Europa
La UE advierte a España del peligro de politización del sistema judicial nacional
Bruselas subraya la necesidad urgente de renovar del CGPJ y la aparente falta de independencia entre Fiscalía General y el Ejecutivo. el texto elude toda referencia al problema catalán

La Comisión Europea ha publicado hoy el primer informe a escala comunitaria sobre la salud del Estado de Derecho y España, sorprendentemente, ha recibido una preocupante lectura de cartilla en un momento en el que portarse bien está directamente relacionado con recibir fondos europeos para la recuperación de la crisis socioeconómica del Covid19.

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Una vinculación a la que, en repetidas ocasiones, han hecho alusión, tanto von der Leyen, como Charles Michael: "es la primera vez en la historia europea que nuestro presupuesto estará claramente conectado con nuestros objetivos climáticos y digitales, al respeto del Estado de Derecho y al refuerzo conjunto de nuestras economías contra una crisis".

Cataluña: ni está, ni se le espera

Para sorpresa de muchos, y contra todo pronóstico, la revisión del Estado de Derecho en España opta por no entrar a valorar nada en lo concerniente al problema catalán. En la opinión de fuentes comunitarias consultadas por LPO, "ante cuestiones soberanas, soluciones soberanas, siempre y cuando se respeten las libertades civiles y el Estado de Derecho".

El texto, en el apartado "Independencia", resalta que en ninguna de las elecciones generales de 2019 se alcanzó la mayoría cualificada de tres quintos del parlamento necesaria para el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un hecho que ha provocado la continuación en el cargo ad eterim de los actuales, en contra de toda recomendación por parte de asociaciones de profesionales que han impugnado legalmente la competencia del Consejo en funciones de nombrar altos cargos judiciales.

La actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en un acto de campaña del PSOE junto a Carmen Calvo y Pedro Sánchez.

La Comisión apunta a la coincidencia de mandatos como posible causa de la percepción de independencia entre la Fiscalía General y el Gobierno de España. Así, el informe sostiene que la Fiscal General del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, podría haber sido muy mejorable: "El Consejo de Europa ha señalado que, para la confianza pública, no solo es fundamental que el nombramiento sea, sino que también parezca imparcial, objetivo y libre de cualquier influencia, especialmente de naturaleza política".

En esta línea, el ejecutivo de la Unión aboga por una mayor transparencia en las relaciones entre Fiscalía y Ministerio de Justicia, recordando que la ley no obliga a hacer públicas sus comunicaciones.

Eficiencia y Coronavirus

El examen de la Comisión Europea hace hincapié en que la duración de los procesos judiciales está aumentando sustancialmente. Concretamente en las resoluciones de los casos civiles, comerciales y administrativos en primera instancia desde 2016, demora que se extiende hasta los 600 días en el Tribunal Supremo.

En esta línea, la evaluación comunitaria asigna una sección especial al impacto del Estado de Alarma en la congelación de los procesos judiciales cuando solo se mantuvieron los procedimientos de urgencia suspendiéndose los plazos. Entendiendo la situación, el documento refleja la preocupación por que esta realidad empeore la ya saturada administración de justicia de España.

Corrupción, la asignatura pendiente

España obtiene una puntuación de 62 sobre 100 en al ranking de Transparencia Internacional de 2019 y, según el índice de Percepción de la Corrupción de ese mismo año, ocupa el décimo lugar de la Unión Europea y el número 30 a nivel mundial.

Las cifras del Eurobarómetro realizado en 2020 sobre este asunto denotan que la percepción de la población española sobre la media europea en este campo es muy superior. Para 94% de los encuestados en España, la corrupción es algo "generalizado", frente al 71% del resto de los socios comunitarios.

Además, casi nueve de cada diez empresas españolas (88%) consideran que la corrupción está muy o bastante extendida (63% en el resto de la UE).

Percepción ciudadana en descenso

El documento también menciona que desde 2016, la percepción de los ciudadanos y las empresas sobre los tribunales y jueces ha disminuido considerablemente. Los últimos datos de 2020, arrojan porcentajes muy mejorables; por un lado, solo el 44% de la población califica de "bueno o muy bueno" el funcionamiento judicial, y en el caso de las empresas, el dato baja al 42%.

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El informe recalca que, a pesar de que la Libertad de Prensa esté protegida por la Ley, "en los últimos años se han registrado casos de hostilidad hacia los periodistas, incluidas situaciones en las que los estos fueron objeto de amenazas o violencia". Cabe destacar, que el texto recuerda que el encarcelamiento es una de las consecuencias de difamación contra algún miembro de la Casa Real, hecho que, sin entrar a valorar, invita a la reflexión solo citarlo.

Coincidencia o no, este informe se conoce justo cuando el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que le próxima semana convocará una conferencia de presidentes, junto a todas las Comunidades Autónomas, para tratar los fondos de recuperación europeos en presencia de la presidenta de la Comisión.

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El documento de la Comisión Europea dedica gran parte de su estudio al viraje totalitarista de países del Este de Europa como Polonia o Hungría, por quienes el botón rojo europeo está a punto de ser pulsado, lo que les sacaría del circuito decisorio de la UE, pero no hay que bajar la guardia, toda escalada tiene un comienzo.

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