La constante polémica de la politización de la lengua en Cataluña llega al Parlamento Europeo. Hoy, Ana Losada, en representación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), ha denunciado ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara (PETI) la discriminación que sufren los castellanoparlantes en esa comunidad autónoma.

Esta queja se admitió a trámite en 2017 con una respuesta por parte de la Comisión Europea no satisfactoria para AEB, ya que el ejecutivo comunitario consideraba un asunto interno y nacional el objeto de la reclamación.

En la mañana de este jueves, la mayoría de los eurodiputados de la Comisión de Peticiones ha detectado claros indicios de vulneración de derechos, por lo que se ha decidido que el expediente siga abierto, instando al Ministerio de Educación español a que explique con mayor claridad la situación de la cooficialidad de lenguas en esta región reflejada en la Ley Orgánica de Educación. La falta de respeto al Estado de Derecho, uno de los principales motivos de la sospecha.

Puntos Clave

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña sostiene que las conclusiones de un estudio realizado por ellos mismos en más de 2.214 proyectos lingüísticos son demoledores. Entre los puntos clave del mismo, se deben destacar los siguientes: ningún centro de Cataluña cumple con el mínimo del 25% de horas lectivas en castellano impartidas en asignaturas troncales, un porcentaje que, según dicho informe, solo se cumple previo recurso interpuesto ante los tribunales por parte de los padres de los alumnos que quedan estigmatizados.

Por otro lado, se infiere que solo 126 centros imparten alguna asignatura no lingüística en castellano y solo 25 alguna troncal. Únicamente el 7,7% de los centros de Educación Infantil y Primaria realizan asignaturas en español, además de la de Lengua Castellana.

Para la AEB, "queda demostrado que los proyectos lingüísticos de centro en absoluto se utilizan para adaptar la docencia al entorno sociolingüístico, olvidándose, por tanto, de las necesidades del alumnado y convirtiéndose en una herramienta clave en el proceso de construcción nacional", de hecho, el 22,8% de los centros investigados hacen referencia a objetivos de carácter identitario.

Otros datos alarmantes que apunta el informe son, por ejemplo, que el 98,5% de los proyectos veta el uso del castellano oralmente en todos los ámbitos del centro (pasillos, patio, comedor, etc.). Ana Losada ha recalcado que "el 99,5% de los centros realiza todas las comunicaciones escritas en catalán exclusivamente, agravándose la situación cuando el 94,9% de las actividades extraescolares se realizan exclusivamente en catalán".

El 99,5% de los centros realiza todas las comunicaciones escritas en catalán exclusivamente

Ante tal panorama, la mayoría de los intervinientes en la sesión de la comisión de Peticiones de hoy ha coincidido en que el asunto merece especial atención. Maite Pagazaurtundúa, del grupo Renew, recordando su condición de persona bilingüe en español y euskera, subraya la urgencia de proteger a los niños más vulnerables con necesidades específicas.

En esta línea, Rosa Esteràs, del Partido Popular Europeo, ha reconocido amar las dos lenguas que configuran su visión del mundo, la catalana y la española, haciendo hincapié en que el Parlamento Europeo debe velar por el equilibrio entre ambas y proteger los derechos fundamentales, como el recogido en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE sobre la no discriminación por orígenes, sociales, lengua, sexo o religión.

Solo Diana Riba, eurodiputada perteneciente al grupo europeo de los Verdes y procedente de Esquerra Republicana de Catalunya, ha acusado a la petición de "palio trapacero de la política doméstica" ya que, según ella, el informe PISA (en Cataluña, escrito 100% en catalán), defiende que las competencias lingüísticas de los alumnos de la región son óptimas en ambos idiomas.

Domènec Ruiz Devesa, del Grupo Socialista Europeo, ha preferido no posicionarse claramente apelando a la comprobación de las cifras facilitadas por Ana Losada, sentenciando que "si es así, se está faltando a la legalidad".

La Comisión Europea, por su parte, reitera su criterio de no intervención ya que "la Comisión no tiene autoridad para investigar si la política cuestionada es compatible con las disposiciones de la Constitución española".

Una respuesta que ha suscitado indignación entre los eurodiputados recordando que, en ocasiones anteriores, se argumentó la misma "excusa" para no intervenir ni en el asunto de respeto medioambiental en Doñana, ni en las dudas de niños robados en España, sin embargo, "El Parlamento Europeo realizó misiones especiales en ambos casos".

Por lo tanto, la comisión PETI no solo ha estimado procedente la vigilancia de esta petición, sino que trasladará a la comisión de Cultura y al resto de coordinadores la opción de diseñar una misión especial a Cataluña para dirimir sobre esta grave conjetura de vulneración de derechos y discriminación "intolerables".