Pactos de Gobierno
Por qué la patronal no firmó la igualdad salarial: "Fue una imposición más que una negociación"
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se negó a la reducción de salarios para evitar despidos planteada por la CEOE

La nueva mesa de diálogo social entre Gobierno, sindicatos y patronal comienza con un pacto sobre el plan de igualdad laboral sin la firma de los empresarios. Los Ministerios de Trabajo e Igualdad y los sindicatos CCOO y UGT han presentado este jueves el acuerdo para el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo, un pacto que no han suscrito CEOE ni Cepyme, a pesar de haber participado en las negociaciones. 

La patronal se levantó de la mesa en cuanto vio el camino que tomaba la negociación sobre la igualdad salarial y en lo que, en su opinión, "pretendía ser una imposición inviable, más que una negociación". Los empresarios esperaban otra propuesta "más asequible" por parte de la ministra, Yolanda Díaz, y no tuvieron conocimiento de que el pacto se cerró sólo con los sindicatos. Desde la CEOE quieren hacer hincapié en que las desavenencias no fueron sobre igualdad, sino sobre aspectos que tienen que ver con la negociación colectiva. 

La patronal expresa a LPO su malestar y aseguran que desconocen el acuerdo. La nueva mesa de diálogo social comienza con un acuerdo laboral sin uno de los miembros de la mesa, el sector empresarial. Fruto de este acuerdo se han aprobado dos reglamentos que desarrollan el registro salarial para promover la igualdad retributiva y la obligatoriedad para las empresas de más de 50 trabajadores de contar con planes de igualdad. A partir de este jueves, los planes de igualdad deberán inscribirse en el registro de convenios, que hasta ahora no era obligatorio, y solo podrán hacerlo las empresas que los hayan negociado previamente. 

 Rebajar salarios frente a despidos  

El malestar de la patronal viene por discrepancias respecto a la negociación colectiva. "No tienen que ver nada con igualdad", aseguran desde Cepyme. Los indicadores económicas avanzan el recrudecimiento de la crisis económica para este otoño y, por ello, las empresas a partir de septiembre prefieren optar por imponer unilateralmente descuelgues de convenio y modificaciones de las condiciones de trabajo, para así recortar salarios y ajustar costes ante la caída de actividad e ingresos provocada por el virus. 

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"Mejor rebajar salarios que despidos. Que los ERTEs no se conviertan en EREs", aseguran desde la patronal. Una perspectiva que Díaz no considera. Nada de rebaja de condiciones, ni de salarios. Una situación que influye mucho a la hora de pactar la horquilla de incrementos salariales que las partes se comprometen respetar. En el actual acuerdo vigente dicha horquilla era de entre el 2% y el 3%. Actualmente, la variación salarial acumulada es del 1,9%; ligeramente inferior a lo pactado. El actual Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva vence el 1 de enero del 2021 y los agentes sociales tenían pendiente renovar estas condiciones. El Gobierno aprovecha el acuerdo con los sindicatos para presentar de forma inmediata el pacto sobre estos dos aspectos. 

 Igualdad retributiva 

Así la nueva norma aprobada confirma lo que el reglamento, sin desarrollar, del Ejecutivo de Sánchez aprobó en 2019. Todas las empresas, independientemente del tamaño, deberán contar con registros salariales por categorías y sexo que incluyan salarios y complementos, pero también cualquier percepción extrasalarial. Si la diferencia entre un sexo y otro fuera del 25% o más, las empresas deberán justificar por escrito a qué se debe esa brecha. Asimismo, los sindicatos deberán tener acceso a toda la información y, en caso de que nno haya representantes de los trabajadores en esa empresa, cualquier persona podrá tener acceso a dicha información, aunque no podrá consultar todos los valores salariales. 

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Además, las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas, además de al registro, a hacer una auditoria salarial que evalúe y valore cada puesto de trabajo. El reglamento, acordado sin la patronal, especificará los criterios a los que deben atender estas auditorías. La categorías también tendrán que agruparse por sexo, hasta ahora por grupo profesional, y también por grupos de "igual valor". Es decir, establecen que los trabajos de igual valor deberán tener los mismos salarios. 

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