Europa
España, Italia y Grecia, los últimos de la clase en aplicación del derecho europeo
La Comisión tomó medidas contra España por no aplicar medidas sobre el intercambio automático obligatorio de información fiscal y no mejorar la seguridad ferroviaria

En un momento en el que el respeto al Estado de Derecho se ha posicionado como conditio sine qua non para el reparto de 750.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos, la Comisión publica el informe anual que muestra el grado de cumplimiento de la legislación comunitaria en el que España no sale muy bien parada, especialmente en el terreno del transporte y el medio ambiente.

"Hay que trabajar más", ésta es la principal conclusión a la que llega la Comisión Europea en su informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión de 2019 ya que, a pesar de que el número de asuntos de infracción pendientes se mantuvo estable, los casos nuevos aumentaron en un 20% con respecto a 2018.

Gran parte de este incremento se debe a las llamadas de atención a España, Italia y Grecia, Estados miembros contra quienes se abrieron más expedientes por transposición incorrecta de la norma europea a su ordenamiento jurídico nacional o por aplicación errónea del derecho de la UE. En el otro extremo, se encuentran Luxemburgo, Estonia y Lituania, los aventajados de la clase.

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Cabe recordar que el acuerdo histórico, al que se llegó hace apenas unas semanas para resucitar a la UE tras el Convid19 con 750.000 millones de euros repartidos entre ayudas directas y créditos, está por primera vez en la historia de Europa "vinculado al respeto del Estado de Derecho", resaltaron tanto Von der Leyen como Charles Michael.

Medio ambiente y Movilidad

Los principales ámbitos de actuación y vigilancia fueron el medio ambiente, el mercado interior, la industria, el emprendimiento y las pymes, junto al transporte y movilidad, estos dos últimos campos supusieron, de hecho, la mitad de los asuntos.

Así, en el informe referenciado se hace hincapié en la lucha contra la contaminación como prioridad política, causa por la que la Comisión llevó a Estados como Italia, Bulgaria y España ante el Tribunal de Justicia por presentar niveles excesivos de dióxido de nitrógeno y de azufre en el aire que respiramos, ambos dañinos para la salud.

Además, La Comisión también decidió denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de la directiva de eficiencia energética.

Más infracciones. España, al igual que países como Grecia, Chequia o Alemania, según la evaluación comunitaria, no garantizó en 2019 la eliminación de barreras arquitectónicas garantizando el acceso igualitario a usuarios con discapacidad, requisito recogido por el número de emergencias 112 en toda la Unión.

Y el tirón de orejas continúa. La Comisión tomó medidas contra España por no aplicar medidas sobre el intercambio automático obligatorio de información fiscal, pero quizás, la infracción más llamativa es la que deja en evidencia la seguridad ferroviaria en este país.

José Luis Ábalos, en la estación de Atocha

La Comisión inició un procedimiento contra España por no transponer plenamente la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria. La Directiva exige que los Estados miembros establezcan una autoridad y organismo de seguridad independiente con el objetivo de investigar accidentes e incidentes, a lo que hay que añadir que los Estados miembros deben definir principios comunes de seguridad ferroviaria para prevenir futuros problemas.

Precisamente España debería priorizar esta cuestión cuando se cumplen 7 años de la segunda tragedia ferroviaria de su historia que se saldó con 80 fallecidos y más de 100 heridos en el accidente del trayecto del Alvia que unía Madrid-Ferrol. Una tragedia con indemnizaciones y responsabilidades pendientes.

Pasando del suelo al cielo. La Comisión continuó con los casos contra España, los Países Bajos y Finlandia por la Directiva de registro de nombres de pasajeros aéreos por no ser aplicada a tiempo, una Directiva considerada como una herramienta crucial en la batalla contra el terrorismo.

La norma consiste en que las compañías aéreas estarán obligadas a proporcionar a las autoridades de los Estados miembros los datos sobre vuelos que entran o salen de la UE. También permite, aunque no obliga, a disponer de información sobre vuelos dentro de la UE.

El informe concluye que la Comisión Europea seguirá "garantizando con firmeza el cumplimiento de las normas en todos los campos, priorizando aquellos que más influyen en la vida cotidiana de las personas y las empresas". Un propósito que encabeza el proyecto político de la presidenta Von der Leyen, quien ha repetido en varias ocasiones que "una Europa que proteja debe defender también la justicia y los valores fundamentales de la UE. 

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