Los juristas, contra la 'orden de desinformación': "El Gobierno no puede decidir qué es verdad"
Advierten que el escrito habilita al Ejecutivo a tomar medidas que podrían poner en riesgo la libertad de información. Proponen crear un órgano independiente como la Junta Electoral

El mecanismo diseñado por el Gobierno para luchar contra el fenómeno de la desinformación, y del que informó el Boletín Oficial del Estado el jueves, ha levantado una ola de críticas entre los partidos de la oposición y de las asociaciones que representan a los medios de comunicación por su posible choque con los derechos a la libertad de expresión y de información.

El Ejecutivo niega las acusaciones y defiende que su objetivo es actuar contra "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios". Ante el revuelo generado, La Moncloa emitió un comunicado, asegurando que "en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones".

Sin embargo, que el mecanismo de vigilancia esté formado fundamentalmente por departamentos dependientes del Gobierno crea inquietud entre los propios juristas. "Esta orden es un ataque directo a la libertad de información y plantea un grave problema para la libertad de expresión", afirma Isabel Serrano Maíllo, profesora titular de Derecho a la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Para establecer límites o legislar sobre cualquier extremo que afecte a los derechos fundamentales como en este caso, debería emplearse una ley orgánica

En su opinión, para establecer límites o legislar sobre cualquier extremo que afecte a los derechos fundamentales como en este caso, debería emplearse una ley orgánica. Además, afea que pueda existir un "control de la información por parte de un ente dependiente del Ejecutivo, con el poder de decidir qué es cierto y qué es falso y de eliminar aquello que le parezca desinformación". Todo esto -remarca- "sin control judicial y sin las garantías de una ley orgánica". A su juicio, la orden aprobada sería "inconstitucional" y "debe denunciarse".

[Moncloa afirma que su "orden contra la desinformación" ni vigila ni censura a los medios]

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Lorenzo Cotino, el texto jurídico en sí no sería inconstitucional. Argumenta que "es imposible que se declare inconstitucional algo que no dice qué medidas se van a tomar". Aunque no ve mal que distintos órganos del Estado se sienten para coordinarse en esta materia, cree precisamente que "lo preocupante de la norma es que no diga qué se va a hacer". "Muchísimos países usan la lucha contra la desinformación como excusa para hacer cosas inconstitucionales como censurar o meter en la cárcel al opositor", recuerda.

"El control de la desinformación no me parece mal como principio, pero el problema es quién lo controla y con qué condiciones", apunta, por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Federico de Montalvo. En este sentido, se muestra más partidario de establecer "un control por parte de un órgano plural donde estén incorporadas diferentes visiones ideológicas e, incluso, con expertos como ocurre en la Junta Electoral Central". 

Añade, en ese sentido, su "preocupación" por que el organismo "quede totalmente en manos de los poderes públicos y no sea plural".  Fuentes próximas al Gobierno admiten a LPO que la orden se va a mantener, pero en el seno del Ejecutivo se estudia introducir cambios para hacer "más independiente" al organismo encargado de supervisar esos "mensajes falsos", tal y como plantea Federico de Montalvo. 

Que quede totalmente en manos de los poderes públicos y que no sea plural me preocupa mucho

Aunque otros países sí han redactado algunas estrategias para luchar contra la desinformación, en España no hay una norma que permita llevar a cabo actuaciones concretas contra este fenómeno por parte de los poderes públicos. En cualquier caso, dice Cotino, "lo que tiene que hacer el Estado es identificar las amenazas y colaborar con las plataformas y las redes sociales, que son las que más saben de esto".

 Añade que es importante intentar identificar amenazas, pero advierte que "la clave es que el Estado no se dedique a determinar lo que es verdad y lo que es mentira. Esa no es su misión". El plan permitiría poner en marcha campañas públicas de comunicación dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación para contrarrestar esa desinformación detectada. 

Dentro de la estructura del mecanismo estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la propia Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil. Aunque sobre los tres últimos se indica que "se podrá solicitar su colaboración" en caso de que "se considere relevante".

La clave es que el Estado no se dedique a determinar lo que es verdad y lo que es mentira. Esa no es su misión

Además, recuerda que "buena parte de la desinformación está protegida por la libertad de expresión y los primeros que desinforman son los propios partidos políticos". En este sentido, dice Montalvo, "algo que podría ser virtuoso, se puede convertir en una herramienta absoluta de control político".

Según recogía el jueves el BOE, el mecanismo puesto en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene como objetivo actuar contra la desinformación y "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

El líder del PP, Pablo Casado, criticó abiertamente la decisión del Gobierno y ha advertido de su intención de recurrir ante las instituciones europeas un plan que considera "orwelliano". Los populares han pedido la comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ante la Comisión Constitucional del Congreso y reclaman que el director de Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, lo haga ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales.

En todo caso, el Gobierno defiende que el mecanismo aprobado busca "evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país". Defiende que está en consonancia sobre el artículo 20 de la Constitución, que protege el acceso de los ciudadanos a la información veraz y plural. Además, alegan que es una respuesta directa a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación, como el que creó España en 2018.

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