Funcionarios
Nueva congelación salarial para los funcionarios: ya han perdido un 15% de poder adquisitivo en 10 años
Nadia Calviño ha avisado que no habrá subida de sueldo para los empleados públicos en 2021

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha dicho este jueves que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y además el escenario de inflación es cero, consideraciones que se deberán tener en cuenta en una hipotética congelación de sus sueldos en 2021. Una posibilidad que ha dejado más que abierta en una entrevista concedida a COPE.

La titular de Economía ha insistido en que los funcionarios, en los últimos años, han tenido ganancias de poder adquisitivo y han recuperado las pérdidas que soportaron durante la crisis, además de que los indicadores apuntan que este año la inflación será cero. "Todo esto tendremos que tenerlo en cuenta", ha añadido.

La reacción de los funcionarios no se ha hecho esperar. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha manifestado su rechazo a una congelación salarial de los empleados públicos, y ha exigido la puesta en marcha de una negociación, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, para abordar las retribuciones y la oferta de empleo público, ante las necesidades acuciantes de reforzar las plantillas de las administraciones en todos los ámbitos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia y Administración General del Estado entre otros).

El sindicato, además, ha desmentido de forma tajante la afirmación de Nadia Calviño sobre el mayor poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años. Sobre este asunto, CSIF afirma que los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, una media del 15,4%. Por ese motivo, afirman, "reivindicaremos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario".

Los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010

CSIF recuerda que el colectivo de empleados públicos ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia y hoy sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades. Por eso, entienden que no puede existir la congelación salarial que ha dejado caer este jueves Nadia Calviño.

El teletrabajo y la jubilación a los 60, otros frentes abiertos

La posible congelación salarial a los empleados públicos supone el tercer gran frente abierto para los funcionarios, que llevan semanas reclamando una Ley de Teletrabajo específica para la Administración. Este jueves, afirman a LPO fuentes de CSIF, habrá una primera toma de contacto en este sentido, después de la convocatoria realizada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el próximo miércoles, día 16.

Hasta la fecha, las administraciones públicas se guían por un protocolo de teletrabajo aprobado el pasado mes de junio. No obstante, advierten desde CSIF, ese protocolo no se está aplicando de forma homogénea en todo el país y, por ese motivo, exigen una Ley para una misma aplicación del Teletrabajo en todo el país.

[El Gobierno pone en jaque la jubilación a los 60 años de 900.000 funcionarios]

Por otra parte, las fuentes consultadas temen que, tras la aprobación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, los 900.000 funcionarios en activo que se rigen por el Régimen de Clases Pasivas no puedan jubilarse a los 60 años al pasar a depender de Seguridad Social. 

Una opción que el Gobierno no ha descartado y que podría confirmarse el próximo 6 de octubre, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asumirá las competencias en materia de reconocimiento, gestión y propuesta de pagos de las prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuyas competencias tenga atribuidas, así como las derivadas del Régimen de Clases Pasivas del Estado. 

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