Coronavirus
El Gobierno estudia como imponer confinamientos sin estado de alarma
Analiza la opción de una ley orgánica pero juristas dudan de que se puedan limitar derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

 El gobierno de Pedro Sánchez no quiere plantearse de momento la aprobación de un nuevo estado de alarma, aunque sea parcial y por territorios. Fuentes cercanas al ejecutivo señalan a LPO que temen no tener apoyos en el Congreso tras el voto en contra del PP en las últimas prórrogas.

El fin del estado de alarma, el pasado 21 de junio fue todo un alivio político para el ejecutivo tras semanas de tortuosas negociaciones para salvar in extremis los 6 decretos de ampliación.

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La nueva normalidad dejó en manos de los presidentes autonómicos toda la responsabilidad y relajó la presión sobre el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, los brotes de Aragón y Cataluña que se han descontrolado en las últimas dos semanas han obligado al gobierno a plantearse nuevas actuaciones.

Los brotes de Aragón y Cataluña que se han descontrolado en las últimas dos semanas han obligado al gobierno a plantearse nuevas actuaciones, aunque de momento no quieren oír hablar de un nuevo estado de alarma.

De momento, no quieren oír hablar de un nuevo estado de alarma, aunque las fuentes jurídicas consultadas por LPO insisten en que no hay otra alternativa si se quiere limitar derechos fundamentales como el de reunión y sobre todo el de movimiento.

El gobierno ya estudió hace un par de meses posibles reformas legales para permitir los confinamientos, pero los estudios se quedaron en un cajón. Ahora, ante los rebrotes, según ha sabido LPO, Sanidad y Justicia han vuelto a iniciar los trabajos para ver si es factible y constitucional aprobar una Ley Orgánica que avale confinamientos masivos sin estado de alarma.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Juristas y constitucionalistas consultados por esta redacción dudan de que se pueda hacer ese tipo de regulación con unos derechos fundamentales consagrados en la Constitución e insisten en que el gobierno no tiene otro mecanismo que el estado de alarma.

Para aprobarlo ahora, tendrían que solicitarlo los presidentes autonómicos y si, tiene que durar más de 15 días, necesitaría la aprobación del Congreso.

El gobierno teme no tener apoyos políticos para las prórrogas ante la actitud del PP y de los independentistas catalanes y está preocupado por la mala imagen internacional que supondría un nuevo cierre del país cuando apenas se ha recuperado un 10% del turismo habitual. 

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