Gobierno
Moncloa afirma que su "orden contra la desinformación" ni vigila ni censura a los medios
Responde a las acusaciones del PP explicando que es una iniciativa alentada por la UE y que busca "evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional"

La polémica saltaba a primera hora de la mañana, después de que el BOE publicara la Orden con el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre. El texto ha sido duramente criticado por diversos medios de comunicación y por el PP, que han acusado al Gobierno de querer vigilar y censurar a la prensa. El vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, ha llegado a calificar la medida como un "auténtico escándalo", al considerar que "el Gobierno se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera".

El principal partido de la oposición, además,  ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del director del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, por la puesta en marcha en Moncloa de un mecanismo contra la desinformación y las "fake news". Después, Pablo Casado ha advertido que, si el Ejecutivo no da explicaciones y no rectifica, el PP llevará el asunto a Europa.

Ante las críticas y la polémica generada, desde Moncloa han decidido dar las explicaciones pertinentes para desmentir las acusaciones del PP y, de paso, recordar que la medida adoptada parte de una iniciativa de la propia Unión Europea en la lucha contra la desinformación.

Desde el Gobierno recuerdan que el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre "es una respuesta a la petición de la UE de desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación e incide, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución española, en el derecho a la información veraz y plural como uno de los pilares que sustentan las sociedades democráticas". 

El objetivo es evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país

Moncloa añade que, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea, las acciones y procesos recogidos en el procedimiento "ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido". El objetivo, destacan desde el Ejecutivo, es "evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país".

El Gobierno explica que lo que busca España con este procedimiento es "definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos" y, en ningún caso, vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, consagradas por la Constitución. También se propone el marco y la composición de un equipo de trabajo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.

En ningún caso se busca vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones

 El Plan de Acción contra la Desinformación fue creado en 2018 a petición de la Comisión Europea para afrontar, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones. Tomando como punto de partida ese Plan, el procedimiento considera que es "necesaria una actuación más coordinada y acorde a nuestros valores democráticos que haga frente a los riesgos para las sociedades abiertas". "Nuestras instituciones democráticas y nuestros valores comunes la libertad de expresión y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación, entre otros son el fundamento de la resiliencia de nuestras sociedades frente a los desafíos", según remarca el texto. 

En la lucha contra la desinformación estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil. El procedimiento establece cuatro niveles de activación "que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas". 

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