El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este lunes la intervención y posterior expropiación de la megacerealera Vicentín, la cerealera de capital nacional más grande del país. En un anuncio institucional, detalló esta decisión, impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien buscó evitar que el holding quedara en manos de capitales extranjeros, al tratarse de uno de los cuatro grupos del país en el sector estratégico que supone el cereaal. "Estamos preparando un decreto de urgencia que supone la intervención del grupo Vicentín", ha adelantado el presidente, que ha avanzado que llevarán al Congreso la Ley de expropiación "para que el estado se haga cargo".

Tras su entrada en suspensión de pagos, Vicentín atraviesa un concurso de acreedores por casi 100 mil millones de pesos en deudas -130 millones de euros-, que tienen a más de 2.500 acreedores en vilo, con un alto impacto productivo sobre el agro que afectó a las tres provincias de la región núcleo: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

El rescate estatal supone que el administrador de la compañía será la empresa YPF Agro, una empresa que pertenece a la energética estatal YPF expropiada en 2012 por Cristina Kirchner. Esta subsidiaria, YPF Agro, se transforma en una Sociedad Anónima y forma parta de una iniciativa política de gran calado, que busca dinamizar la producción de alimentos mediante tres leyes centrales: Aumento de la producción vegetal e impulso del riego con maquinaria; Incentivo a la exportación de carnes; y Fomento de la Biotecnología.

Vicentín pasa a ser parte central de esta estrategia, en cuyo diseño participaron activamente Cristina Kirchner y Sergio Massa, y será administrada por el experto en mercado de granos, Gabriel Delgado.

La posibilidad que el ex ministro menemista José Luis Manzano se quedara con la compañía asociado al fondo especulativo CarVal habría preocupado a Cristina, que aceleró la decisión de estatizar la compañía, una de las cuatro cerealeras argentinas grandes que quedan, en el sector estratégico más importante del país. "Evitar por todos los medios la internacionalización de la compañía", fue el mensaje.

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"Tomamos esta determinación para que la empresa siga funcionando y darle la tranquilidad a los trabajadores de que se les garantizará la continuidad laboral y a los productores, que podrán seguir comercializando su producción", afirmó Delgado, durante el anuncio de la medida, junto al presidente Alberto Fernández.

Alberto adelantó que en las próximas horas, el ministro de Producción, Matías Kulfas, quien también participó del anuncio, se pondrá en contacto con el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien está al frente del concurso para tomar control inmediato de la empresa (ver decreto adjunto).

También anunció que enviará al Congreso el proyecto de expropiación donde se contemplará que los millonarios activos de la firma pasarán a un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, que se constituirá en una sociedad de capitales mixtos.

La posibilidad que Manzano se quedar con la empresa junto al fondo especulativo CarVal encendió todas las alarmas y aceleró la intervención de la compañía.

El presidente insistió en el lugar estratégico que ocupa el holding en la producción de alimentos del país, ya que además de sus terminales portuarias orientadas al comercio de granos, su actividad incluye la producción textil, carnes, miel y otras ramas de la alimentación.

"El Estado está tomando una decisión histórica con el rescate de Vicentín que permite desarrollar un instrumento para un sector tan importante para Argentina", destacó Gabriel Delgado y agregó: "Se invirtió mucho en Vaca Muerta, ahora llegó el momento de invertir en la Vaca Viva porque la producción agroindustrial también es producción de energía".

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La decisión de intervenir la compañía empezó a tomar fuerza en el oficialismo al conocerse la multimillonaria deuda que Vicentín contrajo con el Banco Nación durante el macrismo y que convierte al Estado argentino en el principal acreedor. De hecho, fue tomado como el mayor ejemplo de la polémica gestión de Javier González Fraga que durante la presidencia de Macri cedió a las presiones de la Casa Rosada para favorecer a determinadas empresas con créditos incobrables.

El economista y actual director del Nación, Claudio Lozano, fue uno de los que más batalló para exponer esa situación. Luego se vio la mano de Cristina Kirchner, cuando dos de sus dirigentes más cercanos empezaron a reclamar la expropiación del holding. El primero en plantearlo con todas las letras fue el senador de la provincia de Buenos Aires, Paco Durañona, mientras que la senador mendocina y mano derecha de la vicepresidenta, Anabel Fernández Sagasti, empezó a redactar el proyecto de expropiación.

La presencia de Sagasti este lunes en la conferencia, al lado de Alberto Fernández, no parece casual. La senadora mendocina venía de cruzar al Presidente por su anuncio que se daba de baja el proyecto de la represa Portezuelo de Mendoza, transparentando una de las tantas tensiones al interior de la coalición oficialista, que no suelen exteriorizarse con tanta claridad.

La decisión deja fuera de carrera a otro mendocino, el ex ministro menemista José Luis Manzano, que como reveló LPO en exclusiva, intentó quedarse con la compañía uniendo al fondo especulador CarVal, junto a un grupo de acopiadores de la zona núcleo.

Vicentín nació de un local de ramos generales del norte de Santa Fe y se convirtió en la primer agroexportadora del país. En 2018 facturó 118 mil millones de pesos y da empleo directo a 7.000 trabajadores.

La empresa Vicentín, que nació en un local de ramos generales en la localidad de Avellaneda, norte de la provincia de Santa Fe, se convirtió en la primera agroexportadora del país y en la séptima dentro de las mil firmas que más facturan en Argentina, describió el diputado provincial, Carlos del Frade, integrante de la comisión de seguimiento del concurso que se conformó en la Legislatura santafesina.

Según el último balance del 2018, el holding de las familias Padoán y Nardelli, facturaron 118 mil millones de pesos, al 31 de octubre de ese año; "lo que significa 224 mil pesos por minuto", describió del Frade, con una ganancia neta de 30 mil millones de pesos entre las 20 empresas que integran el grupo y de las cuales dependen siete mil trabajadores directos y 21 mil indirectos.

Ahora, el concurso se tramita por deudas que superan los 99.345 millones de pesos, un equivalente a 350 millones de dólares y que mantiene en vilo a 2.364 acreedores, que en su mayoría son empresas familiares de productores agrícolas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.