PSOE
El PSOE amenaza a Rodríguez-Medel con una denuncia por prevaricación tras mantener la causa contra Franco
La magistrada no ha cancelado la citación de este miércoles contra el delegado del Gobierno por el 'caso 8M ' pese al escrito de la Fiscalía: al existir acusación particular, puede mantenerla

Ni el recurso de la Abogacía del Estado, ni el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid pidiendo el archivo del caso, han detenido la instrucción de la juez Carmen Rodríguez-Medel para esclarecer si la manifestación del 8M pudo ser foco de contagio del coronavirus. La magistrada, que citó al delegado del Gobierno de Madrid, el socialista José Manuel Franco, como investigado en la causa, no ha dado marcha atrás y mantiene la citación como imputado para el líder del PSOE madrileño este miércoles 10 de junio, tal y como ha confirmado este martes tarde el Juzgado de Intrucción 51. Una actitud que tiene indignada a la plana mayor del partido, que ya amenaza a la juez con una denuncia por prevaricación.

Según explicaban a LPO fuentes judiciales próximas a Rodríguez-Medel antes de conocerse la decisión de la magistrada sobre la citación de Franco, ésta debía mantenerse "al existir acusación particular". Recordaban, en ese sentido, que "la Fiscalía puede acusar o no, pero si existe una denuncia o querrella por parte de un particular, el juzgado que instruye la causa puede continuar pese al criterio en contra del Ministerio Fiscal". Una postura por la que finalmente ha optado la juez del 'caso 8M'. 

En el auto firmado este martes, la magistrada ha rechazado los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer, al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y no ha habido dilaciones. Por ello, "no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada". Además, en el mismo texto, Rodríguez-Medel denuncia las "reticencias", por parte de la Delegación de Gobierno y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), para entregar la documentación que les fue reclamada por orden judicial de forma reiterada.

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El entorno de José Manuel Franco ya descartaba, en la mañana de este martes un cambio de criterio de última hora, y asumía que el secretario general del PSOE de Madrid, y delegado de Gobierno, deberá declarar este miércoles. Así lo reconocía a este diario altos cargos socialistas, que advierten de "consecuencias penales" para la magistrada por persistir, dicen, en un caso "que no tiene ningún tipo de recorrido y de justificación", poniéndose en contra, además, de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Desde el PSOE advierten, en ese sentido, que la juez Carmen Rodríguez-Medel se expone a una denuncia por prevaricación por parte de José Manuel Franco. Un extremo que ya se contempla a nivel interno, después de comprobar que la magistrada no está dispuesta a renunciar a la instrucción: "A un juez jamás le echa de la carrera un político, aunque si se presenta esta denuncia habrá gente que quiera interpretarlo así. A un juez solo le puede condenar otro juez y, en este caso, existen argumentos jurídicos para acusar a la magistrada de prevaricación".

A un juez solo le puede condenar otro juez y, en este caso, existen argumentos jurídicos para acusar a la magistrada de prevaricación

El delegado del Gobierno de Madrid, de hecho, ha presentado este martes, a través de la Abogacía del Estado, un nuevo escrito pidiendo archivar la investigación de la manifestación del 8M, al estimar que no se ha encontrado "el más mínimo indicio delictivo" y que el propio José Manuel Franco actuó correctamente pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado. una afirmación que recuerda a la que hicieron a este medio colaboradores muy próximos al líder de los socialistas madrileños, que en su día aseguraron que, de haber suspendido la manifestación, "le habrían echado".

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En ese mismo escrito, además, carga de forma contundente contra las conclusiones de la investigación que encargó la magistrada a la Guardia Civil, que actuó como Policía Judicial. Según la Abogacía del Estado, los "errores", "imprecisiones" y "valoraciones técnicas huérfanas de sustento" de los informes de la Policía Judicial "desvirtúan" sus conclusiones, basadas en parte en noticias de medios sin contrastar con las fuentes y copiadas en algunos casos "de forma parcial y sesgada". Además, concluye, "no hubo ninguna mano negra por más esfuerzo que se haga en encontrarla", en un claro reproche a Rodríguez-Medel. 

La magistrada, por tanto, se expone a ser denunciada por prevaricación por parte de José Manuel Franco si continúa con la instrucción. Una amenaza que no es la primera que se hace a un juez por investigar a un político y que, según recuerdan en el PSOE, debería ser tenido en cuenta por la magistrada: "Debería recordar cómo ha acabado, entre otros, Baltasar Garzón...".

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