Coronavirus
El Gobierno afirma ahora que solo el estado de alarma puede limitar derechos fundamentales
Cuatro semanas después de la Orden de Sanidad que permitía el confinamiento de ciudades a través de la Ley 3/1986, el Ejecutivo asegura que la única garantía jurídica es aplicar el artículo 116 de la Constitución

Apenas cuatro semanas después de la aprobación de la Orden de Sanidad que permitía confinar ciudades de más de 100.000 habitantes sustentándose en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el Gobierno afirma ahora que solo el estado de alarma permite una "garantía jurídica total" para la restricción de derechos fundamentales de las personas. Una afirmación que, de hecho, contrasta con la oferta que el propio Pedro Sánchez ofreció a Isabel Díaz Ayuso como alternativa a la aplicación del estado de alarma en Madrid.

El jefe del Ejecutivo, de hecho, llegó a plantear a la dirigente regional aplicar la Orden de Sanidad en base a la citada Ley 3/1986, tal y como habían hecho otros gobiernos autonómicos para confinar localidades más pequeñas. Ayuso respondió con evasivas y Moncloa decidió aplicar el estado de alarma en Madrid antes del Puente del Pilar. Ahora, con un estado de alarma aprobado para toda España, y cuya duración podría extenderse hasta mayo, el discurso del Gobierno es que solo mediante la activación del artículo 116 de la Constitución se pueden limitar derechos como el de la libre circulación.

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Esa ha sido, de hecho, la advertencia lanzada por la ministra Portavoz, María Jesús Montero, después de que se le preguntara al respecto: "El decreto de alarma no es sustituible por ninguna ley. Es la única garantía constitucional". Sobre la propuesta del PP de reformar la citada ley orgánica del 86 como "plan B jurídico",  afirmó, "somos sensibles a la limitación de derechos fundamentales y creemos que eso solo puede aplicarse a través del estado de alarma".

Montero, además, anunció que el 'toque de queda', o "restricción a la movilidad nocturna", tendrá una aplicación de 15 días y que, por tanto, a partir del 9 de noviembre serán las comunidades autónomas las que decidan si lo mantienen o no. En ese sentido, afirmó que "ya no es el Gobierno de España el que dicta una orden única, y las comunidades tienen que decidir". Advirtió, por otra parte, que durante los próximos meses, "en los territorios se producirán situaciones diferentes" y que por eso, precisamente, "tienen que decidir las CCAA". En todo caso, concluyó, "ahora consideramos que es necesario aumentar las restricciones".

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Finalmente, y preguntada por la enmienda al decreto del estado de alarma que preparan los socios de investidura para forzar las comparecencias de Sánchez cada 15 días, la ministra Portavoz anunció que "el presidente estará sometido al control parlamentario habitual", pero "deben ser los dirigentes autonómicos los que expliquen las decisiones que cada uno va a tomar". 

Anunció, además, que será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien defienda el jueves la prórroga del estado de alarma, al tener el presidente del Gobierno una videoconferencia con sus homólogos europeos. Cuestionada por una posible pérdida de apoyos del Ejecutivo ante esta negativa a los socios de investidura, Montero afirmó que "si traemos el proyecto de Presupuestos, y el decreto de alarma, es porque creemos que tiene los apoyos suficientes para que puedan ver la luz".

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