Covid-19
El Congreso liquida en 48 días la comisión de reconstrucción para arreglar el país
El PP negocia con Calviño las conclusiones económicas que salgan de la comisión de reconstrucción

El Congreso liquidará en 48 días la Comisión por la Reconstrucción Social y Económica para sacar adelante a España tras la pandemia del coronavirus. Este órgano, que nació con la vocación de buscar una solución conjunta tras la crisis económica y sanitaria, arrancó el 7 de mayo y este miércoles 24 celebrará su última sesión de comparecencias. Menos de 50 días de análisis por parte de políticos, médicos, economistas y expertos que pretenden ser la base para un gran pacto tras la situación de emergencia sanitaria, que ha mantenido al país 99 días en estado de alarma. Moncloa consigue así su objetivo de limitar la duración de esta comisión  y evitar de esta forma que las consecuencias económicas previstas condicionen el debate. 

Los partidos registrarán sus conclusiones y las debatirán este jueves a la espera de que el texto final sea votado en un pleno el próximo 2 y 3 de julio. El objetivo del Gobierno era atraer al principal partido de la oposición a la mesa para negociar las grandes transformaciones que necesita el país a largo plazo. Los populares se sentaron y en estos momentos ya negocian discretamente las conclusiones económicas con la vicepresidenta tercera Nadia Calviño y en materia sanitaria con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aunque descartan que en este acercamiento se aborden los Presupuestos de 2021. 

Así, la comisión de reconstrucción se cerrará esta semana, tras 48 días de trabajo, con algunos pactos previstos en materia sanitaria y económica, según sostienen las fuentes consultadas. PSOE y PP han pasado de la crispación durante las sesiones de control al Gobierno a negociar discretamente lo que serán las conclusiones para reforzar el sistema público sanitario y algunas medidas en materia económica que frenen la crisis económica tras la pandemia. 

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La mayoría del PP está a favor de tender la mano al Gobierno en pactos puntuales que mejoren a corto y a largo plazo las condiciones sanitarias, económicas y sociales de los ciudadanos. En Génova impera el sentido de Estado y, por ello, la ex ministra y médica, Ana Pastor, elaboró un documento con medidas sanitarias que estos días negocia con Illa para incluir en las conclusiones que se extraigan en la comisión de reconstrucción. 

"No puede ser que aprueben por mayoría el proyecto del Gobierno de coalición. Deben contar con las propuestas del resto de partidos y creo que en materia sanitaria, las cosas van por el buen camino", comenta un popular que asegura que los pactos en materia económica "saldrán". En el documento de Pastor, los populares defienden la creación de una Agencia de Salud Pública, que forma parte de su llamado 'Plan Cajal', o elevar el el PIB del presupuesto sanitario en un 7%, como propuso Illa, o reforzar la atención primaria y la industria nacional de productos sanitarios. 

Menos confianza tienen a que se alcance un acuerdo en materia europea, donde los populares comienzan a verlo "imposible" por las discrepancias sostenidas con los socialistas. Aunque en Génova se muestran dispuestos a promover a Calviño para presidir el Eurogrupo. 

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, aseguró este lunes que "confía" en que se dé un acuerdo europeo de las tres fuerzas, Cs, PSOE y PP. En materia económica, los populares negocian en estos momentos con la vicepresidenta económica Nadia Calviño, pero insisten en que "se trata de llegar a unas conclusiones económicas comunes en la mesa de reconstrucción, no de cara a los Presupuestos". Y es que, según los socialistas, estas conclusiones servirán para transformarlas en números y negociar a partir de aquí con el resto de fuerzas unos presupuestos de reconstrucción para 2021. Algo que Ciudadanos ya ha reconocido que se sentará a negociar y "exigen" al resto de partidos hacerlo también, "sin sectarismos", afirmó Bal. 

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Los cuatro grupos de trabajo conformados en la comisión de reconstrucción (Reactivación Económica; Sanidad y Salud Pública; Políticas Sociales y Sistema de Cuidados y UE) presentarán este miércoles antes de las 12 horas los borradores en la Cámara para debatirlos el jueves. Cada partido votará un borrador, al que podrán presentar sus propias enmiendas hasta el domingo a mediodía, para que la semana que viene se unifique y pase a votación mediante un pleno que está previsto que se celebre el próximo 2 o 3 de julio. Es ahí donde se extraerá el documento definitivo con las conclusiones fruto de estos 48 días de trabajo de los grupos, que han contado con comparecencias de expertos de alto nivel, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el ex ministro Josep Borrell que serán los encargados de cerrar las mismas este martes. 

 Este acercamiento entre PP y PSOE por la comisión de reconstrucción podría no ser el único. El líder del PP estudia en estos momentos votar 'sí' al decreto que se presentará este jueves y que regula la "nueva normalidad", para que en caso de rebrote no se tenga que declarar de nuevo el estado de alarma. Según las fuentes consultadas, los populares no tendrían todavía decidido el voto, pero todo apunta a que se abstendrán o votará a favor. 

Un plan de trabajo, a la carta del Gobierno de coalición

Parece que fue hace un mes, y nunca mejor dicho, cuando el presidente vendió unos Pactos de La Moncloa al resto de fuerzas políticas para salir de la pandemia. La crisis económica se cernía sobre la emergencia sanitaria y el Gobierno era consciente de que sin el apoyo del principal partido de la oposición, sería muy difícil aprobar reformas duraderas. El pasado 4 de mayo fue la última vez que los dos principales líderes, Pedro Sánchez y Pablo Casado, mantuvieron una conversación por videoconferencia. 

El popular le tendió la mano aceptando su propuesta, a cambio de que el formato fuera una comisión parlamentaria "con luces y taquígrafos". Sus representantes en el Congreso se intercambiaron el plan de trabajo que cada formación buscaba aprobar, de cara a aunar criterios y registrar un solo documento en sede parlamentaria. La sorpresa en Génova fue mayúscula cuando se enteraron de que PSOE y Unidas Podemos habían registrado un documento sin contar con el suyo. El Gobierno de coalición imponía su plan de trabajo y sus tiempos, pues ya anunciaban que, "como mucho", duraría hasta finales de junio y así ha sido. A pesar de todo, el 7 de mayo la mesa echaba a andar. 

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La mayoría de representantes de la oposición que conforman esta mesa la tachan de "atropellada", "sin tiempo para llegar a todo" y con "falta de documentación". Explican que, en muchas ocasiones, los encuentros se utilizaron para "hacer propaganda partidista", más que para escuchar a los comparecientes y otros como Bildu advierten de que "ha quedado claro que se han presentado dos modelos contrapuestos que no se pueden encontrar". Desde el PNV insisten en que su portavoz, Aitor Esteban, se lo advirtió a Sánchez y consideran que "la comisión se tenía que haber centrado en analizar y evaluar la crisis económica", en lugar de "parchear medidas" con la oposición. 

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