Aguas
Dos firmas españolas, a punto de quedarse con la concesión de aguas de Puerto Rico
IBT Group y Miya deberán invertir 380 millones de dólares para brindar el servicio por los próximos 20 años.

Un consorcio formado por las empresas españolas IBT Group y Miya Water está a punto de cerrar un contrato para una concesión a 20 años con la AAA, la empresa de aguas pública de Puerto Rico.

La agencia local Autoridad para las Alianzas Público Privadas ya ha otorgado al consorcio la concesión para operar las áreas de servicio de la AAA relacionadas con todo el proceso comercial para suplir agua en Puerto Rico, según informó el lunes el diario 'El Vocero', citando un documento interno de Miya.

El contrato todavía no ha sido aprobado por el gobierno puertorriqueño, pero su firma está programada para este agosto. Miya declinó hacer comentarios a LPO sobre el acuerdo.

IBT Group y Miya deberán invertir 380 millones de dólares y ya tienen el apoyo de una importante institución financiera cuyo nombre no ha trascendido. Entre otras áreas, el contrato incluye el diseño y financiación de todas las mejoras de capital necesarias durante los próximos 20 años, además de la administración del proceso de facturación y servicio al cliente de la AAA.

El consorcio deberá instalar al menos 1,4 millones de medidores inteligentes para revertir las pérdidas anuales de 150 millones de dólares que tiene la empresa de aguas por robo o pérdidas.

Como parte del acuerdo, el consorcio deberá instalar 1,4 millones de nuevos contadores inteligentes para optimizar las actuales pérdidas de agua que se producen por robo o debido al mal estado de la infraestructura. La AAA tiene cerca de 1,3 millones de abonados.

Las operaciones de suplido de agua generan anualmente unos 170 millones de dólares, sin embargo, las pérdidas representan unos 150 millones de dólares que cada año no se ingresan. IBT Group y Miya lograrían duplicar sus ingresos si consiguen eliminar esas pérdidas con los nuevos contadores.

El consorcio necesitará hasta 740 trabajadores y no está obligado a contratar a los 800 empleados que actualmente componen el área de servicios de la AAA. Si el consorcio español no los contrata, serán reasignados a otras áreas de la empresa pública, que en total tiene unos 2.000 trabajadores.

IBT Group y Miya Water no tendrán capacidad para determinar tarifas, según el diario boricua.

El contrato no supone la privatización de toda la AAA, sólo cubre la operación de sus áreas de servicio.

Puerto Rico, una isla en bancarrota

El contrato otorgado a Miya y IBT se produce en medio de una ola de privatizaciones en Puerto Rico como parte del proceso de restructuración de deuda que atraviesa este territorio no incorporado de Estados Unidos. Puerto Rico está en quiebra con una deuda superior a los 72.000 millones de dólares.

Para resolver la crisis de deuda, el Congreso estadounidense aprobó en 2016 una ley llamada Promesa que establece una junta que controla las finanzas del gobierno puertorriqueño. La agenda de está junta -un símil de la ‘troika' que controló las finanzas griegas- está centrada en recortar pensiones, salarios públicos y privatizar compañías para generar ahorros.

Natalie Jaresko y Noel Zamot exponen en el Congreso de Estados Unidos el plan para revitalizar Puerto Rico,

Como parte de ese proceso, el gobierno puertorriqueño y sus agencias elaboran cada año presupuestos y planes fiscales que deben de ser aprobados y certificados por la Junta de Supervisión Fiscal, el nombre de este organismo que está dirigido por Natalie Jaresko, exministra de finanzas de Ucrania.

La AAA es una de las agencias que anualmente presenta un presupuesto para aprobación de la Junta de Supervisión. Así, la concesión a Miya y IBT debe de ser aprobada por el gobierno de Puerto Rico y, sobre todo, por la Junta que ha de garantizar que está en sintonía con el plan fiscal de la AAA.

La AAA registró un déficit anual de 628,4 millones de dólares al 30 de junio de 2017, fecha en la que cerró su año fiscal 2017, el último del que ha presentado un informe auditado. En esos estados financieros, la empresa pública calculó en 5.000 millones de dólares su deuda a largo plazo.

Grant Thornton, el auditor, expresó dudas (‘going concern') sobre la continuidad de la AAA debido a su vinculación con el gobierno de Puerto Rico -en quiebra- y a las grandes inversiones que requiere en bienes de capital, entre otros asuntos.

Este deterioro de las finanzas podría provocar que la AAA inicie un proceso de restructuración de su deuda bajo el título III de la ley Promesa, un proceso que se dilucida en una corte federal y en el que ya se encuentran varias entidades públicas puertorriqueñas.

La AAA no ha hecho 'default' en sus pagos de deuda, a diferencia de otras empresas del gobierno de Puerto Rico.

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