Consejo de Ministros
El Gobierno creará un "Panteón de España" y convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil
La vicepresidenta Calvo ha dejado claro que el Ejecutivo extinguirá la fundación que permite que los benedictinos gestionen el Valle de los Caídos

El Gobierno creará un "Panteón de España" donde se rendirá tributo "a los hombres y mujeres ilustres que destacaron en política, ciencia o artes y que han aportado grandes valores a nuestra país desde su libertad". Se trata de una de las medidas incluida en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que este martes ha presentado la vicepresidenta Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Así, el Panteón de Hombres Ilustres se llamará "Panteón de España" y se conmemorarán el 31 de octubre y el 8 de mayo. El Ejecutivo cambiará el nombre al panteón, donde las mujeres están "desaparecidas", por el de Panteón de España, y se le dará relevancia enterrando en él a personalidades ilustres. La vicepresidenta ha puesto como ejemplo a Clara Campoamor, la impulsora del voto femenino en España, porque "se le debe la aplicación exacta y precisa de la soberanía popular".

Entre los objetivos de esta ley se encuentra el de exhumar, identificar y reparar a las víctimas y, además, la futura conmemoración de las víctimas de la Guerra Civil en dos fechas: el 31 de octubre, fecha en que se aprobó el proyecto de Constitución española de 1978 en el Congreso de los Diputados y el 8 de mayo como efeméride para recordar a quienes lucharon contra el nazismo y el fascismo. Sin duda, el objetivo central del Ejecutivo es la "resignificación de El Valle de los Caídos" para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las "30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto", avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno. 

Calvo ha dejado claro que el Ejecutivo extinguirá la fundación que permite que los benedictinos gestionen el Valle de los Caídos. "La fundación de los benedictinos se extinguirá automáticamente, ya no tiene ningún sentido. Entre tanto se produzca su extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos para su decreto, y que llevaremos a Patrimonio Nacional", anunció Calvo. "Esta es una ley para encontrarnos todos, para reconocer la justicia y la paz que necesitan las familias de estas víctimas", aseguró la vicepresidenta. Una vez Patrimonio tome el control, lo perderá la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, abocada a su desaparición tras retirarle los fondos públicos. 

El Ejecutivo también anunció  que protegerá "para el futuro los archivos de la Presidencia del Gobierno de España" para tener "útiles" los archivos históricos hasta el momento anterior a la democracia y traer a España archivos de personalidades insignes que se encuentran fuera del país.

Una sala especial en la Fiscalía

El Gobierno prevé también la creación de una sala en la Fiscalía del Tribunal Supremo a la que podrán recurrir los familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para denunciar los hechos, "incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario", explicó la vicepresidenta. Esta sala garantizará la tutela judicial en los procedimientos, se le atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas y promoverá las inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las víctimas, según el anteproyecto de ley redactado por el Ejecutivo. 

 [El Gobierno indigna a asociaciones de memoria histórica por no haber aprobado en julio la ley de exhumaciones]

La ley, que derogará y sustituirá la aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también incluirá en los currículum educativos de Secundaria y Bachillerato materias para que los alumnos estudien el "pasado democrático", es decir, anterior a la dictadura y la "lucha por la democracia" que se libró durante la Guerra Civil y el franquismo. El Gobierno propone un régimen sancionador que pueda multar con hasta 150.000 euros para las personas o instituciones que no cumplan con las disposiciones de la norma. 

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