Los juristas, contra la 'orden de desinformaci贸n': "El Gobierno no puede decidir qu茅 es verdad"
Advierten que el escrito habilita al Ejecutivo a tomar medidas que podr铆an poner en riesgo la libertad de informaci贸n. Proponen crear un 贸rgano independiente como la Junta Electoral

El mecanismo dise帽ado por el Gobierno para luchar contra el fen贸meno de la desinformaci贸n, y del que inform贸 el Bolet铆n Oficial del Estado el jueves, ha levantado una ola de cr铆ticas entre los partidos de la oposici贸n y de las asociaciones que representan a los medios de comunicaci贸n por su posible choque con los derechos a la libertad de expresi贸n y de informaci贸n.

El Ejecutivo niega las acusaciones y defiende que su objetivo es actuar contra "la difusi贸n deliberada a gran escala y sistem谩tica de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios". Ante el revuelo generado, La Moncloa emiti贸 un comunicado, asegurando que "en ning煤n caso vigilar谩, censurar谩 o limitar谩 el libre y leg铆timo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones".

Sin embargo, que el mecanismo de vigilancia est茅 formado fundamentalmente por departamentos dependientes del Gobierno crea inquietud entre los propios juristas. "Esta orden es un ataque directo a la libertad de informaci贸n y plantea un grave problema para la libertad de expresi贸n", afirma Isabel Serrano Ma铆llo, profesora titular de Derecho a la Informaci贸n de la Universidad Complutense de Madrid.

Para establecer l铆mites o legislar sobre cualquier extremo que afecte a los derechos fundamentales como en este caso, deber铆a emplearse una ley org谩nica

En su opini贸n, para establecer l铆mites o legislar sobre cualquier extremo que afecte a los derechos fundamentales como en este caso, deber铆a emplearse una ley org谩nica. Adem谩s, afea que pueda existir un "control de la informaci贸n por parte de un ente dependiente del Ejecutivo, con el poder de decidir qu茅 es cierto y qu茅 es falso y de eliminar aquello que le parezca desinformaci贸n". Todo esto -remarca- "sin control judicial y sin las garant铆as de una ley org谩nica". A su juicio, la orden aprobada ser铆a "inconstitucional" y "debe denunciarse".

[Moncloa afirma que su "orden contra la desinformaci贸n" ni vigila ni censura a los medios]

Para el catedr谩tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Lorenzo Cotino, el texto jur铆dico en s铆 no ser铆a inconstitucional. Argumenta que "es imposible que se declare inconstitucional algo que no dice qu茅 medidas se van a tomar". Aunque no ve mal que distintos 贸rganos del Estado se sienten para coordinarse en esta materia, cree precisamente que "lo preocupante de la norma es que no diga qu茅 se va a hacer". "Much铆simos pa铆ses usan la lucha contra la desinformaci贸n como excusa para hacer cosas inconstitucionales como censurar o meter en la c谩rcel al opositor", recuerda.

"El control de la desinformaci贸n no me parece mal como principio, pero el problema es qui茅n lo controla y con qu茅 condiciones", apunta, por su parte, el catedr谩tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Federico de Montalvo. En este sentido, se muestra m谩s partidario de establecer "un control por parte de un 贸rgano plural donde est茅n incorporadas diferentes visiones ideol贸gicas e, incluso, con expertos como ocurre en la Junta Electoral Central". 

A帽ade, en ese sentido, su "preocupaci贸n" por que el organismo "quede totalmente en manos de los poderes p煤blicos y no sea plural".  Fuentes pr贸ximas al Gobierno admiten a LPO que la orden se va a mantener, pero en el seno del Ejecutivo se estudia introducir cambios para hacer "m谩s independiente" al organismo encargado de supervisar esos "mensajes falsos", tal y como plantea Federico de Montalvo. 

Que quede totalmente en manos de los poderes p煤blicos y que no sea plural me preocupa mucho

Aunque otros pa铆ses s铆 han redactado algunas estrategias para luchar contra la desinformaci贸n, en Espa帽a no hay una norma que permita llevar a cabo actuaciones concretas contra este fen贸meno por parte de los poderes p煤blicos. En cualquier caso, dice Cotino, "lo que tiene que hacer el Estado es identificar las amenazas y colaborar con las plataformas y las redes sociales, que son las que m谩s saben de esto".

 A帽ade que es importante intentar identificar amenazas, pero advierte que "la clave es que el Estado no se dedique a determinar lo que es verdad y lo que es mentira. Esa no es su misi贸n". El plan permitir铆a poner en marcha campa帽as p煤blicas de comunicaci贸n dirigidas por la Secretar铆a de Estado de Comunicaci贸n para contrarrestar esa desinformaci贸n detectada. 

Dentro de la estructura del mecanismo estar谩n implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comit茅 de Situaci贸n, la propia Secretar铆a de Estado de Comunicaci贸n, la Comisi贸n Permanente contra la desinformaci贸n y las autoridades p煤blicas competentes, as铆 como los propios medios de comunicaci贸n, el sector privado y la sociedad civil. Aunque sobre los tres 煤ltimos se indica que "se podr谩 solicitar su colaboraci贸n" en caso de que "se considere relevante".

La clave es que el Estado no se dedique a determinar lo que es verdad y lo que es mentira. Esa no es su misi贸n

Adem谩s, recuerda que "buena parte de la desinformaci贸n est谩 protegida por la libertad de expresi贸n y los primeros que desinforman son los propios partidos pol铆ticos". En este sentido, dice Montalvo, "algo que podr铆a ser virtuoso, se puede convertir en una herramienta absoluta de control pol铆tico".

Seg煤n recog铆a el jueves el BOE, el mecanismo puesto en marcha por el Ejecutivo de Pedro S谩nchez tiene como objetivo actuar contra la desinformaci贸n y "la difusi贸n deliberada a gran escala y sistem谩tica de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

El l铆der del PP, Pablo Casado, critic贸 abiertamente la decisi贸n del Gobierno y ha advertido de su intenci贸n de recurrir ante las instituciones europeas un plan que considera "orwelliano". Los populares han pedido la comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ante la Comisi贸n Constitucional del Congreso y reclaman que el director de Gabinete de Presidencia, Iv谩n Redondo, lo haga ante la Comisi贸n para la Auditor铆a de la Calidad Democr谩tica, la Lucha contra la Corrupci贸n y las Reformas Institucionales y Legales.

En todo caso, el Gobierno defiende que el mecanismo aprobado busca "evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, as铆 como detectar campa帽as promovidas desde el exterior que puedan da帽ar los intereses nacionales de nuestro pa铆s". Defiende que est谩 en consonancia sobre el art铆culo 20 de la Constituci贸n, que protege el acceso de los ciudadanos a la informaci贸n veraz y plural. Adem谩s, alegan que es una respuesta directa a la petici贸n de la Uni贸n Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformaci贸n, como el que cre贸 Espa帽a en 2018.

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