Interior solo abre los centros de inmigrantes a los 'sin papeles' que pueden ser repatriados
La ley establece un límite de 60 días de internamiento y el cierre de fronteras ha provocado que solo ingresen los que pueden regresar a su país. Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Murcia, los únicos activos

El Ministerio del Interior confía en que en próximas fechas podrá comenzar a ejecutar procedimientos de expulsión de algunos ciudadanos que se encuentran en España en situación irregular. Para prepararse para llevar a cabo el retorno a sus países de origen, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska hace tres semanas que dio orden de reabrir varios de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros, donde estos pueden pasar un máximo de sesenta días hasta que son expulsados.

Actualmente, indican fuentes de Interior, se encuentran en disposición de recibir ingresos los de Barcelona, Gran Canaria, Madrid y Murcia. Todos ellos se encuentran muy por debajo de su capacidad, pues sólo se están llevando allí a los extranjeros de países con los hay previsión de poder empezar a ejecutar las órdenes de expulsión que no se han parado de tramitar desde que en mayo los establecimientos fueron vaciados con motivo de la pandemia. La orden de reapertura emitida por la Secretaría General de Extranjería y Fronteras, actualmente los CIE solo deben ingresar ciudadanos de nacionalidad argelina, marroquí y mauritana.

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Precisamente, el Ministerio del Interior prevé retomar el 10 de noviembre los vuelos de devolución de inmigrantes irregulares desde Canarias a Mauritania, que están suspendidos desde marzo, según adelantó Efe. España mantiene desde 2003 un acuerdo con este país africano por el que este último acepta que se le entregue a cualquier inmigrante llegado al archipiélago si ha salido de sus costas o simplemente ha transitado por su territorio, independientemente de su nacionalidad.

Según fuentes consultadas por LPO, en el de la Ciudad Condal hay ahora mismo cerca de 80 personas, otras 50 en el de la capital, e igual número en Murcia. Por su parte, en el de Gran Canaria hay unos 23. La reapertura de los establecimientos ha generado las protestas de las ONG que ayudan a los inmigrantes, que denuncian que no se dan las condiciones necesarias para su seguridad en plena pandemia de coronavirus. 

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En el CIE de Madrid, situado en el barrio de Aluche, se les proporciona mascarillas y les hacen pruebas PCR cuando lo solicitan o muestran síntomas, indican fuentes policiales encargadas de custodiar estos recintos. Aseguran que cuando están en zonas comunes, resulta complicado que mantengan la distancia interpersonal de seguridad.  "Todos refieren que la situación de indefensión, desconocimiento y miedo ante la deportación y ante la covid-19 les está sumiendo en una situación de desesperación por la inexistencia de alternativas a su alcance", señalan, por su parte, desde la Plataforma CIES NO en un comunicado. 

Exterior del CIE de Aluche.

Además de estos establecimientos, España cuenta con otros de carácter similar donde la situación varía en función de la presión migratoria del territorio. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Málaga, construido con módulos prefabricados y con una capacidad de 200 plazas, está habitualmente repleto de ciudadanos en situación irregular procedentes de Motril y Almería. Ahora no hay ninguna persona, indican fuentes policiales consultadas por LPO.

Por su parte, en Baleares no existen ni CIE ni CATE, aunque los sindicatos han solicitado la creación de este último. Así que la atención a los inmigrantes se realiza en hospitales de campaña, donde se les entregan mascarillas y se les realizan pruebas PCR. Los que dan resultado positivo, son derivados al hotel Palma. Los que dan negativo, son puestos en libertad. Desde hace meses, son las ONG y las administraciones regionales son quienes se encargan de atender a los ciudadanos extranjeros que han accedido de forma ilegal a España.

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En otros establecimientos para extranjeros en situación irregular la presión es mayor. Es el caso de Melilla, donde fuentes policiales denuncian que están saturados a pesar de que no hay saltos en la valla. Aseguran que en una plaza de toros gestionada por el gobierno de la Ciudad Autónoma sí hay mayor problema con los contagios.

 El Defensor del Pueblo alertó de las carencias detectada y advirtió de que se "cubren lo justito" las "necesidades de las personas que llegan en patera

Los CIE han sido durante años objeto de las críticas de uno de los partidos que actualmente conforma el Gobierno. Desde Unidas Podemos han reclamado con insistencia el cierre de estos polémicos establecimientos, también en el punto de mira del Defensor del Pueblo. En una comparecencia en el Congreso, Francisco Fernández Marugán, alertó de las carencias detectadas en sus visitas a los centros y advirtió de que los servicios públicos "cubren lo justito" las "necesidades de las personas que llegan en patera".

Sin embargo, el Ejecutivo está decidido a construir uno nuevo en Algeciras, según anunció esta semana el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez-Ruiz, en su intervención ante la Cámara Baja para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

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