Coronavirus
Los empresarios podrán obligar a los trabajadores a vacunarse de Covid-19 a través de un juez
La Ley de Medidas Especiales permite la actuación judicial. Los funcionarios también se verían afectados por esta medida

Salvador Illa anunciaba este viernes que España realizará el primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus durante los próximos dos meses. Una noticia que se sumaba a las esperanzadoras declaraciones que el ministro hizo dos días antes en las que aseguró que, "si todo va bien", a partir de diciembre llegarían a España las primeras dosis de la vacuna para el Covid-19 gracias al contrato firmado con la farmacéutica AstraZeneca.

[ España inicia el ensayo clínico de la vacuna de Johnson & Johnson en su fase 2]

La comunidad científica está haciendo un esfuerzo sin precedentes para lograr la vacuna lo antes posible, conscientes de que si existe algún camino para volver a la ‘vieja normalidad' es el de la inyección. Pero hay a quien no convence la ciencia. Se comprobó en la Plaza de Colón hace dos semanas cuando los negacionistas del virus y contrarios al uso obligatorio de la mascarilla se manifestaron en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno. Los expertos advierten que la llegada de la vacuna abrirá de nuevo el debate sobre la vacunación obligatoria: "¿Pueden obligarnos a ponernos la vacuna en el trabajo?".

Los empresarios tendrán que solicitárselo al juez y será la Justicia quien obligue a la vacunación

Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional en ICADE explica a LPO que la pandemia ha modificado el escenario jurídico para esta situación y que, a través de una autorización judicial, sí se podrá obligar a la vacunación. Los empresarios tendrán que solicitárselo al juez y será la Justicia quien determine esa obligatoriedad para quienes no quieran vacunarse contra el coronavirus.

Qué dicen las leyes

Las dos normas que regulan la vacunación en el trabajo son la Ley General de la Salud Pública y la Regulación de prevención de riesgos laborales. La primera, señala De Montalvo, no hace mención alguna a las vacunas y en la Regulación de prevención de riesgos laborales "se entiende que es voluntaria". El reglamento establece que el empresario tiene el deber de ofrecer las vacunas a sus trabajadores, pero que éstos únicamente se la podrán poner de manera voluntaria. "Solo se establece una obligación respecto al empresario de ofrecerlas", señala el experto en derecho constitucional. "El trabajador tiene la voluntariedad", añade.

La Ley 41/2002, básica reguladora de la Autonomía del Paciente, reconoce este principio de autonomía de la voluntad en su artículo 2ª e., donde garantiza el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos. Un criterio que respeta la Ley 33/2011, General de Salud Pública. También la propia Constitución española recoge el derecho de cualquier persona a no vacunarse amparándose en el respeto a los derechos de libertad e intimidad.

"Pero esto sería en un contexto de normalidad", apunta Federico de Montalvo. Actualmente, no obstante, "se podría imponer una vacunación obligatoria" a través de la Ley de Medidas Especiales de Salud pública. "Lo primero que tiene que hacer el empresario es pedirlo ante un juez", explica De Montalvo. Si el juez acepta la petición, el trabajador o trabajadora tendrá que vacunarse de manera obligatoria. Los funcionarios públicos también se podrán encontrar en esta situación: de negarse a la vacuna, será la propia administración quien solicite al juez la autorización judicial.

Vacunación forzosa en Granada

Habría que acudir al artículo 15 de la Constitución Española que establece que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral" para encontrar otro argumento en el que apoyar la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19. Con más fuerza aún en el caso de menores de edad, donde si la familia no quisiese administrarle la vacuna un juez podría determinar que el Estado garantizase el derecho a la salud del niño por encima de la voluntad de los padres. 

Hay precedentes en nuestro país. Uno de ellos en el año 2010, en Granada, cuando un juez obligó a la vacunación forzosa de los niños ante un brote de sarampión que había afectado a más de 40 personas, 16 de ellas con ingreso hospitalario. 

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