Gobierno
PSOE y PP apalabraron en julio un 'pack de renovación institucional' que se vino abajo en agosto
Hace dos meses, Casado se abrió a aceptar un pacto en bloque, pero la marcha del rey, la moción de censura de Vox y la imputación de Podemos lo frenaron todo

De iniciar conversaciones en julio para alcanzar un 'macro-acuerdo' en el inicio del curso político a anunciar un "no" rotundo en Moncloa. El PP ha cambiado, en menos de dos meses, su posición sobre la renovación de los llamados órganos constitucionales -Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo- y de RTVE. Un viraje que desde el Gobierno, y también desde el Partido Popular, achacan a cuatro factores clave, acaecidos en las últimas cinco semanas.

Según las fuentes consultadas por LPO, conocedoras de las gestiones de Moncloa a principios de julio, el gabinete de Pedro Sánchez ofreció al de Pablo Casado un "pack completo", para negociar "en lote" la renovación de las cuatro instituciones antes citadas. Ese 'pack de renovación', admiten, fue "bien visto" desde Génova 13, que autorizó el inicio de conversaciones.

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La clave de bóveda para alcanzar ese acuerdo global era pactar, primero, la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial. Y Sánchez y Casado decidieron quiénes debían ser los interlocutores: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por parte del Gobierno; y Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, por parte del PP. 

Tal y como reconocieron a LPO fuentes muy cercanas a López, las conversaciones se desarrollaron durante el mes de julio. No se concretaron nombres, pero existía voluntad de acuerdo. No obstante, la marcha de Juan Carlos I, y la reacción de Podemos pidiendo debatir el modelo de Estado en España, bloquearon esas negociaciones, según aseguran desde el PP.

También han quedado bloqueadas las conversaciones iniciadas en julio para nombrar un nuevo consejo de administración en RTVE. Las fuentes consultadas por este diario explican que el Gobierno y el PP querían usar el informe de los letrados de las Cortes, que blindaba la continuidad del concurso público pero abriendo la puerta a poder elegir a cualquiera de los 95 candidatos iniciales, y no a los 20 finalistas, para hacer un nuevo 'reparto' de puestos en la corporación. "Las negociaciones estaban muy avanzadas y el objetivo era llegar a un acuerdo en septiembre, pero todo se paralizó", reconocen personas conocedoras de esa interlocución entre el Ejecutivo y el Partido Popular.

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La marcha de Juan Carlos I y la reacción de Podemos ha sido, efectivamente, uno de los factores decisivos para el cambio de postura del PP, pero no el único. En Génova se han tenido en cuenta otras "importantes novedades" que han tenido lugar en las últimas semanas, y que tampoco han pasado desapercibidas para el Gobierno.

Las fuentes consultadas señalan que las deliberaciones de la Fiscalía del Supremo para decidir si se abre una causa judicial contra el ex monarca, y las propias causas judiciales que salpican a Podemos, también han influido de forma decisiva en la paralización de las conversaciones. En el PP, "nadie le veía mucho sentido pactar la renovación del CGPJ en medio de esos procedimientos. Y más cuando uno de los dos partidos que forman parte del Gobierno está imputado".

En el PP, nadie le veía mucho sentido pactar la renovación del CGPJ en medio de esos procedimientos. Y más cuando uno de los dos partidos que forman parte del Gobierno está imputado

Más allá de los motivos procedentes de los juzgados, las dos partes de la negociación admiten que la moción de censura de Vox también ha influido: "El PP no quería dar argumentos a Abascal para criticar a Casado firmando un pacto con el Gobierno", afirman fuentes próximas al Ejecutivo. También ha pesado, y mucho, la situación en Cataluña: "La inhabilitación de Torra, la posible convocatoria electoral y las dudas sobre la 'mesa de diálogo' han influido tanto en un lado como en otro", reconocen.

El Gobierno no se da por vencido

En las últimas cinco semanas, por tanto, se ha producido una especie de 'tormenta perfecta' para hacer saltar por los aires las negociaciones de Gobierno y PP para renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y RTVE. Un acuerdo, a día de hoy, parece imposible. Y más, después de las declaraciones de este miércoles de Pablo Casado en Moncloa. No obstante, dentro del Gobierno, hay quien aún mantiene la esperanza de poder llegar a un pacto.

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Los defensores de esta hipótesis afirman que, una vez cerrados y superados todos los escollos que han aparecido desde julio, todos ellos con "fecha de caducidad", es posible volver a sentarse a negociar. La imposibilidad de mantener cuatro años en funciones todos los organismos antes citados, y las presiones que recibirá el PP para poner en marcha su renovación, pueden ser una carga demasiado fuerte para Casado. Por eso, desde el Ejecutivo prefieren no darse por vencidos.

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