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana no fue el adecuado. En efecto, varios jueces dicen que el simple hecho de haber contravenido la norma dictada por el Gobierno no puede calificarse como una desobediencia a la autoridad, sino que deber√≠a haber habido una orden expresa por parte de los agentes. En cambio, los amonestados cumpl√≠an con la petici√≥n de los polic√≠as de regresar a su domicilio sin oponer resistencia, seg√ļn recogen varias de estas sentencias a las que ha tenido acceso LPO.

"Est√° pasando un poco lo que pens√°bamos los abogados. Los tribunales est√°n rechazando aquellas que no estaban bien fundamentadas", apunta Mar√≠a Jos√© Rovira, abogada del despacho Ceca Mag√°n Abogados. El Gobierno opt√≥ por no incluir un r√©gimen sancionador en el decreto del estado de alarma, por lo que en ning√ļn lugar quedaban recogidas las conductas que pod√≠an ser sancionables. Pero el Ministerio del Interior, a pesar del criterio contrario de la Abogac√≠a del Estado, orden√≥ aplicar las sanciones en base a ese precepto.

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"No tiene ni pies ni cabeza, hay una falta de tipicidad porque no tiene nada que ver con el hecho denunciado", a√Īade Paloma Garc√≠a Alejo, del despacho Legalion Abogados. Esta letrada recurri√≥ la multa impuesta a un hombre en Teruel cuando acud√≠a a cuidar a su abuela y ha tramitado m√°s de cincuenta recursos administrativos contra sanciones por el estado de alarma, con √©xito en varios de ellos. 

A√ļn as√≠, se√Īala que "el porcentaje entre lo resuelto y lo presentado es todav√≠a √≠nfimo". Explica adem√°s que en v√≠a administrativa es habitual que los ciudadanos intenten probar que se encontraban dentro de las excepciones previstas por el art√≠culo 7 del Real Decreto de estado de alarma. La alternativa a eso -dice- es impugnar el uso que se hizo de la conocida como 'ley mordaza'.  

En la mayor√≠a de ellas, los multados no estaban dentro de las excepciones recogidas por el decreto del estado de alarma. La √ļltima sentencia revocatoria ha sido dictada por un juzgado de Valladolid y da la raz√≥n a un ciudadano que se encontraba en una estaci√≥n de servicio durante la vigencia del estado de alarma. "El actor simplemente estaba en una gasolinera, y tal presencia puede responder a cualquiera de las excepciones previstas, sin que la denuncia haya explicado qu√© se hac√≠a all√≠", expone el magistrado.

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En C√≥rdoba fue multado un hombre que se encontraba junto a su hermano reparando un cami√≥n en una cochera. Sin embargo, el juez no dan la raz√≥n a la Administraci√≥n y obliga a reintegrar el importe abonado. Las sanciones se impon√≠an con una cuant√≠a de 601 euros, que queda a la mitad por pronto pago. En Segovia, un juez ha reconocido que la conducta del ciudadano que motiv√≥ la sanci√≥n era "claramente inc√≠vica e insolidaria" por "poner en peligro a otras personas en una pandemia", pero al mismo tiempo sosten√≠a que eso s√≥lo ocurre en el "√°mbito √©tico o moral", por lo que decid√≠a estimar el recurso del ciudadano al no encontrar encaje legal para la sanci√≥n.  

Algunos juzgados avalan las sanciones

Existe, sin embargo, disparidad de criterios entre los √≥rganos judiciales. Hay algunas sentencias recientes que s√≠ avalan la interposici√≥n de la sanci√≥n. En C√°ceres, con una fundamentaci√≥n mucho m√°s corta que la de sus compa√Īeros, un juez considera que el motivo de que un hombre estuviera circulando por carretera nacional N-110, en el Valle del Jerte, no se encontraba entre las actividades permitidas por la norma y desestima su recurso. El hombre explic√≥ a los agentes que iba de casa de su novia a su domicilio, pero fue amonestado. 

Aunque varias de las sentencias consultadas se refieren al criterio adoptado por un juzgado de Vigo, la abogada García Alejo recuerda que estas resoluciones "no crean jurisprudencia". "Habrá que ver cada situación particular", coincide Rovira. En Navarra, por ejemplo, no se estimó el recurso de un hombre de Berriozar que paseaba alegando que era diabético y al que su médico le había prescrito andar todos los días, mientras sí se dio la razón un ciudadano de Pamplona que sacó a su perro a un kilómetro de su domicilio.

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