El debate de enmiendas a la reforma educativa, a la que se ha bautizado como la 'Ley Celaá',  volvió a dejar patente el clima de crispación existente en el Congreso de los Diputados. La imagen de una mitad de la Cámara aplaudiendo a la ministra, y la otra pidiendo su dimisión, escenificó la fractura que ha provocado este proyecto de ley. Antes de que Luz Martínez Seijo, del PSOE, defendiera el texto del Ministerio de Educación, pasaron por la tribuna de oradores los representantes de los diferentes partidos políticos. Y el Gobierno tuvo que escuchar acusaciones muy duras por parte de las formaciones que habían presentado cerca de 200 enmiendas.

Solo el Partido Popular había registrado  156, entre las que destacan enmiendas sobre la libertad de elección de las familias, sobre un MIR para el profesorado, para defender la educación especial, para reforzar la Alta Inspección Educativa, sobre una evaluación nacional de conocimientos pública, una EBAU pública igual en toda España y sobre la gratuidad de la enseñanza para niños de 0 a 3 años. Asimismo, defenderán una enmienda para que el castellano sea lengua vehicular en toda España, y que permitirá que donde haya lenguas cooficiales puede haber trilingüismo (inglés, castellano y lengua cooficial).

Sandra Moneo, portavoz del PP en Educación, acusó al Gobierno de "romper la Constitución" con la Ley Celaá y de romper con la "liberta de elección" de los padres. Advirtió, además, que las comunidades autónomas gobernadas por su partido supondrán un dique de contención contra la nueva norma del Ejecutivo. Recordó además que varios ex directores del Instituto Cervantes han calificado de "canallada" y "genocidio" la nueva Ley. Un proyecto, añadió, que "desde la primera línea ha buscado la confrontación" , traicionando el espíritu de acuerdo existente hace dos años.

El líder del PP, Pablo Casado, se desplazó, una vez finalizadas todas las intervenciones, a la mesa instalada por el PP de Madrid en la Plaza de las Cortes para firmar contra la Ley Celaá.

Joaquín Robles López, de Vox, aseguró que la LOMLOE "es una Ley que certifica el final del papel social de ascensor de la Educación". Acusó a PSOE y Podemos de "traicionar a las regiones más leales con España", destacando que "un profesor vasco cobra 11.000 euros más que la media de España". Sobre la educación sexual, afirmó que la ley hace una "exaltación confusa de la sexualidad" de "colectivos subvencionados afines a su ideología" a quienes "no se les exige el informe de antecedentes penales".

 [El esperpento de la LOMLOE: la ley Celaá-Lastra-Torra-Otegi-Iglesias]

Marta Martín Llaguno,  que ya adelantó en LPO el "no" de Ciudadanos a esta Ley, justificó en la tribuna de oradores esta decisión calificando la LOMLOE de "parche", asegurando que el Gobierno "no ha tenido la voluntad de pactar una verdadera reforma educativa". Llaguno, como hizo posteriormente Moneo, afirmó que la Ley atenta contra la libertad de elección de los padres porque "han creado la programación al modo Podemos, eligiendo los centros de los niños en función de donde viven". Añadió que "se puede conseguir la inclusión en la educación especial", explicando que "hay padres que piden que sus hijos se escolaricen en educación especializada". Además, acusó al Gobierno de "dejar a las comunidades la responsabilidad de cumplir las condiciones impuestas por la Comisión Europea".

Por otra parte, echó en cara al Ejecutivo de haber "mercadeado" con el nacionalismo y el independentismo, destacando las enmiendas pactadas con ERC para eliminar el castellano como vehicular, y el pacto con el PNV para denominar al euskera como "lengua propia". Se preguntó, en este sentido, si "la lengua es lengua propia y el castellano no". 

Los partidos que respaldan la ley, socios de investidura del Gobierno, acusaron a la oposición de querer embarrar el debate y defendieron los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo en la aprobación de enmiendas. Montserrat Bassa, de ERC, destacó el fin de la subvención a la segregación por sexos y, sobre la inmersión lingüística, afirmó que "es un factor de inclusión social".