Unidas Podemos
La directora de gabinete de Irene Montero, en la lupa del juez por la financiación de Podemos
Amanda Meyer fue la socia fundadora junto al diputado Rafa Mayoral de la cooperativa Kinema, investigada ahora por el magistrado. Ambos políticos, junto a Juan Carlos Monedero, estarían en el punto de mira del juez

La causa judicial por la financiación irregular de Unidas Podemos no ha hecho más que comenzar. El abogado purgado por la formación, José Manuel Calvente, ha denunciado varias irregularidades, entre las que se encuentra la supuesta 'caja B' con la que contaría el partido y la supuesta financiación irregular por parte de algunos de los principales cargos. Fuentes judiciales avanzan a LPO que, tras la declaración de los imputados el próximo 20 de noviembre, más cargos conocidos podrían ser llamados a declarar. Entre ellos, se encontraría la actual directora de gabinete de Irene Montero, Amanda Meyer; el diputado Rafael Mayoral y el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. 

El presidente del Gobierno sí tendría que temer el desgaste del Ejecutivo hasta el 20 de noviembre y en adelante. El juicio contra Unidas Podemos no ha hecho más que empezar y, por si fuera poco, otro miembro más del Gobierno podría ser llamado a declarar. Se trata de Amanda Meyer, actual directora de gabinete de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que este año cobrará más que el propio Pedro Sánchez, ya que percibirá un salario anual de 83.425 euros anuales, mientras que Sánchez percibirá una retribución anual de 83.000 euros. 

Meyer es miembro de la dirección de IU y del PCE, también es hija del histórico dirigente de IU, Willy Meyer y fue ex secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno de la Junta de Andalucía, impulsora de la 'beca black' de Errejón e integrante del despacho del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, entre otros cargos. 

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Pero lo más importante para la investigación es que fue la cofundadora de la cooperativa Kinema, junto al diputado Rafael Mayoral. La amistad de Meyer con Mayoral y Pablo Iglesias viene desde antes de la constitución de Podemos. La nueva directora de gabinete de Montero le abrió las puertas de la televisión a Iglesias gracias a su hermano, Tristán Meyer, que trabajaba en la productora 'Producciones con Mano Izquierda', que utilizaron los morados para presentar 'La Tuerka' y 'Fort Apache'. 

Kinema, ¿el mayor destinatario de la 'caja B'? 

En la denuncia presentada en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil, el ex abogado de Podemos señaló a Kinema y a Mayoral por gestionar las nóminas de los dirigentes del partido "sin licitación". Además, la cooperativa, según añade Calvente en su escrito, "ha recibido cuantiosas subvenciones públicas municipales y contratos de estados latinoamericanos de importe muy elevado. Su implicación en la trama vendría determinada por su posible vinculación en las actividades presuntamente irregulares de Rafael Mayoral". 

Amanda Meyer, a la izquierda de Irene Montero, en la toma de posesión de la ministra. 

La empresa Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña fue fundada en 2006 en el municipio de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) por Rafael Mayoral, Amanda Meyer y las hermanas Elena y Ana Marcello. Esta última fue diputada de Podemos por León en las XI y XII Legislaturas. En el currículum que presentaba Meyer como "socia fundadora de Kinema", según ha podido saber LPO, figuraba como "corresponsable del área jurídica, en la especialidad de penal, laboral y constitución de empresas, así como del área de intervención comunitaria" desde el 2006 hasta el año 2010, en el que abandonó la cooperativa. 

Sin embargo, la participación de Mayoral continuó unos años más (de 2006 hasta el 17 de octubre de 2014). Precisamente ese año (2014), la cooperativa empieza a prestar los servicios de gestoría laboral a Podemos, a sus grupos parlamentarios y a sus eurodiputados en Bruselas. Tal y como publicó Okdiario en 2017, Kinema duplicó sus ingresos en un sólo año, hasta alcanzar los 1,4 millones de euros, gracias al desembarco de Podemos en las instituciones. 

Según las cuentas de la cooperativa, Kinema declaró una cifra de negocio de 698.340 euros en el ejercicio 2014. Un año después, en 2015, su facturación se disparó hasta los 1.394.703 euros, coincidiendo con la llegada de Podemos a los ayuntamientos y parlamentos autonómicos (en las elecciones municipales del 24M), a las Cortes y, un año antes, al Parlamento Europeo.

 Mayoral, en el punto de mira 

Las críticas en voz baja provenientes del partido hacia Kinema venían por sus "excesivos precios" en ocasiones, y la norma no escrita dentro de la formación de sólo contratar sus servicios ante otras que podrían ofrecer mejores precios. Calvente corrobora este hecho, asegurando que "ha sido objeto de muchas discusiones internas por cobrar precios excesivos por los servicios prestados". La guinda de todo esto para el juez es que Rocío Val, imputada este lunes, fue vicepresidenta de Kinema y después, avalada por su amigo Mayoral, fue contratada como gerente de Podemos a principios de 2019. 

La denuncia de Calvente esgrime que, desde su contratación, la formación morada obvió licitar el servicio de gestoría, que es obligatorio por ley a partir de 2018 si los gastos superaban una determinaba cuantía que el partido superaba, según el abogado. "La contratación de Rocío Val eliminó cualquier discusión al respecto sobre la contratación del servicio de gestoría y a fecha de hoy no se ha licitado la contratación", asegura Calvente en su escrito. 

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Según consta en el sumario, la cooperativa también fue "creada para gestionar actividades de defensa de los residentes de países latinoamericanos en España" y de aquí también podrían venir cuantiosas cantidades de dinero, según el abogado. Okdiario publicó en 2016 que Kinema percibió cerca de 600.000 euros anuales del Gobierno de Ecuador, por prestar en sus consulados un servicio de asesoramientos a los ecuatorianos residentes en España que estaban en peligro de perder su vivienda en un desahucio. Así viene reflejado en un documento oficial del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Leonardo Arizaga Schmegel, en el que admite que su Gobierno destina 759.936 dólares anuales a financiar este servicio de asesoramiento hipotecario que inicialmente, desde 2012, dirigió el propio Mayoral.

A todo ello se suma la famosa "caja de solidaridad", que también investiga la Justicia. En la misma denuncia, Calvente apunta la responsabilidad de Mayoral en la creación de la presunta 'caja B' de Podemos. "Fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos", según señala el escrito. En teoría, los fondos proceden de las donaciones mensuales de los cargos públicos estatales del partido, según se indica en su Reglamento, y dichos fondos debían destinarse a "donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y/o huelga que pueda haber abiertas", señala el letrado. 

La gran irregularidad que estaría estudiando la Justicia es, según Calvente, "la presunta utilización" de esta caja "por parte de Rafael Mayoral como una 'caja B' del partido, para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar". El escrito del abogado relata que, "por la estructura jerárquica del grupo y por sus integrantes, así como por el destino de los fondos del partido bajo la opacidad de la nueva Gerencia a partir de 2019, Mayoral parece ocupar el lugar de organizador y máximo destinatario de los fondos dispuestos". 

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