Juristas dudan de la legalidad de los confinamientos con la ley usada para evitar el estado de alarma
Distintos TSJ est√°n avalando el uso de la Ley Org√°nica 3/1986 como instrumento v√°lido para los cierres perimetrales de los municipios. Las fuentes consultadas por LPO cuestionan su encaje constitucional

El debate jur√≠dico est√° servido. Con apenas veinticuatro horas de diferencia, varios tribunales superiores de Justicia se pronunciaban en sentido contrario respecto a situaciones te√≥ricamente iguales; cierres perimetrales de municipios para contener la expansi√≥n del coronavirus. Mientras el TSJ de Madrid tumbaba el ‚Äėconfinamiento' de la capital y otros nueve municipios de la regi√≥n, los TSJ de Castilla y Le√≥n y de Galicia avalaban las restricciones de movilidad en las ciudades de Le√≥n, Palencia y Orense.

La clave se sit√ļa en el apoyo jur√≠dico que emplearon las comunidades aut√≥nomas para dictar medidas restrictivas de derechos como el de circulaci√≥n, impidiendo a los ciudadanos salir de una demarcaci√≥n geogr√°fica, dentro de la que s√≠ se pueden mover. En concreto, las √≥rdenes avaladas por la Justicia hacen alusi√≥n -directa o indirectamente- a la Ley Org√°nica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud P√ļblica.  

Las autoridades madrile√Īas, contrarias al cierre total de municipios que exig√≠a el Ministerio, s√≥lo invocaron la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi√≥n y calidad del Sistema Nacional de Salud, insuficiente a ojos de la Justicia para dictar las restricciones.

Aunque el Gobierno s√≠ prometi√≥ durante la primera ola que impulsar√≠a reformas jur√≠dicas, estas nunca llegaron a materializarse. "Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo m√°s acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia", dec√≠a el propio auto del TSJ de Madrid. 

El Partido Popular lleva meses pidiendo modificar la norma de 1986 para ampliar y aclarar los supuestos en que se puede aplicar. A su entender, el actual articulado es muy escueto y crea inseguridad jur√≠dica a los gobiernos regionales a la hora de dictar las restricciones. El presidente gallego Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o ha remitido al Gobierno su propia propuesta de modificaci√≥n, que ha recibido la negativa del ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Feij√≥o sabe que lo que plantea ya existe, √©l mismo ha aplicado confinamientos perimetrales", dijo en rueda de prensa. 

Sin embargo, distintos juristas consultados por LPO creen que la norma de 1986 no es ni siquiera la herramienta legal necesaria para cerrar localidades enteras. "Creo que la Ley tal y como está no permite confinamientos generales e indiscriminados", apunta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno Linera. Aunque los tribunales sí están aceptando esta herramienta, "de no cambiar ese criterio, que me parece erróneo, sí sería oportuno concretar más en la ley qué medidas pueden adoptarse", apunta.

El catedr√°tico de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa√≠s Vasco, Javier Tajadura, recuerda que la Ley Org√°nica de 1986 se ha utilizado durante treinta a√Īos para aislar a personas concretas con enfermedades infecciosas, junto con la Ley de la Jurisdicci√≥n Contencioso-Administrativa. "Desde luego, la norma de 1986 no estaba pensada para restringir derechos con car√°cter general; estaba prevista para medidas individualizadas y casos concretos", destaca.

Jurisprudencia del Constitucional

En este sentido, recuerda que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que la Ley Orgánica tiene que hacer una serie de cosas que no hace la norma de 1986. "Debe decir qué derechos en concreto pueden ser limitados, con qué alcance, y qué limitaciones concretas se pueden establecer. Si no dice qué derecho se puede restringir y con qué alcance, no nos vale a pesar de ser ley orgánica", enfatiza. En caso de dictarse una nueva norma específica o modificar la actual para casos como el de la pandemia del coronavirus -por el procedimiento de urgencia llevaría apenas dos semanas- cree que habría que vigilar muy bien su encaje constitucional.

Pero el debate jur√≠dico es m√°s profundo y la disparidad de criterios entre los propios juristas y los magistrados resulta ampl√≠simo. "El problema es saber si se puede regular por ley la limitaci√≥n de derechos fundamentales o si es necesario declarar el estado de alarma", responde rotundo el catedr√°tico de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago, Roberto Blanco Vald√©s. Recuerda que la Ley de 1986 contiene una cl√°usula en blanco ampl√≠sima que habilita a la Administraci√≥n a adoptar medidas. Pero "no sabemos si para limitar derechos fundamentales en Espa√Īa es necesario declarar el estado de alarma", repite. En este sentido, lamenta que nos encontramos "en una situaci√≥n de absoluta confusi√≥n a la que han contribuido los propios tribunales".

En cambio, el profesor propio agregado de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas Federico de Montalvo tiene un criterio distinto. "Creo que lo que hay ahora es suficiente. El Ministro podr√≠a haber adoptado medidas al amparo de la Ley General de Salud P√ļblica y la Ley Org√°nica de Medidas Excepcionales de Salud", dice. Por eso, cree que "se ten√≠a que haber ido a una medida inferior al estado de alarma" ya que "los estados excepcionales s√≥lo se usan cuando hay una situaci√≥n imposible de resolver". Critica, en este sentido, que el Gobierno central haya decretado el estado de alarma para aplicar las mismas medidas que la Justicia hab√≠a ‚Äėtumbado' s√≥lo un d√≠a antes.

La otra alternativa, a√Īade Presno Linera, "ser√≠a reformar la Ley Org√°nica que regula los estados de alarma, excepci√≥n y sitio para que hubiera m√°s rendici√≥n de cuentas por el Gobierno durante la declaraci√≥n de esos estados y establecer un plazo perentorio en el que el Tribunal Constitucional tuviera que pronunciarse si se presenta un recurso contra el decreto de estado de alarma". El l√≠der de Vox, Santiago Abascal, anunci√≥ horas despu√©s de conocerse la decisi√≥n del Gobierno de llevarla ante el m√°ximo int√©rprete de la Constituci√≥n. 

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