Dudan de la constitucionalidad del estado de alarma por delegar competencias
Juristas consultados por LPO señalan la delegación de competencias a los presidentes autonómicos como un punto de dudoso encaje con la Carta Magna

La constitucionalidad del nuevo estado de alarma al que el Congreso ha dado su visto bueno para los próximos seis meses genera más dudas que certezas. El principal foco ha estado puesto la extensa prórroga que ha autorizado la Cámara Baja a petición del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero varios juristas consultados por LPO señalan la delegación de competencias a los presidentes autonómicos como un punto de dudoso encaje con la Carta Magna y con la propia ley orgánica que regula el estado de alarma.

"Para mí es inconstitucional no por el plazo sino porque no respeta el orden competencial. Delega unas competencias en las Comunidades Autónomas que son indelegables", apunta el catedrático de derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Javier Tajadura. En este sentido, critica que el decreto faculte a las Comunidades para restringir derechos "sin fijarles ningún criterio". "El decreto de alarma está para restringir él mismo los derechos, pero no para dar un cheque en blanco", remata.

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El expresidente del Gobierno, Felipe González, alertaba este martes sobre una "crisis de cogobernanza" en un "estado descentralizado" como España y reclamaba que "las normas básicas" frente al coronavirus se homogeneizaran para todos los territorios, a fin de que cada Ejecutivo regional "no haga de su capa un sayo". "Es una puñetera locura", llegó a sostener.

El catedrático de derecho constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos José Manuel Vera Santos comparte esta visión. "No se puede configurar una cesión de competencias abierta posibilitando que cada región tome las decisiones que considere", señala. La propia ley orgánica que regula el estado excepcional "establece que en el decreto se tiene que indicar con claridad las medidas que se adoptan", apunta. Así, cree que el actual texto normativo "no deja claro a los ciudadanos qué limitaciones tiene cada uno", haciendo posible "encontrar ciudadanos de primera y de segunda, vinculados a decisiones políticas, como se está viendo en Madrid".

No se puede configurar una cesión de competencias abierta posibilitando que cada región tome las decisiones que considere

Para el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Pablo Urías, en cambio, la inconstitucionalidad de la cesión de competencias a los dirigentes regionales no está tan clara. "Se puede hacer siempre y cuando el Gobierno central pueda ir dando directrices", argumenta. En este sentido, recalca que no se trata de una "cesión" sino de una "delegación" que "no es definitiva" y que "no excluye que el Gobierno recupere sus competencia". "En la medida en que el Ejecutivo no renuncia a su capacidad de dirección si no que la cede temporalmente, no sería inconstitucional", concluye.

El decreto será llevado ante el Tribunal Constitucional por Vox. El partido de Santiago Abascal ya llevó ante el máximo intérprete de la Carta Magna el estado de alarma aprobado en el mes de marzo así como sus sucesivas prórrogas, alegando que vulneraba derechos fundamentales que no podían ser limitados mediante esta herramienta legal. Hasta ahora, el Alto Tribunal no se ha pronunciado.

Sobre las posibilidades de que en el futuro el decreto sea calificado como contrario a derecho, el catedrático emérito de la UNED Antonio Torres del Moral, sí ve plausible que el problema esté en la delegación de competencias. Asegura que ha sido "una decisión de conveniencia política que tiene alternativa" y cree que el Gobierno ha optado por esta vía para aliviar la presión sobre su gestión y evitar la lucha entre administraciones.

Con la letra de la Constitución en la mano, parece que no hay obstáculo para una prórroga de seis meses

"Creo que está menos amparado por la letra y el espíritu de la Constitución que el plazo de prórroga", apunta. "Las decisiones las podía seguir tomando el Gobierno que es el que dirige la política nacional y el que sabe lo que está pasando en Almería y en Navarra. Esa forma de delegación es jurídicamente discutible y creo que tiene menos acogida en la Constitución por mucho que queramos interpretarla", remata.

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En lo que todos están aparentemente de acuerdo salvo el profesor Vera Santos es que la posible inconstitucionalidad no vendrá del plazo de prórroga concedido por las fuerzas parlamentarias. "Con la letra de la Constitución en la mano, parece que no hay obstáculo para una prórroga de seis meses", apunta Urías. Aunque matiza que el problema no es tanto la duración, como la posibilidad de revisión. "El acuerdo de prórroga del Congreso debería incluir la posibilidad de que antes de esos seis meses, si cambian las circunstancias, se pueda variar el estado de alarma", indica. Para Tajadura es "mejor" que el plazo de prórroga "fuera más corto", aunque "la ley y la Constitución no dicen nada, no lo concretan", añade.

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