Coronavirus
El Defensor del Pueblo no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la declaración del estado de alarma
Recibió decenas de quejas de asociaciones de juristas y particulares el pasado mes de abril, pero estima que el decreto aprobado en marzo por el Gobierno se ajusta a la Carta Magna

El pasado mes de abril, LPO informó de una ofensiva de juristas y particulares ante el Defensor del Pueblo, reclamando que el organismo que dirige en funciones el socialista Francisco Fernández Marugán recurriera ante el Tribunal Constitucional la aplicación del estado de alarma. Cinco meses después, y a pesar de que el organismo se comprometió a adoptar una decisión en julio, el Defensor del Pueblo ha desestimado todas esas quejas.

Catedráticos de derecho constitucional, asociaciones de juristas y particulares llenaron, en las primeras semanas de confinamiento, el buzón de quejas del Defensor del Pueblo a cuenta de la posible inconstitucionalidad de algunas medidas adoptadas por el Gobierno en el estado de alarma. En concreto, en estos escritos se especifica que el Ejecutivo está vulnerando derechos fundamentales como el de la libertad deambulatoria, recogido en el artículo 19 de la Constitución, y el derecho de reunión del artículo 21 de la Carta Magna.

[El Defensor del Pueblo retrasa a julio el recurso al TC sobre el estado de alarma]

Los denunciantes recordaban que el artículo 55 del texto constitucional especifica que "los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución". No obstante, y según la propia Carta Magna, no pueden suspenderse durante la aplicación de un estado de alarma.

El criterio del Defensor del Pueblo, hecho público este viernes, es otro. Francisco Fernández Marugán, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas. El Defensor tampoco recurrirá el resto de normas dictadas al amparo de este real decreto.

En su opinión, las medidas adoptadas no suspendieron derechos fundamentales, tal y como sostienen los solicitantes de los recursos, sino que solo limitaron el ejercicio de algunos de estos derechos. Fernández Marugán señala que "ante una pandemia gravísima, el confinamiento general era una respuesta sanitaria proporcionada a la situación y necesaria para preservar la salud y la vida de las personas". Así, destaca que "ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible".

Para el Defensor, la respuesta de los poderes públicos debía estar a la altura de la gravedad de la amenaza y lo estuvo: "no puede reprocharse que, excluidos los estados de excepción y sitio por no concurrir sus presupuestos, fuera elegida la aplicación del estado de alarma. Era una salida constitucional, proporcionada, realista y orientada a salvar vidas", concluye.

En su resolución explica que la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES), contempla que pueda declararse el estado de alarma para hacer frente a una epidemia. En este sentido, asegura que "el confinamiento generalizado, masivo, largo en el tiempo, constituye, por su propia naturaleza, una severa restricción de lo que pueden hacer las personas en su vida cotidiana. Y afecta, como no podía ser de otra manera, al ejercicio de los derechos fundamentales".

Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES), contempla que pueda declararse el estado de alarma para hacer frente a una epidemia

Sin embargo, advierte de que, a juicio de la Institución "en modo alguno significa -o significó durante el estado de alarma- la suspensión de determinados derechos fundamentales, como sostienen muchos de los comparecientes, sino una limitación de su ejercicio. Sí se hubiese aplicado el estado de excepción, como consideran algunos peticionarios, si se habrían suspendido esos derechos."

Limita pero no suspende derechos

Fernández Marugán reconoce que durante el estado de alarma algunos derechos se vieron intensamente afectados pero señala que "una interpretación conjunta de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES) permite concluir que se limitan derechos, pero no se suspenden". Así, recuerda que esta distinción "no es baladí". "La limitación modula el ejercicio de los derechos, la suspensión los elimina".

A modo de ejemplo, expone que no es lo mismo poder reunirse de determinada manera que no poder reunirse en absoluto. La Institución siempre defendió durante el estado de alarma que sí era posible reunirse, pero siempre con las garantías sanitarias precisas. "De haber estado suspendido no hubiera habido debate, o éste hubiera sido resuelto siempre, por las autoridades administrativas y judiciales, en sentido negativo", señala.

Este tipo de reflexiones podrían hacerse sobre todos y cada uno de los derechos fundamentales en juego. Así, si bien las restricciones a la libertad de circulación estaban justificadas en origen, las sanciones por su incumplimiento, amparadas en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, deberían haber sido objeto de un régimen sancionador específico, adaptado a las circunstancias. Igualmente, ha recibido y tramitado quejas sobre actuaciones policiales concretas durante el estado de alarma. Pero esto es cosa diferente a la legitimidad de la restricción de movimientos para evitar contagios durante el estado de alarma declarado para hacer frente a la epidemia.

Estado de alarma frente al de excepción

Ante la posibilidad señalada por los solicitantes de recurso de declarar el estado de excepción en lugar del de alarma, el Defensor considera "que no se daban los requisitos necesarios para promulgar el estado de excepción sobre todo por no existir, afortunadamente, problemas de orden público y en consecuencia no ser esta la opción adecuada. Por tanto era mucho más correcto agotar cuantas posibilidades ofrece el ordenamiento jurídico, como es el estado de alarma".

No se daban los requisitos necesarios para promulgar el estado de excepción sobre todo por no existir, afortunadamente, problemas de orden público y en consecuencia no ser esta la opción adecuada

Para Fernández Marugán, "la naturaleza y el número de los derechos fundamentales que pueden ser suspendidos en el estado de excepción hubiera constituido una respuesta exorbitante, gravemente lesiva para los ciudadanos y claramente improcedente".

Por último, el Defensor concluye en su resolución que el confinamiento ha tenido una "severa" repercusión en la actividad económica y ha generado una situación dramática para muchas personas y familias. "Puede discutirse el acierto o desacierto de las restricciones a los derechos económicos, si fueron o no excesivas o si duraron o no demasiado. Pero esto sería crítica legítima de la política económica (y sanitaria) que no afecta a la constitucionalidad del estado de alarma y sus consecuencias sobre los derechos económicos y sociales", matiza.

En total, la Institución ha recibido 617 escritos en los que se solicitaba la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. A pesar de estar garantizado el pronunciamiento del Alto Tribunal por haber admitido a trámite el recurso presentado por un grupo parlamentario, la Institución ha considerado necesario pronunciarse. Fernández Marugán asegura que lo hace, de manera excepcional, teniendo en cuenta la directa conexión entre el estado de alarma y los derechos fundamentales.



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